Riesgo de destitución inminente
La falta de cumplimiento conlleva a la cuerda floja a 3,324
funcionarios.
Por: Pavel De Camps Vargas
En un giro sorprendente de los acontecimientos, el 86% de los funcionarios municipales
electos en la República Dominicana se enfrenta a una amenaza inminente de
destitución debido al incumplimiento de una de las normas más fundamentales de la
administración pública. La obligación de presentar una declaración jurada de bienes,
como lo estipula el artículo 146.3 de la Constitución de la República, está en el centro
de esta crisis.
El artículo 146.3 de la Constitución establece de manera clara y contundente que los
funcionarios públicos están obligados a presentar una declaración jurada de bienes
antes de asumir sus cargos, así como al finalizar sus funciones o cuando lo requiera
una autoridad competente. Este mecanismo está diseñado para garantizar la
transparencia y la integridad en el ejercicio de las funciones públicas, exigiendo a los
servidores públicos demostrar el origen de su patrimonio.
En un comunicado, la Junta Central Electoral informó que el pasado 18 de abril de
2024 se entregaron certificados de elección a un total de 3,849 candidatos y
candidatas, tanto electos como reelectos. No obstante, solo 525 de estos funcionarios,
es decir, un pírrico 14%, han cumplido con la obligación de presentar su declaración
jurada de patrimonio inicial. Este incumplimiento deja a 3,324 funcionarios, que
representan el 86%, en la cuerda floja, vulnerando no solo las disposiciones
constitucionales, sino también los principios de transparencia y rendición de cuentas
que sustentan la administración pública.
La Ley núm. 41-08 de la función pública clasifica la falta de declaración jurada como
una infracción grave de tercer grado, que conlleva la destitución del cargo. Esta
disposición legal no solo refuerza la importancia de cumplir con esta normativa, sino
que también subraya las consecuencias severas para aquellos que fallan en su
cumplimiento. La falta de una declaración jurada no solo afecta la credibilidad de los
funcionarios, sino que también socava el esfuerzo continuo por erradicar la corrupción
en el sector público.
El incumplimiento masivo de esta obligación destaca una preocupación alarmante
sobre la eficacia del control y la supervisión de la administración pública en el país. La
declaración jurada de bienes no es un simple requisito burocrático; es una herramienta
esencial para el control y la fiscalización de la gestión pública. Su correcta aplicación es
fundamental para asegurar que los recursos del Estado sean manejados con integridad
y que los funcionarios actúen con la transparencia requerida por la ley.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con
determinación y celeridad en el cumplimiento de esta normativa. La implementación
rigurosa de las sanciones previstas para el incumplimiento no solo garantizará la
aplicación efectiva de la ley, sino que también enviará un mensaje claro sobre la
importancia de la transparencia en la administración pública. La integridad del sistema
democrático y la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones dependen de la
acción decidida en estos momentos cruciales.
