Un gabinete que conspira contra su gobierno
Por: Luis Ma. Ruiz Pou
El gabinete gubernamental es el conjunto de ministros o secretarios que dirigen los distintos ministerios y asesoran al jefe de Estado o de Gobierno en la conducción del poder ejecutivo. También llamado Consejo de Ministros o gabinete ministerial, es un órgano colegiado que reúne a los principales responsables de la administración pública de un país. Cada ministro encarna, no solo una política pública, sino también una apuesta ética.
El gabinete gubernamental, concentra las decisiones estratégicas y la coordinación de la administración pública; su estructura varía según el sistema político, cumple la misión de apoyar y asesorar al jefe de Gobierno en la conducción del Estado. No es un simple inventario de cargos, ni una mesa de tecnócratas: es el espejo donde se refleja la verdadera anatomía del poder, donde se negocian lealtades, se reparten cuotas y se decide, muchas veces a espaldas de la ciudadanía, el rumbo de la nación.
Es lamentable que, durante los cinco años de administración de las cosas públicas, el presidente Luis Abinader Corona haya tenido que soportar estoicamente las actuaciones indebidas de algunos funcionarios involucrados en actos de corrupción administrativa. Abusaron de la confianza del presidente.En la medida que bajaba la marea, se vió quines nadaban desnudo. Los casos reseñados son ilustrativos:
Ministerio de Educación
Roberto Fulcar enfrentó críticas por la administración del sistema educativo durante la pandemia y por cuestionamientos en licitaciones y programas, lo que terminó en su destitución y traslado a un cargo sin cartera. INTRANT: Hugo Beras fue cancelado y posteriormente sometido a la justicia por el Ministerio Público debido a presuntas irregularidades en contratos de semaforización. Las acusaciones incluyen corrupción, fraude en contrataciones públicas, sabotaje al sistema de semáforos y delitos de alta tecnología. Además:
PROMESE/CAL: Se han señalado procesos de compra en los que se pagaron facturas de medicamentos que nunca llegaron a las farmacias del pueblo ni a los hospitales, afectando directamente el abastecimiento de la red pública. Se denunciaron contratos de construcción inconclusos, pagados por adelantado para obras de infraestructura sanitaria que quedaron sin terminar, representando un doble perjuicio: pérdida de fondos y falta de servicios para la población.
DICRIM: La Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, ha sido señalada en distintos momentos por su vinculación en casos de narcotráfico, sicariatos, atracos y actuaciones arbitrarias, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre su rol en la seguridad pública y la confianza ciudadana; y ahora: SENASA, conocido como Operación Cobra, involucra un presunto desfalco de más de 15,000 millones de pesos dominicanos (unos 232 millones de dólares) entre 2020 y 2025.
Las acusaciones incluyen fraude, lavado de activos y desvío de medicamentos, que ya han llevado a prisión preventiva a varios exfuncionarios, incluido el exdirector Santiago Hazim. Lo más grave no es solo el delito, sino la desinformación: funcionarios que maquillan la realidad y obligan al presidente a comparecer en “La Semanal” como abogado del diablo, defendiendo lo indefendible. Esa paradoja erosiona la confianza ciudadana y convierte al gabinete en un obstáculo para la gobernabilidad.
Un gabinete que conspira contra su propio gobierno, no es simplemente un problema de disciplina interna: es una amenaza a la legitimidad democrática. La corrupción y la arbitrariedad no son faltas menores, son grietas que debilitan el pacto social y ponen en entredicho la credibilidad del Estado. ¿Se gobierna para el interés común o para la conveniencia de unos pocos?
