ASOPYMEGAS saluda observación presidencial a la Ley de Residuos Sólidos, pero advierte riesgo para sostenibilidad de las estaciones reguladas
La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de GLP (ASOPYMEGAS) saluda la decisión del Presidente Luis Abinader de observar la Ley de Residuos Sólidos, en atención a los legítimos reclamos de múltiples sectores económicos y sociales, incluyendo el nuestro. Esta medida abre el camino hacia una revisión más justa, técnica y consensuada de una normativa que, en su estado actual, representa una amenaza directa para la sostenibilidad de cientos de estaciones de expendio de combustibles.
Nuestro sector, compuesto en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas, opera bajo un régimen de márgenes regulados por el Estado. Aunque el volumen de ventas puede parecer elevado, la realidad es que nuestras ganancias netas son mínimas, lo cual nos impone serias limitaciones para asumir nuevas cargas económicas como las planteadas en esta ley.
El esquema propuesto en la legislación observada, que asigna responsabilidades según el nivel de ventas brutas, nos coloca erróneamente en la categoría de grandes contribuyentes, ignorando que la propia Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reconoce a nuestras empresas como negocios regulados y no como grandes empresas. Esta contradicción tácita afecta directamente a más de 150 estaciones de expendio formales que sostienen más de 3,000 empleos directos e indirectos.
Además, nuestras operaciones ya están sujetas a múltiples regulaciones ambientales, sanitarias, operativas y de seguridad, por lo que cualquier marco legal adicional debe considerar esa carga preexistente.
ASOPYMEGAS hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a los organismos técnicos correspondientes, para que en el proceso de revisión y modificación de esta ley se garantice la participación activa de los sectores directamente afectados, especialmente los que operamos bajo condiciones reguladas por el propio Estado.
Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable y sostenible de los residuos sólidos, pero esta debe construirse sobre la base de la equidad, la proporcionalidad y la realidad económica del país.
