Minutos telefonicos acumulables

La ciudadanía vive en una queja constante por el precario servicio telefónico que ofrecen la mayoría de las compañías de telecomunicaciones en nuestro país sin que ninguna autoridad,  ni el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), les ponga freno.

Las denuncias del engaño incluyen todos los servicios telefónicos desde los móviles hasta los residenciales.

Para esta temporada navideña ofrecen todo tipo de atractivas ofertas para que los usuarios caigan en el gancho. Hay algunas que ofrecen celulares a 10 pesos y las personas van corriendo por la propaganda barata e irreal mediante la cual el cliente siempre queda enganchado.

Uno de los hurtos más grandes los constituyen los llamados «paqueticos» tanto de Internet como las recargas de minutos que, de acuerdo a los usuarios mediante los medios de comunicación y redes sociales, se van sin apenas haberlos utilizados.

Este es el único país en donde no se protege el derecho de la ciudadanía a recibir un buen servicio que paga hasta por adelantado, con el llamado servicio telefónico Prepago.Un verdadero dolor de cabeza.

Recuerdo que en una oportunidad un usuario pagaba casi tres mil pesos de Internet con el sistema prepago y a los quince días ya no tenía Internet. Lo pagaba y no le reconectaban de inmediato el servicio porque debía esperar que se cumpliera el tiempo estipulado al momento de firmar el contrato telefónico.

Los minutos que compran los ciudadanos en los diferentes planes telefónicos deberían ser acumulables y permanecer mientras quede el último minuto para que la ciudadanía no se sienta estafada.

Un paquete de Internet en un móvil que debería durar 5 días por el precio de 150 pesos se puede terminar sin que el cliente haya usado toda su carga de Internet por lo que debe haber una forma de que el ciudadano utilice todos sus minutos mientras no los haya consumido.

La comunicación telefónica es un bien mundial colectivo que debe ser protegido en favor de los usuarios que utilizan este sistema para no atarse a mensualidades con contratos de hasta 18 meses.

Si un ciudadano quiere cambiar de empresa telefónica el Estado debe tener una forma de proteger ese derecho,  independientemente de que todavía tenga los servicios de otra compañía de teléfonos.

La atención al usuario debe ser una prioridad de las instituciones que como INDOTEL están para defenderlos de las propuestas engañosas de las grandes empresas de comunicación de nuestro país.