¡DEFENDAMOS AL CIUDADANO DE LAS MAFIAS!

No hay una familia en nuestra República Dominicana que no haya visto mermados sus ingresos a causa de las mafias que operan con absoluta impunidad en todos los niveles del tejido económico y social. Y no podemos, con honestidad, excluirnos de la responsabilidad de no haber enfrentado este flagelo con el coraje y la firmeza que las circunstancias exigían mientras ejercimos el poder.

Desde la más simple violación a la ley de tránsito, pasando por la venta de productos vencidos, las estafas piramidales, hasta la comercialización de inmuebles sin respaldo real, nuestra ciudadanía es víctima de un ecosistema de fraude cotidiano. Es un sistema que ha normalizado la ilegalidad, erosionando la confianza pública y ampliando las brechas de desigualdad.

Al analizar esta situación desde una óptica más técnica, me encontré con el análisis PESTEL (también conocido como PESTLE), una herramienta estratégica que evalúa factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales que inciden sobre un país o sector. Esta metodología permite identificar oportunidades y amenazas, facilitando una toma de decisiones más racional y eficaz.

Aplicando el PESTEL al sector asegurador en la República Dominicana, encontramos un panorama mixto: por un lado, hay señales alentadoras como el crecimiento económico, la modernización tecnológica y la actualización de ciertos marcos regulatorios; por otro, persisten desafíos graves como la escasa cultura aseguradora, la baja penetración en los sectores más vulnerables y la débil implementación de las leyes existentes.

Pero lo más alarmante es que el análisis revela un obstáculo estructural que atraviesa todos los sectores: la impunidad. La falta de aplicación firme, imparcial y efectiva del marco legal frente a las mafias y redes fraudulentas ha generado una percepción negativa entre inversionistas internacionales y reaseguradoras. Esta impunidad —más que un defecto institucional— es un cáncer silencioso que amenaza el desarrollo sostenible, la estabilidad económica y la paz social.

Este problema no es solamente jurídico; es, ante todo, político. No basta con tener buenas leyes. Lo que hace la diferencia es la voluntad de aplicarlas. Y en nuestro país, esa voluntad ha sido históricamente débil. La impunidad ha echado raíces, y con ella se ha instalado una cultura de cinismo que corroe la moral pública, empobrece a las clases trabajadoras y fortalece a quienes lucran desde las sombras.

Mientras tanto, millones de ciudadanos —especialmente de clase media y baja— ven cómo su ya limitado poder adquisitivo se desvanece ante las múltiples “mordidas” que las mafias extraen en cada sector económico. Desde el transporte hasta el comercio informal, el costo del fraude lo paga el consumidor final. Y los comerciantes —algunos cómplices, otros resignados— lo trasladan al pueblo trabajador.

Este no es un llamado retórico, sino una convocatoria política y moral. Quienes militamos en el Partido de la Liberación Dominicana debemos asumir con firmeza y coherencia el compromiso de enfrentar estas prácticas mafiosas, venga de donde venga. Para eso nos organizamos. Para eso aspiramos a gobernar de nuevo: para devolverle al pueblo dominicano un país donde la ley se aplique con justicia y sin excepciones.

Es hora de levantar la voz. De señalar con valentía lo que otros callan. De construir una nueva institucionalidad basada en la transparencia, la equidad y el respeto a la legalidad. No como una promesa electoral, sino como una responsabilidad histórica con las generaciones presentes y futuras.