Seminario Internacional Derechos Humanos y Crímen Organizado en América Latina: Un desafío Regional y Global
Discurso de Clausura
del
Expresidente de la República
Hipólito Mejía D.
SEMINARIO INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS Y CRÍMEN ORGANIZADO EN
AMÉRICA LATINA:
UN DESAFÍO REGIONAL Y GLOBAL
13-14 DE NOVIEMBRE DE 2025
ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
(ALDHU)
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Amigos todos:
Reciban ustedes mi sincero y profundo
agradecimiento por darme la oportunidad de
participar como expositor en la clausura del
Seminario Internacional “Derechos Humanos y
Crimen Organizado en América Latina: un Desafío
Regional y Global”, un evento que nos ha permitido
dialogar y consensuar ideas y métodos clave para
abordar eficazmente una desafiante y compleja
realidad que afecta las vidas de millones de
personas.
Confieso que este seminario ha tenido una
significación especial para mí no sólo por lo que he
podido aprender y aportar en el mismo, sino también
por dos hechos que tocan nuestros más sinceros
sentimientos de amistad, solidaridad y patriotismo.
El primero de ellos tiene que ver con las instituciones
que auspician esta actividad, vale decir, la Asociación
Latinoamericana de los Derechos Humanos, que
tiene como uno de sus fundadores a nuestro
inolvidable líder, el Dr. José Francisco Peña Gómez y
la Universidad de Costa Rica, fuente de reconocida
excelencia académica y formación de profesionales
con un acrisolado nivel de conciencia crítica.
El segundo hecho es que el seminario me ha
permitido compartir y ser testigo de los
reconocimientos que se les han otorgado a personas
con las cuales mantengo una entrañable y dilatada
relación de amistad, compañerismo y consideración.
Y es en este sentido que, en primer lugar, extiendo
mis felicitaciones al Expresidente Luis Guillermo Solís
por su merecida investidura como Presidente de
Honor de la Asociación Latinoamericana de Derechos
Humanos.
De igual manera, expresamos nuestro regocijo por la
juramentación del compañero doctor Amaury Justo
Duarte como Vicepresidente de esta prestigiosa
entidad, y por el otorgamiento al distinguido
Embajador Amable Padilla Guerrero del Premio
Internacional “Moseñor Leónidas Proaño 2025”, como
Defensor de la Paz, la Justicia y los Derechos
Humanos.
Hago oportuna la ocasión para agradecer a la
delegación diplomática dominicana en Costa Rica,
encabezada por la señora Embajadora María Amelia
Marranzini Grullón, por el apoyo y las atenciones que
nos ha brindado durante la organización y el
desarrollo de este evento.
Por razones de tiempo, me propongo abordar
solamente tres de los muchos temas que hemos
analizado a largo de estos dos días de intenso y
trascendente esfuerzo.
En primer término y en mi condición de Expresidente
de la República Dominicana, considero ineludible
referirme al hecho innegable de que, por su ubicación
geográfica estratégica, nuestro país es utilizado para
el funcionamiento de una de las formas más graves
con la que el crimen organizado atenta contra la vida
humana. Me refiero a las distintas modalidades
usadas por una poderosa red transnacional, como lo
es el tráfico de estupefacientes, mayoritariamente la
cocaína.
Como ustedes bien conocen, la cocaína que toca a
mi país se produce en países ubicados a una
distancia relativamente grande de nuestro territorio.
Sin embargo, como el crimen transnacional ni respeta
fronteras ni coloca límites a sus propósitos, no tiene
reparo en deteriorar el tejido social y la propia
existencia de nuestros pobladores.
En efecto y en una dimensión diferente, ese mal es
tan potente y diabólico que tiene la capacidad de
debilitar y hasta derrumbar los cimientos
institucionales de la democracia, condición necesaria
para el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales.
Sin embargo, en lugar de cruzarse de brazos, la
República Dominicana ha decidido enfrentar
enérgicamente ese huracán social que es enemigo
del estado social y democrático de derecho que nos
rige, particularmente en lo referente a la cohesión
social y el bienestar de sectores altamente
vulnerables como los jóvenes y las mujeres. En
varios de nuestros países, es preciso mencionarlo en
este momento, ese mal también afecta las vidas de
comunidades integradas por pobladores originales y
afrodescendientes.
Una muestra robusta de la determinación del
Gobierno Dominicano, es la poderosa coordinación
interinstitucional, integrada por las diversas entidades
de la seguridad pública que, por su naturaleza y
misión, están obligadas a enfrentar esas estructuras
criminales.
Digo alto y claro que esa determinación nos ha dado
resultados muy satisfactorios.
A modo de ejemplo, veamos algunos datos
estadísticos.
Del 16 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del
2024, la República Dominicana incautó 156,
137.21 kg. de estupefacientes.
Del 16 de agosto del año 2024 al 20 de octubre del
2025, se ha incautado 71, 686.87 kg.
La sumatoria de esas cifras es de 227,824.08 kg.
Si tomamos en cuenta que el total incautado desde el
16 de agosto del 2004 al 16 de agosto del 2020, es
decir, durante 16 años, fue de 77,526.11 kg.,
llegamos a la conclusión que en el periodo de los
últimos cinco años, como resultado de un trabajo
conjunto, hemos incautado tres veces más droga que
la incautada durante los 16 años anteriores al mismo
Así como hemos robustecido la estructura operativa
de las instituciones oficiales que tienen como misión
combatir esos males, la presente administración ha
dado pasos firmes y coherentes para solucionar las
causas estructurales de esa situación, fortaleciendo
al mismo tiempo los mecanismos de prevención y
control. Esas iniciativas se han realizado, tanto a nivel
legislativo como a nivel de políticas públicas.
Entre esas iniciativas, podemos destacar las que se
refieren a la aprobación de un nuevo Código Procesal
Penal, la Extinción de Dominio que permite incautar
los bienes provenientes de acciones ilícitas, la
modernización del sistema penitenciario, combatir el
lavado y perseguir el terrorismo, combatir el
narcotráfico, la actualización, por parte del Ministerio
de Relaciones Exteriores, del Plan Nacional de
Derechos Humanos, así como la Ley de Reforma,
Modernización y Transformación de la Policía
Nacional, la cual ha constituido un punto de inflexión
en nuestros esfuerzos.
El trabajo a nivel interno ha ido de la mano con la
construcción de una red de cooperación y
colaboración de carácter transnacional que ha
servido para compartir información fidedigna y
trabajar junto a otros países y con organismos de
alcance regional. Esa red está sustentada en los
principios éticos de confianza, transparencia y
respeto mutuo.
Es en ese contexto de credibilidad que se entiende
mejor la reciente postulación de un dominicano, el
Lic. Leandro Villanueva Acebal, para ocupar el
importante cargo de director de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Dicho eso, paso a referirme al impacto del crimen
organizado sobre los derechos humanos, tema
central de nuestra jornada y que ha sido abordado
con profundidad y rigor por los panelistas y
moderadores.
El punto de partida de este fenómeno es el derecho
que tenemos todos de vivir en espacios sociales
seguros, saludables y garantes de oportunidades
para lograr el bienestar material y espiritual.
A nivel individual, el espacio social más cercano es el
definido por los lazos familiares y de vecindad.
A nivel colectivo, el espacio social por excelencia es
el definido por la constitución y la leyes que procuran
garantizar el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales y civiles. Nuestra vida cotidiana se
mueve entre esos dos espacios, es decir, como
ciudadanos y como personas con identidades más
allá de la nacionalidad.
Consecuentemente, debemos precisar cuáles de
nuestros derechos están siendo impactados por el
crimen organizado.
Sin lugar a dudas, el derecho a la vida es el derecho
fundamental por excelencia.
Tristemente, vemos que la tasa promedio de
homicidios en nuestra región, medida al año 2024,
era de 20.2 por cada 100,000 habitantes, equivalente
a tres veces y media la mundial, que se situaba en
5.6, a pesar de que sólo representamos el 9% de la
población mundial.
Desde luego, la evolución que ha tenido ese
lamentable indicador durante las últimas dos
décadas, por ejemplo, nos muestra importantes
fluctuaciones cuando se desglosa por país.
Si bien es cierto que el fenómeno de los homicidios
es multifactorial y muldimensional, los estudios más
socorridos indican que el crimen organizado es una
de sus causas principales.
Un componente nodal de ese fenómeno es el control
del territorio requerido para las operaciones ilícitas
del crimen organizado. Así, vemos los dispositivos del
control del territorio presentes en muchos barrios
urbanos y comunidades rurales donde prevalece la
exclusión social y la delincuencia, así como en
lugares desde donde se extraen recursos naturales
de gran valor tales como materiales de construcción,
recursos mineros y bienes alimenticios.
Esa realidad la sienten de manera directa las
personas que no se atreven a salir de sus hogares a
trabajar o estudiar en horas de mucho peligro, al igual
que los residentes en zonas remotas que son usadas
por los delincuentes. Ese drama incluso impide que
algunas personas acudan a las iglesias, por miedo a
convertirse en víctimas del crimen.
Otra forma central en que el crimen organizado
impacta los derechos humanos es el debilitamiento
de las instituciones que tienen como misión
investigar, perseguir y judicializar los casos
criminales. Ese debilitamiento también genera
opacidad e impunidad en instituciones vitales para la
gobernanza y la confianza de los ciudadanos. Sin
dudas, es el debilitamiento de las instituciones del
Poder Judicial uno de los objetivos más perversos del
crimen organizado.
Como hemos analizado en este magnífico evento,
hay causas estructurales de naturaleza económica y
social que debemos entender para buscar soluciones
integrales a estos males sociales, en lugar de
limitarnos a combatir los síntomas de esta grave
enfermedad. Es decir, estamos compelidos a ir más
allá de prestar atención solamente a la seguridad
pública.
La pobreza y la exclusión social predominantes en
nuestra región son también dos componentes
esenciales de esas causas estructurales.
En efecto, no es casual que sean los jóvenes que ni
estudian ni trabajan quienes terminen encerrados en
cárceles deshumanizantes al intentar subsistir
vinculándose al perverso mundo del crimen
organizado, especialmente el narcotráfico.
Creo sinceramente que es una afrenta que muchos
de nuestros recintos penitenciarios, en lugar de ser
espacios para asegurar la reinserción social de esos
jóvenes, sean verdaderos cementerios de hombres
vivos sin un horizonte de bienestar tangible. Nos es
exagerado decir que muchos de esos hermanos y
hermanas son “los condenados de la tierra”.
Finalmente, trataré el tema de las condiciones
necesarias para tener éxito en la búsqueda de
solución a estos grandes males sociales.
En primer lugar, estamos compelidos a
comprometernos firmemente con hacer realidad los
consensos a que hemos llegado fruto de nuestro
diálogo, especialmente en lo referente a la
formulación de políticas públicas coherentes que
ataquen en sus raíces estos fenómenos.
En segundo lugar, debemos defender a toda costa la
cooperación y la colaboración entre países , haciendo
realidad el principio de pensar globalmente y actuar
localmente. Es decir, aunque compartimos muchos
de los elementos esenciales de esos males, no
debemos ignorar las especificidades de cada país.
En tercer lugar, en mi condición de ex presidente de
la República, quiero resaltar que se requiere la
voluntad política de la máxima instancia del estado.
Sin esa voluntad no es posible asegurar el
seguimiento a la implementación de la política, la
estrategia, y los planes, programas y proyectos
consensuados.
Amigos todos:
Lo que hemos compartido, aprendido y asimilado en
este significativo diálogo debemos convertirlo en una
herramienta para la acción. El desafío es grande. Los
obstáculos son evidentes. Pero también es grande,
mucho más grande, nuestra determinación de
trabajar, juntos, a fin de lograr que el tejido social de
nuestros países sirva para sustentar una vida
próspera, digna y segura para nuestra gente.
¡No cedamos ni una pulgada al crimen organizado
que amenaza los derechos humanos en nuestra
región!
Muchas gracias
Hipólito Mejía
