Chantaje y extorción mediática
Por; Luis Ma. Ruiz Pou-
El chantaje consiste en amenazar con revelar información perjudicial o embarazosa sobre una persona para obligarla a cumplir determinadas exigencias. El chantajista se vale del miedo a la exposición pública —real o fabricada— para obtener dinero, favores o influencia. Si alguien amenaza con divulgar fotografías comprometedoras a cambio de un pago, estamos ante un caso típico de chantaje.
En los últimos años, la sociedad ha sido testigo de una avalancha de noticias falsas difundidas por redes digitales y amplificadas por medios impresos. Muchas de esas informaciones, presentadas como hechos consumados, terminaron demostrando ser simples construcciones manipuladas.
La irrupción de la Inteligencia Artificial ha agravado este fenómeno. Hoy se producen montajes —fotografías, audios y videos— diseñados para extorsionar a figuras públicas capaces de pagar para evitar que el material llegue a manos de familiares, instituciones o la opinión pública. En esos montajes, la persona aparece realizando actos que, de hacerse públicos, comprometerían su imagen o incluso podrían acarrearle consecuencias legales.
A este escenario se suman ciertos programas de investigación, o “paneles”, que recurren a tácticas de presión: llamadas desde números desconocidos, amenazas de divulgar falsedades y solicitudes de dinero, influencia o publicidad. No siempre logran su objetivo, porque algunas víctimas conservan evidencia de las conversaciones. Sin embargo, la práctica existe, se comenta y se multiplica.
También se señala que algunos productores buscan funcionarios o empresarios vulnerables a la reacción social por hechos susceptibles de interpretarse como corrupción. Y nuevamente, la sociedad observa cómo informaciones falsas circulan, se reciclan y se presentan como verdades, para luego desmoronarse ante la realidad.
Durante el Sermón de las Siete Palabras, el padre Arsenio Ferreira —encargado de la Séptima— denunció que en el país “comunicadores se están dando a la tarea de extorsionar y chantajear por las redes sociales a funcionarios públicos”, calificando estas prácticas como un ejercicio abiertamente antiético.
A esto se suman los insultos, vulgaridades y epítetos utilizados para manipular la percepción del público: “matatán”, “reina”, y otros calificativos que buscan ridiculizar o caricaturizar a funcionarios. Frente a este deterioro del debate público, el gobierno intneto enviar al Congreso un proyecto de ley para regular el ejercicio de la comunicación en redes sociales, pero generó protesta que obligdó al gobierno retirarlo.
El proyecto proponóa que, medios y plataformas digitales, establezcan mecanismos para identificar a sus usuarios. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, advirtió que quienes intenten limitar la libertad de expresión en redes sociales operadas por empresas estadounidenses podrían enfrentar sanciones migratorias, incluyendo la cancelación de visas para ellos y sus familiares.
La Constitución dominicana, en su artículo 49, reconoce el derecho de toda persona a expresar libremente sus ideas sin censura previa, así como el derecho a recibir información veraz, objetiva y oportuna. También impone a los medios la obligación de actuar con veracidad y responsabilidad.
Pero cuando se legisló sobre libertad de expresión, no se previó que esta se ejercería a través de plataformas electrónicas ubicadas fuera del territorio nacional. Por ello, nuestras leyes no pueden alcanzar directamente a empresas extranjeras.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿ cómo podrán los legisladores sancionar a plataformas digitales establecidas en el exterior? La respuesta definirá no solo el futuro de la regulación, sino también los límites entre la protección contra el chantaje mediático y la preservación de la libertad de expresión.
