¿Es justo el cobro por el uso de la red a la energía solar en República Dominicana?
Por Marco Tezanos
La generación distribuida mediante paneles solares ha experimentado un crecimiento significativo
en la República Dominicana durante la última década. Miles de hogares, comercios e industrias
han invertido recursos propios para producir parte de la electricidad que consumen, reduciendo la
demanda sobre el sistema eléctrico nacional, disminuyendo las emisiones de carbono y
contribuyendo a diversificar la matriz energética.
La aprobación del Reglamento SIE-007-2026-REG ha abierto un importante debate sobre el futuro
de la generación distribuida en la R. D. Uno de los puntos que más atención ha generado es el
establecimiento de un cargo por el uso de la red para los usuarios que inyectan energía proveniente
de sistemas solares.
La discusión no debería centrarse en si el cobro es bueno o malo, sino en si es proporcional,
transparente y técnicamente justificado.
Es innegable que la red eléctrica tiene costos de operación y mantenimiento. Aunque un usuario
genere parte de su propia energía, continúa utilizando la infraestructura eléctrica para respaldar su
suministro e inyectar los excedentes de producción. Desde esa perspectiva, resulta razonable que
exista un mecanismo para recuperar parte de esos costos.
Sin embargo, también debe reconocerse que quienes invierten en energía solar aportan beneficios
importantes al sistema eléctrico. Reducen la demanda en horas de mayor generación solar,
disminuyen las emisiones, promueven la inversión privada en energías limpias y contribuyen a
una matriz energética más diversificada. Estos beneficios también tienen un valor económico y
deberían formar parte del análisis regulatorio.
El principal desafío consiste en encontrar un equilibrio. Si el cargo por uso de la red incrementa
significativamente el período de recuperación de la inversión, podría desincentivar nuevos
proyectos solares y ralentizar la transición energética del país. Por el contrario, si el cargo refleja
los costos reales del servicio y se aplica con criterios técnicos claros, puede contribuir a la
sostenibilidad del sistema eléctrico sin afectar el crecimiento de la generación distribuida.
Por ello, más que discutir si el porcentaje establecido es abusivo o no, conviene preguntarse cómo
fue calculado. Una regulación moderna debe sustentarse en estudios técnicos públicos,
metodologías transparentes y revisiones periódicas que permitan adaptar el esquema tarifario a la
evolución del mercado.
La experiencia internacional demuestra que existen alternativas regulatorias que equilibran los
intereses de las empresas distribuidoras y de los usuarios solares. En muchos países se aplican
cargos diferenciados según el tamaño de la instalación, el nivel de uso de la red o los beneficios
que aporta la generación distribuida al sistema.
En R.D. se tiene la oportunidad de fortalecer este reglamento incorporando mayor transparencia en
la determinación del cargo, reconociendo los beneficios económicos de la energía solar y
promoviendo un diálogo permanente entre el regulador, las distribuidoras y los usuarios.
En definitiva, el debate no debe ser si existe o no un cobro por el uso de la red, sino si dicho cobro
es justo, proporcional y compatible con los objetivos nacionales de transición energética. Una
regulación equilibrada debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y debe
evitar trasladar costos injustificados a quienes invierten en energía limpia, pero también debe
asegurar que la infraestructura eléctrica siga siendo confiable para todos los usuarios. Alcanzar ese
equilibrio será fundamental para consolidar el desarrollo energético sostenible de la R. D. en los
próximos años.
