
RECLAMAN AL CODIA TOMAR DECISION INSTITUCIONAL QUE GARANTICE VEEDURÍA LEY DE PAGO A CONTRATISTAS
SANTO DOMINGO, D. N.. — El Comité Institucional Codiano (CIC) expresó su preocupación por la indefinición que persiste en torno al ejercicio de la veeduría atribuida al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) por el artículo 16 de la Ley 16-26, y solicitó a su Junta Directiva Nacional adoptar una decisión formal que garantice el cumplimiento efectivo de esa responsabilidad institucional.
El vocero del CIC informó que la posición de esa entidad “no constituye un cuestionamiento a la autoridad ni a las facultades de representación legal del presidente del CODIA, arquitecto George Richardson, sino una exigencia legítima de que la veeduría sea ejercida con la capacidad técnica, independencia, disponibilidad de tiempo y continuidad que demanda el complejo proceso de verificación y validación de las acreencias históricas de los contratistas”.
El ingeniero Miguel Liberato recordó que el pasado 26 de octubre depositó una comunicación dirigida al presidente del CODIA, solicitando aclaraciones sobre quién ejerce actualmente la veeduría del gremio ante la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta oficial por escrito.
En ese sentido Liberato consideró preocupante ese silencio por parte del CODIA, particularmente cuando se aproxima el cierre del año y persisten interrogantes sobre el avance de los expedientes.
También manifestó su preocupación por el funcionamiento de la actual Junta Directiva del CODIA, señalando que durante las primeras trece semanas de gestión, cinco de las trece reuniones semanales previstas no se han celebrado, situación que a su juicio evidencia dificultades de funcionamiento institucional.
Liberato reiteró sus objeciones a la posición comunicada por el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, según la cual la Comisión Ejecutora reconoce como veedor del CODIA a su representante legal.
Sobre el particular, el vocero del CIC precisó que la Ley 16-26 atribuye esa responsabilidad al Colegio como institución y que corresponde a sus órganos de dirección, conforme a sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, determinar formalmente quiénes deben ejercerla.
“No cuestionamos la autoridad del presidente del CODIA, pero entendemos que se trata de una responsabilidad tan importante que no debe depender exclusivamente de la disponibilidad de una persona, en virtud de que la veeduría debe ser institucional, técnica, independiente y, sobre todo, efectiva”, expresó el vocero de los contratistas del CIC.
Basado en esa posición, los contratistas solicitan que la Junta Directiva del CODIA considere la designación formal de por lo menos dos representantes con experiencia en el tema de las acreencias históricas, así como la aprobación, antes de finalizar noviembre, de un plan operativo que contemple reuniones de seguimiento, identificación de obstáculos, solicitudes periódicas de información e informes sobre los avances de la Comisión Ejecutora y las instituciones deudoras.
“Los contratistas del CIC no podemos permitir que transcurra otro año entre promesas, indefiniciones y obstáculos burocráticos, ya que la Ley 16-26 fue aprobada para contribuir a resolver deudas históricas, y todos los organismos llamados a intervenir en su ejecución deben asumir sus responsabilidades con diligencia y sentido de urgencia”, enfatizó el portavoz de la organización.



