Organizaciones advierten que la mayoría de senadores del PRM mostraron “su verdadera cara” con la imposición de un Código de impunidad
Santo Domingo, República Dominicana — Organizaciones sociales denunciaron que el Senado de la República aprobó un proyecto de Código Penal profundamente regresivo que protege a los corruptos, permite la censura y el abuso de poder contra la ciudadanía, y desampara a las víctimas de violencia, a las mujeres ya niñas y niños.
Las organizaciones responsabilizan directamente al liderazgo del PRM por este proyecto, recordando que tienen mayoría calificada en el Congreso y han ignorado las demandas ciudadanas. «Este no es un Código Penal para proteger a la gente y perseguir a los delincuentes. Es un instrumento para blindar a los corruptos y políticos, para silenciar a la ciudadanía y para negar justicia a mujeres, niñas y víctimas de violencia», denunciaron desde la coalición de organizaciones.
El “Código de la impunidad y el retroceso”, se manifestaron, es además inconstitucional y va en contra de los convenios internacionales que forman parte del bloque constitucional dominicano.
Explicaron que la decisión final la tendrá el presidente Luis Abinader, cuando este proyecto llegue a sus manos y deba elegir qué legado va a dejar a la República Dominicana”, advirtió la Coalición.
Puntos Críticos del Código Penal aprobado en el Senado
Las organizaciones denunciaron que el proyecto aprobado en el Senado:
- Garantizar impunidad para actores políticos y religiosos, excluyendo de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos, partidos políticos e iglesias. También limita la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años.
- Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afectan su dignidad”, incluso si no son públicos.
- Permite requisas sin orden judicial ni causa probable, dando a militares y policías el poder de intervenir vehículos y pertenencias sin supervisión. Y, además, permite que los agentes prohíban grabar requisas, impidiendo documentar abusos policiales, en un país con alto índice de abusos de la policía y los militares.
- Permite penas de hasta 30 años por compartir información con empresas o entidades extranjeras, sin especificar que deba tratarse de datos sensibles, lo que podría usarse para perseguir periodistas o incluso empresarios que buscan promover proyectos de inversión.
- Limita la tipificación del feminicidio solo a casos con violencia sexual o exposición del cuerpo de la víctima.
- Reducir las penas por violencia de género a tan solo 1 a 3 años en casos graves, incluso cuando hay amenazas de muerte, presencia de menores o violación de órdenes de alejamiento.
- Permite agredir básicamente a niños y niñas si no se demuestra un patrón de violencia, naturalizando la violencia intrafamiliar.
- Limita la persecución judicial contra violadores sexuales al restablecer la prescripción, desconociendo los efectos del trauma.
- Reduzca las penas por violación en pareja, y exija probar la violencia física o el uso de drogas, dejando sin protección a millas de víctimas.
- Excluye las tres causales, obligando a niñas y mujeres a enfrentar embarazos inviables, peligrosos o producto de violación.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, en donde debe ser revisado en dos lecturas. Luego pasó a Presidencia para su aprobación u observación.
Las declaraciones fueron expresadas a través de comunicado por las siguientes organizaciones: Coalición Podemos, Red Urbano Popular, Coordinadora Nacional Popular, Instituto de Género y Familia de la UASD, Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, Coalición por la Seguridad Social Digna, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, UDEMU, CONAMUCA, Cipaf, Nucleo de Apoyo a la Mujer, Cipaf, CeMujer, Cosalup, CUDEM, Movimiento de mujeres Trabajadoras, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Centro de Atención a la Víctima, Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal, Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Fundación Expresiones Artes Salud y Género.
