La Constitución como medida del poder
Dr. Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a
creerle.
Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza
de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución
dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del
poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en
funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes
del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta
en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política
invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que
proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las
creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la
norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos
impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio
constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso
competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas
candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones
políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura.
Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían
resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las
decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona
que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca
aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a
la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos
como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada
procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la
anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades
respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral
12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función
pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la
sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir
responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos siglos de independencia y de nuestra primera Constitución.
Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y
autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
