Comité e Instituto sostienen Punta Catalina no es confiable para depender generación eléctrica del país
En ocasión de una nueva salida de la unidad número 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina ocasionada por un fallo en la caldera, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, sostuvieron que esta central no es confiable para hacer depender de ella la generación eléctrica del país.
Afirmaron que desde el año 2023, se sabe de manera cierta y sin ninguna duda de que Punta Catalina no puede operar de manera normal, porque adolece de múltiples fallas técnicas estructurales que impiden su funcionamiento.
Recordaron que la auditoría técnica forense realizada por la empresa estadounidense Sargen & Lundy (S&L), contratada por el Estado dominicano mediante licitación pública internacional, identificó 51 tipos de fallas en estas dos plantas y pronosticó que estas fallas tienen una probabilidad media y alta de ocurrir de un 54.9% y que la probabilidad de que el impacto de estas fallas sea entre medio y alto es de un 64.7%.
Dijeron que esta auditoría localizó estas fallas en zonas y equipos de estas plantas que son estratégicas como son las calderas, el sistema de lubricación, las turbinas, el sistema AQSC responsable de retener las micropartículas de carbón para que no salgan al aire, y otras fallas menores, pero también importante, como el sistema de alerta y de respuesta a incendios, la correa de transportación del carbón desde los barcos hasta el almacén, entre otras.
Citaron como indicador de la mala calidad de la construcción de Punta Catalina el dato que ofrece la auditoría técnica forense de que el 20% de las soldaduras en las calderas son de mala calidad y en algunos sistemas las soldaduras son de mala calidad hasta el 58%.
“Basado en este análisis, la auditoría técnica forense determinó que Punta Catalina no era confiable y que su puesta en operación suponía un alto riesgo para ella, para el personal que labora en la misma, y para el entorno”, afirmaron.
Manifestaron que a pesar de estas advertencias formuladas por la auditoría técnica forense, el Gobierno actual desistió de obligar al Consorcio Odebrecht a solucionar estas fallas y de la ejecución de la fianza de cien millones de dólares depositada por la empresa brasileña.
