
Condena para profesor, prisión a dos hombres, ratifican prisión preventiva imputados Operación Guepardo
Condena de 10 años para profesor que abusó sexualmente de 13 estudiantes en centro educativo de Santiago
SANTIAGO (República Dominicana).- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago impuso diez años de prisión contra un profesor procesado por el Ministerio Público bajo los cargos de agresión sexual, acoso sexual, y abuso psicológico y sexual, así como violencia contra la mujer, en perjuicio de 13 estudiantes.
La condena contra José Antonio Grullón Polanco, arrestado en el 2022 a raíz de los testimonios y las correspondientes evidencias de las víctimas, la mayoría menores de edad, fue impuesta por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santos.
La acusación que presentó el órgano investigador se desarrolló a partir del protocolo que el centro educativo puso en marcha, luego de que las víctimas revelaran las constantes agresiones por parte del profesor.
Ocho de las víctimas, con edades entre los 14 y 17 años, redactaron cartas, y las enviaron al departamento de psicología de su escuela, en las que relataban los abusos que sufrían por parte del docente.
El Ministerio Público estuvo representado en audiencia por la fiscal Jenniffer Rodríguez.
En su teoría, el órgano investigador sostiene que el profesor, valiéndose de su poder y jerarquía sobre las alumnas, y teniendo control sobre ellas, las acosaba, intimidaba, agredía y abusaba psicológica y sexualmente.
El Ministerio Público demostró que el acusado violentó los artículos 309-1, 330 y 333 del Código Penal dominicano y el artículo 396, literal B y C, de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Además de los diez años de prisión, el tribunal impuso contra el condenado el pago de una multa de $100 mil pesos y, en cuanto a lo civil, una indemnización de 500 mil pesos.
Envían a prisión a dos hombres vinculados a muerte de otro en San Francisco de Macorís
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A partir de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres imputados del asesinato de un joven el pasado mes de agosto en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.
Los procesados Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza) son imputados por el Ministerio Público de provocar la muerte a tiros al joven Luis Gustavo Grullón De Aza (Nini).
Durante la audiencia se declararon válidos los arrestos de ambos imputados, efectuados conforme a la normativa procesal vigente, por su vinculación al caso en investigación, ocurrido en horas de la mañana del pasado 26 de agosto.
Como lo pidió el Ministerio Público, la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, declaró el proceso de tramitación compleja, en virtud de lo dispuesto en los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, al tratarse de un hecho vinculado a la delincuencia organizada.
La jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en un centro de corrección y rehabilitación, el cual no se especifica por razones de seguridad. Además, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo.
El Ministerio Público indicó que los encartados están siendo procesados por supuesta violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.
Ratifican prisión preventiva de 18 meses a imputados de Operación Guepardo
En el proceso unas 478 víctimas han presentado querellas contra los involucrados en el caso de estafa electrónica y lavado de activos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, una jueza de la Instrucción de La Romana confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la red de estafa electrónica y lavado de activos que fue desmantelada con la Operación Guepardo.
La medida de coerción le fue ratificada a los procesados Yves Alexandre Giroux, uno de los cabecillas de la red, así como a Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes fueron los primeros en ser arrestados y sometidos a la justicia tras la puesta en marcha de la operación contra la red criminal el pasado mes de febrero y en cuyo proceso han presentado querellas unas 478 víctimas.
Los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, quienes están a cargo del caso, solicitaron que se mantenga la medida restrictiva de libertad para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial.
El pedimento de los fiscales de que se mantenga la medida de privación de libertad impuesta el pasado mes de febrero, fue acogido por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.
Durante las pesquisas han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos malhechores constituye una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A Giroux, quien cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, del Modelo Penitenciario, el tribunal le rechazó una solicitud de traslado a la Fortaleza General Pedro Santana, en la provincia El Seibo, la cual forma parte del sistema tradicional de prisiones.
Nova Nolasco y Rodríguez de Moya cumplen prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
Otros involucrados
En la continuación de las investigaciones fueron apresados Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, quienes formaban parte de la red.
Contra estos últimos imputados, quienes fueron arrestados la pasada semana en la continuación de la investigación, el Ministerio Público también solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, siendo aplazada la audiencia este viernes por el Juzgado de Atención Permanente de La Romana para el próximo 17 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana, con el fin de citar a las víctimas y testigos.



