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Encarecimiento de precio de viviendas, defensa a libertad de expresión, ABA reaccionando por impuesto a las transferencias bancarias, protestas en Herrera por muerte de joven, amenaza de paro, agenda de Abinader, otros temas en Primicias
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este advirtiendo que los cambios a la ley 225.20 podrían encarecer el precio de las viviendas, la suspensión de oficio de un proceso de compra delAyunamiento de las Terrenas, la supervisión de la labor de la misión humanitaria en Venezuela, el presidente Luis Abinader inaugurando obras en el Noroeste del país, la conemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, una muerte atribuida a una patrulla policial por el padre de la víctima, el uso de tarjetas de crédito en la venta de combustibles, los 2,954 muertos y 16, 592 heridos en Venezuela por los dos terremotos, el respaldo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a las protestas en Herrera por la muerte de un joven, la llegada del sistema 911 a Montecristi, la amenaza de un paro nacional por la muerte de un joven en Herrera, las quejas del comercio por las reducidas ventas, el creciente repudio a la muerte de un joven a mano de un policía, son temas de actualidad despidiendo e iniciando una nueva semana en República Dominicana y el mundo.
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ACOSDE advierte cambios a Ley 225-20 podrían encarecer precio viviendas
La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), advierte sobre los efectos negativos que tendría la modificación de la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Riubell Montes de Oca, presidente del gremio que agrupa a los constructores de Costa Del Faro, explicó que esta aprobación que fue realizada con carácter de urgencia y sin un amplio debate técnico, impactará de forma directa en los costos de un sector que ya es altamente gravado.
«Nos preocupa la inclusión de los patrimonios autónomos (fideicomisos) dentro de las nuevas obligaciones establecidas por la legislación, lo que podría generar escenarios de doble tributación sobre estructuras jurídicas y operaciones que ya cumplen con esas cargas fiscales.
Advirtieron que esta situación incrementaría los costos de desarrollo de los proyectos habitacionales, impacto que terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas para los adquirientes. Y por ende afectaría aún más el déficit habitacional en el país.
Asimismo, señalaron que esta disposición resulta incompatible con el régimen especial contemplado en la Ley núm. 189-11, creada para fomentar el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado hipotecario nacional.
En ese sentido, ACOSDE y otras organizaciones del sector unido de la construcción hacen un llamado unísono a la Cámara de Diputados para que propicie un espacio de diálogo con los actores involucrados, reevalúe el alcance de la iniciativa y garantice una legislación equilibrada, sustentada en criterios técnicos, que promueva la sostenibilidad ambiental sin comprometer la seguridad jurídica, la inversión ni el acceso de las familias dominicanas a una vivienda.
DGCP suspende de oficio proceso de compras del Ayuntamiento de Las Terrenas
El órgano rector de las contrataciones públicas señaló que la alcaldía incumplió con la nueva Ley de Contrataciones Públicas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), informó este viernes la suspensión de oficio del procedimiento de contratación simplificada núm. AYTO. TERRENAS-CCC-CP-2026-0004, convocado por el Ayuntamiento de Las Terrenas para la construcción de la segunda etapa de aceras y contenes en ese municipio, por un monto ascendente a RD$5,159,276.39.
La decisión fue adoptada como resultado de un monitoreo preventivo que identificó múltiples incumplimientos a la nueva Ley de Contrataciones Públicas Núm. 47-25 y su Reglamento de aplicación Núm. 52-26, que comprometen la legalidad, transparencia y adecuada conducción del procedimiento, imposibilitando su continuidad en las condiciones en que fue convocado.
Entre los principales hallazgos detectados por la DGCP e indicados en el acto administrativo núm. MONITOREO-11-2026, figuran la ausencia de estudios previos, documento obligatorio que fundamenta la planificación de toda contratación pública; la omisión de un perito legal en el comité evaluador, cuya integración multidisciplinaria es exigida por la normativa vigente; así como la utilización de disposiciones legales derogadas como fundamento del procedimiento.
Asimismo, el órgano rector verificó que el expediente presentaba otras deficiencias relevantes, entre ellas la falta de publicación del procedimiento en el portal institucional, referencias a una resolución de umbrales correspondiente al año 2025 en lugar de la vigente para 2026, inconsistencias sobre la modalidad de contratación, ausencia de documentación técnica indispensable, diferencias entre la vigencia de las ofertas y las garantías de seriedad, omisiones en la documentación requerida para los sobres técnicos y económicos, falta de designación del supervisor del contrato, errores en la aplicación del anticipo para MIPYMES y disposiciones contractuales incompatibles con la nueva legislación
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