En América Latina, esa mancuerna combina el poder estadounidense con la
experiencia militar, tecnológica y de inteligencia israelí, apoyada en gobiernos
ultraderechistas dispuestos a subordinar la soberanía de sus respectivas
naciones.
POR RAFAEL MÉNDEZ
La influencia israelí-estadounidense sobre América Latina ya no puede
interpretarse como una suma dispersa de relaciones diplomáticas, acuerdos
comerciales o intercambios tecnológicos, porque alrededor de esa asociación
se consolida una red de intereses convergentes que enlaza los objetivos
estratégicos de Washington con la expansión política, militar y económica de
Israel, al tiempo que encuentra en las nuevas derechas continentales un
terreno especialmente propicio para extender su poder.
No se trata necesariamente de una estructura sometida a un mando único, sino
de actores estatales, grupos de presión, empresas privadas de inteligencia,
organismos de cooperación y gobiernos ideológicamente afines que operan en
distintos niveles. Sus actuaciones terminan confluyendo en una misma
orientación geopolítica: fortalecer la presencia estadounidense e israelí,
contener a las fuerzas progresistas y debilitar cualquier proyecto
latinoamericano que reivindique soberanía, autodeterminación e independencia
frente a los centros tradicionales de poder.
Ese entramado tiene uno de sus principales centros operativos en el Comité
Americano de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC), organización
estadounidense que presiona al Congreso y moviliza cuantiosos recursos
mediante su comité político y el super-PAC United Democracy Project para
respaldar candidatos alineados con Tel Aviv. Su intervención alcanza
particularmente las primarias demócratas, donde combina financiamiento,
propaganda negativa y campañas de descrédito contra aspirantes que
cuestionan la política de Benjamín Netanyahu o condenan la guerra contra el
pueblo palestino.
El senador Bernie Sanders viene denunciando que AIPAC utiliza millones de
dólares para derrotar a candidatos progresistas dentro del Partido Demócrata y
silenciar a quienes se oponen a la devastación de Gaza, razón por la cual lo ha
situado entre los grandes intereses económicos que permiten a
multimillonarios, corporaciones y comités políticos comprar influencia electoral.
Esa denuncia forma parte de su lucha histórica contra un sistema de
financiamiento que convierte el dinero privado en instrumento para condicionar
la representación popular y secuestrar decisiones fundamentales de política
exterior.
De la presión electoral a la guerra informativa
Los académicos estadounidenses John Mearsheimer y Stephen Walt, dos
figuras sobresalientes de la escuela realista de las relaciones internacionales,
explicaron que el lobby proisraelí constituye uno de los grupos de presión más
eficaces dentro de Estados Unidos, con capacidad para condicionar decisiones
de política exterior incluso cuando estas entran en contradicción con intereses
más amplios de la propia sociedad estadounidense.
Los planteamientos de Mearsheimer y Walt han encontrado amplia receptividad
entre sectores de la izquierda y del pensamiento crítico, aunque su importancia
radica precisamente en que proceden de una corriente centrada en el interés
nacional estadounidense. Su análisis evita cualquier interpretación conspirativa
porque se sustenta en actuaciones públicas y verificables: AIPAC reconoce que
respalda candidatos favorables a Israel y procura derrotar a quienes considera
contrarios a esa alianza, mientras sus estructuras electorales movilizan
enormes recursos para mantener al Congreso dentro de los límites políticos
aceptados por Tel Aviv.
Las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro colocan esa
capacidad de intervención en el centro del reciente proceso electoral
colombiano, al revelar la actuación de compañías israelíes de inteligencia y
guerra informativa, entre ellas Black Cube, así como la utilización de cientos de
miles de perfiles automatizados para propagar falsedades contra Iván Cepeda,
erosionar su candidatura y manipular la conciencia del electorado en favor de
Abelardo de la Espriella.
Petro también ha denunciado vulnerabilidades en los sistemas de escrutinio y
conexiones entre empresas participantes en el proceso electoral colombiano y
estructuras israelíes de inteligencia. Sus señalamientos no pueden reducirse a
la inconformidad de un mandatario saliente, porque describen mecanismos de
intervención conocidos internacionalmente, guardan coherencia con las
capacidades operativas de las compañías involucradas y explican el alcance de
una campaña diseñada para alterar la voluntad popular, por lo cual reclaman
una investigación independiente que determine responsabilidades políticas,
empresariales y penales.
Una derecha que ya prescinde del disimulo
La derecha continental tampoco procura ocultar la existencia de esa
articulación, porque Donald Trump ha respaldado abiertamente candidaturas
conservadoras, ha celebrado sus triunfos como victorias propias y ha
presentado el retroceso de gobiernos progresistas como resultado de su
influencia política. Honduras y Colombia ofrecen ejemplos recientes de un
involucramiento que rompe las formalidades diplomáticas y transforma al
presidente estadounidense en activista directo de procesos electorales
latinoamericanos.
Alrededor de Trump, Javier Milei, Nayib Bukele y otros exponentes de las
nuevas derechas se desarrolla una articulación política e ideológica contra todo
cuanto identifican con izquierdismo, socialismo, progresismo o defensa de la
soberanía nacional. Israel aporta tecnología, entrenamiento, inteligencia y una
doctrina de seguridad que permite presentar la protesta social como amenaza
interna, mientras convierte a los adversarios políticos en enemigos susceptibles
de vigilancia, persecución o neutralización.
Israel complementa esa ofensiva mediante el patrocinio de visitas de
periodistas, políticos, legisladores y formadores de opinión, cuyos viajes,
alojamiento y recorridos son financiados por organismos gubernamentales o
entidades proisraelíes. Presentadas como misiones informativas, esas
invitaciones ofrecen una visión cuidadosamente administrada del conflicto,
facilitan vínculos con funcionarios israelíes y procuran trasladar hacia los
medios latinoamericanos una narrativa favorable a Tel Aviv, convirtiendo a
influyentes comunicadores en reproductores de un relato geopolíticamente
interesado.
Venezuela como puerta de penetración
La presencia israelí también vuelve a asomarse en Venezuela, donde la
tragedia causada por los terremotos abrió espacio para el envío de una
delegación técnica y humanitaria que, junto con sus labores de rescate y
asistencia, procuró un acercamiento político con la presidenta encargada Delcy
Rodríguez. Esa operación no puede examinarse ingenuamente como un gesto
desvinculado de intereses estratégicos, porque Israel utilizó la conmoción, las
necesidades materiales y la apertura inevitable producida por la catástrofe para
penetrar en un país con el cual permanecía diplomáticamente distanciado.
Ese movimiento adquiere particular relevancia porque Venezuela rompió
relaciones diplomáticas con Israel durante el Gobierno de Hugo Chávez, en
rechazo a la operación militar contra Gaza, y posteriormente profundizó sus
vínculos con Irán. La presencia israelí entre los escombros venezolanos forma
parte de una estrategia orientada a recuperar espacios, debilitar alianzas
históricas y aprovechar una tragedia nacional como vehículo de
reposicionamiento político, diplomático y operativo.
La expansión no se limita a Colombia, Argentina y Venezuela, pues Paraguay,
Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han profundizado en diferentes
grados sus relaciones con Israel mediante acuerdos comerciales, cooperación
policial, tecnología agrícola, sistemas de inteligencia y proyectos de gestión del
agua. Al mismo tiempo, sectores políticos y religiosos presionan por el traslado
de embajadas a Jerusalén, con lo cual convierten una decisión diplomática en
instrumento de adhesión ideológica y subordinación geopolítica.
América Latina enfrenta, por tanto, una ofensiva que combina el poder global
de Estados Unidos, la experiencia tecnológica y de inteligencia de Israel y la
disposición de las nuevas derechas a entregar espacios de soberanía.
Defender la región exige transparentar el financiamiento electoral, investigar la
contratación de empresas extranjeras de espionaje y guerra informativa,
fiscalizar la cooperación en materia de seguridad y comprender que, detrás de
cada aparente gesto aislado, puede avanzar una estrategia dirigida a vigilar
gobiernos, manipular elecciones, controlar el debate público y neutralizar todo
proyecto auténticamente independiente.
