Primicias 2025: Retorno de Abinader a RD, Conflicto Irán-Israel, manifestaciones en EU, alza en petróleo, muerte de legisladora demócrata, 250 aniversario de fundación Ejército EU, deterioro libertad prensa en Perú, medida coerción caso Jet Set, conversación Putin-Trump
El endurecimiento de la postura militar de Irán contra Israel, la decisión de trasladar al héroe Juan Rodriguez al Panteón Nacional, la oposición a un nuevo plan de regularización de haitianos, la convocatoria de dos mil manifestaciones en los cincuenta estados de Estados Unidos para protestar contra lo que los convocantes definen el autoritarismo del presidente Donald Trump, la muerte de una legisladora demócrata y de su esposo en Minesota, Estados Unidos; otro ataque a tiros a un senador demócrata y a su esposa igual en Minesota, un presunto acto de violencia politica en Minesota, el conocimiento este domingo 15 de junio de la medida de coerción por lo ocurrido en la discoteca Jet Set, la investigación de la muerte de un ciudadano ruso en La Romana, el desfile militar para conmemorar en Washington el 250 aniversario de la fundación del Ejército de Estados Unidos, un hombre ultimado por agentes policiales en un alegado intercambio de disparos en Santo Domingo Este, los norteamericanos reclamando la protección de la democracia en Estados Unidos, el Dia Mundial del Donante de Sangre, la visita de la esposa e hijos a Antonio Espaillat en la «carcelita» del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva para Antonio Espaillat y domiciliaria para su hermana Maribel por el caso Jet Set, el asesinato de una legisladora democrata enciende la alarma en Estados Unidos, donde el ex presidente Joe Biden rechaza la violencia, son temas que despiden una semana e inicio de otra en República Dominicana y el mundo.
RD Y BRASIL FIRMAN ACUERDOS DE ENTENDIMIENTO PARA MEJORAR GESTION PUBLICA
_Se busca impactar áreas como gobierno digital, innovación, gestión de personas, promoción y valorización de la diversidad; además, promover el intercambio de información, profesores y alumnos para formación diplomática
La República Dominicana y Brasil firmaron en Brasilia dos acuerdos de entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación sobre gestión pública para la transformación del Estado; y promover la cooperación en materia de formación del personal diplomático de ambas naciones.
En este sentido, se busca impactar áreas como gobierno digital, innovación, gestión de personas y promoción y valorización de la diversidad para alcanzar un Estado más eficaz, inclusivo, confiable y sostenible, con mejor prestación de servicios centrados en el ciudadano.
Asimismo, acordaron ampliar las posibilidades de formación académica para el personal diplomático prestando especial atención a las áreas vinculadas como Derecho Internacional, Sociología, Ciencia Política, Economía, Relaciones Internacionales y estudios vinculados a la cultura
La SIP reitera preocupación por el grave deterioro de la libertad de prensa en Perú
Miami (13 de junio de 2025) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a expresar su profunda alarma por el acelerado deterioro de la libertad de prensa en Perú, marcado por un clima hostil que impacta directamente el ejercicio del periodismo independiente. La organización advirtió sobre un patrón persistente de ataques, amenazas, restricciones informativas y campañas de estigmatización provenientes desde el poder político, figuras públicas y estructuras institucionales.
En los últimos días, la periodista Rosmery Tapara, de la Unidad de Investigación del diario La República, fue víctima de amenazas, hackeo de sus cuentas personales y bloqueo de sus líneas telefónicas. Estos actos ocurrieron tras la publicación de un reportaje, el 7 de junio, sobre el empresario Aniceto Argüelles, dueño de Industrias Argüelles, una de las principales contratistas de recolección de residuos en Lima.
Asimismo, el periodista y columnista René Gastelumendi y su familia recibieron amenazas de muerte luego de una publicación que vinculó al alcalde Franco Vidal, del partido Avanza País, con el uso indebido de sus redes personales para fines de autopromoción. En una nota de Opinión La República advirtió que “la prensa peruana está bajo el asedio criminal”.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, declaró: “Es crucial que la sociedad civil, las instituciones democráticas y los líderes políticos se movilicen en defensa de los periodistas. El hostigamiento a la prensa no solo pone en riesgo vidas, sino que debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada”. Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, añadió: “Debemos denunciar con firmeza cada intento de intimidación y censura que busque silenciar al periodismo investigativo y crítico”.
Otros periodistas reconocidos también han sido blanco de hostigamiento judicial y campañas de difamación por su labor investigativa, entre ellos Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros; Rosa María Palacios, columnista de La República; y Pola Ugaz, corresponsal del diario ABC de España.
A las agresiones directas se suma la falta de transparencia oficial. Recientemente, funcionarios del Despacho Presidencial acusaron a la prensa de causar “percepciones distorsionadas y confusión social” al informar sobre el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Medios como El Comercio publicaron investigaciones al respecto, que fueron descalificadas desde el Ejecutivo.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continúa siendo uno de los principales referentes de la estigmatización contra la prensa. De manera reiterada, lanza acusaciones infundadas y discursos descalificadores contra periodistas y medios que investigan su gestión, alimentando un clima de hostilidad que trasciende lo institucional.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), condenó “los ataques sistemáticos y el clima de hostilidad que enfrentan periodistas y medios por cumplir con su labor de fiscalización. La prensa tiene el deber de informar sobre los asuntos públicos, y cualquier intento de silenciarla debilita la democracia”.
En marzo pasado, una delegación de la SIP visitó Perú y constató un entorno cada vez más adverso para el ejercicio periodístico, que incluye persecución judicial a periodistas críticos, campañas de desinformación desde el Estado, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas. “Todo esto genera un ecosistema hostil para la prensa y un serio retroceso para los derechos ciudadanos”, alertó la organización. También advirtió que la situación podría agravarse en el marco de las elecciones generales previstas para abril de 2026.
En su Informe de libertad de expresión, el Consejo de la Prensa Peruana señaló que “el periodismo en el Perú atraviesa hoy uno de sus momentos de mayor peligro”.
El Índice Chapultepec 2024 de la SIP también reportó “un grave retroceso en la libertad de expresión y de prensa” en el país andino. “Este deterioro es el punto más crítico de una caída gestada en los últimos años”, señaló el informe. Agregó que “el Poder Ejecutivo fue el que tuvo la influencia más desfavorable sobre el derecho a la libertad de expresión, seguido de cerca por el Poder Legislativo”. Perú cayó del puesto 12 al 16 en el ranking regional y fue clasificado en el nivel de “alta restricción” de libertades.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
El Ministerio Público pide prisión preventiva para Antonio Espaillat y domiciliaria para Maribel Espaillat
El gerente y la administradora del Jet Set son imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 235 personas que fallecieron y las más de 180 que resultaron heridas al colapsar el techo de la discoteca
El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat en la solicitud de medidas de coerción que depositó ante los tribunales por la responsabilidad penal de ambos imputados en el colapso del techo de la discoteca que, la noche del pasado 8 de abril, provocó la muerte de 235 personas y dejó más 180 heridos.
Un equipo integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, e integrado por Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria firma el documento depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.
El desplome del techo del Jet Set se produjo la noche del 8 de abril de este 2025 en el momento en que el cantante Rubby Pérez, quien también falleció, amenizaba una fiesta de merengue junto a su orquesta.
Tras la ocurrencia del hecho en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, del Kilómetro 6 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó al lugar e instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para disponer medidas tendentes a desarrollar las investigaciones, incluyendo la protección de la escena y escombros para realizar el peritaje de lugar.
Una vez se terminaron las labores de rescate, el Ministerio Público procedió a preservar los escombros para los fines del peritaje técnico.
En cumplimiento de esa disposición, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez García, una vez terminada las labores de rescate de sobrevivientes y de recuperación de cuerpos de los fallecidos, procedió a entregar la escena al Ministerio Público.
Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público designó a los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), para que realizaran el estudio técnico sobre las causas del colapso del techo de la edificación del Jet Set Club, propiedad de la entidad comercial Inversiones E y L SRL y regenteado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los hermanos Espaillat López realizaban una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida.
Los fiscales imputan que durante años el Jet Set Club “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.
Ambos imputados además, inobservaron de manera deliberada las normativas de construcción y uso de suelo. Como principales gestores, permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del Jet Set Club “sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional”.
Estas remodelaciones incluyeron la instalación de un escenario, sistemas de iluminación, bares, y zonas VIP, “demostrando una inobservancia total por las leyes de construcción y seguridad”, añaden los fiscales.
Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. “La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indican los fiscales.
“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalan.
Además, que los responsables del Jet Set cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua. Todo esto, “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso”.
Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo. Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.
Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.
“La imputada Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, dicen.
“La cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, las modificaciones estructurales sin base técnica, la sobrecarga del techo, las ´reparaciones´ deficientes y la desatención a las advertencias de peligro, demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”, señala el Ministerio Público.
Indica que los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca.
El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
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