Vender la pluma no es chantaje ni extorsión; es insolencia
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, anunció recientemente la apertura de una investigación formal por presuntos casos de difamación, chantaje y extorsión mediática. Según el Ministerio Público, habría identificado un patrón estructurado de presión mediática ejercida por comunicadores o, mejor dicho, pseudo periodistas que, amparados en plataformas digitales, intentan presionar o desacreditar a terceros a cambio de beneficios. Cinco nombres fueron señalados públicamente por la fiscal: Ángel Martínez, Claudia Pérez (“La Tora”), Kapulet, José Maracallo y Fernando Peña.
Estos, estarían vinculados a un esquema de chantaje mediático sin control editorial, ni compromiso con la veracidad informativa. La reacción de algunos periodistas y comunicadores profesionales, no se hizo esperar. Salieron en respaldo de la decisión del Ministerio Público, reconociendo la urgencia de enfrentar esta práctica nociva y perversa que prostituye el ejercicio de un cretino periodismo.
Advirtieron algo fundamental: la defensa del periodismo crítico e independiente no puede quedar como rehén de una acusación que aún no ha sido probada. La justicia no puede operar sobre el rumor ni sobre el escarnio público; requiere pruebas, el debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todos los implicados. No se debe actuar por venganza o represalia política.
La jurisdicción que conocería el caso
Es importante recordar que los casos relacionados con difamación o injuria en medios, suelen dirimirse en la jurisdicción civil. En estos procesos, la parte afectada debe presentar una demanda formal con las pruebas correspondientes, conforme al artículo 1382 del Código Civil Dominicano. El rol del Ministerio Público en este tipo de litigios, no es protagónico, salvo que se configure un hecho punible claramente definido por la ley penal. La justicia es ciega, imparcial y ajena a motivaciones personales o intereses particulares
Que el caso no sea por retaliación
En toda democracia, el Ministerio Público actúa como representante de la sociedad, y su función esencial es velar por la salud jurídica de los ciudadanos que la conforman. Por tanto, sus actuaciones deben estar guiadas por el principio de legalidad y objetividad, nunca por retaliación política ni por venganza personal.
Es fundamental que los imputados, especialmente aquellos vinculados a los medios de comunicación, no perciban que las acciones judiciales en su contra obedecen a represalias por opiniones expresadas en el ejercicio de su labor. El uso del poder judicial como instrumento de intimidación o castigo político socava la confianza en el sistema de justicia y pone en peligro los pilares de la democracia.
Una realidad
Dicho esto, no se puede obviar una realidad evidente: vender la pluma para chantajear o extorsionar no es solo una falta ética, es una insolencia mayúscula. Usar una plataforma comunicacional para lucrarse con informaciones falsas, manipuladas o deliberadamente distorsionadas degrada el oficio, denigra la profesión y contamina la opinión pública. La extorsión y el chantaje, se podría calificar como un acto de corrupción de comunicadores y periodistas irrespetuoso de la odontología de la información por los medios de comunicación.
La doble cara de la corrupción y el chantaje
Muchos de esos cuasi comunicadores, analfabetos funcionales del análisis ético y jurídico— parecen ignorar que ningún acto de corrupción se consuma en soledad. Para que ocurra, debe existir un corruptor que soborna, y un corrupto que se deja sobornar. La corrupción, como el tango, siempre se baila entre dos. Lo mismo ocurre con la extorsión: no hay chantaje sin un chantajista que amenaza, ni efecto sin un chantajeado que decide pagar para silenciar al agresor.
El acto se consume solo cuando ambos actores deciden actuar, uno con su violencia o presión, el otro con su miedo o conveniencia. Señalar solo a uno de los involucrados, ignorando al otro, no solo es injusto, sino que perpetúa la impunidad desde la ignorancia.
El país necesita un periodismo libre, pero también responsable. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para la manipulación o el chantaje. Quien utilice la palabra como garrote o moneda de cambio, no está ejerciendo un derecho; está cometiendo una afrenta contra la democracia misma.” Vender la pluma no es chantaje ni extorsión; es insolencia”
Lic. Luis Ma. Ruiz Pou-
02/08/2025
