EL MERCADO DEBE AUTORREGULARSE POR NECESIDAD, ANTE LA AUSENCIA DEL ESTADO
J. Osiris Mota
En una sociedad donde el Estado presenta debilidades para supervisar, prevenir y hacer cumplir las normas, los mercados no pueden limitarse a esperar que ocurra la próxima tragedia para actuar.
El mercado asegurador dominicano, por la naturaleza de su negocio y por el conocimiento técnico que posee sobre los riesgos, está llamado a asumir un papel mucho más proactivo en la prevención y gestión de los mismos.
No se trata de sustituir las funciones del Estado, sino de ejercer un liderazgo responsable que contribuya a reducir la siniestralidad y a fortalecer la cultura de prevención.
Los recientes incendios ocurridos en establecimientos comerciales, los accidentes en centros de recreación, edificios y viviendas, así como otros eventos que han puesto en evidencia graves fallas de supervisión y mantenimiento, confirman que el costo de la inacción termina recayendo sobre toda la sociedad y, de manera particular, sobre las aseguradoras y los reaseguradores.
El asegurador no solo debe conocer financieramente a sus clientes como establece la ley de lavado de activo, por ello, resulta insuficiente limitar la relación con los asegurados al cobro de primas y al pago de reclamaciones.
Tradicionalmente, muchos intermediarios han visto con reservas que las aseguradoras mantengan un contacto más cercano con sus clientes, bajo la percepción de que las cuentas les pertenecen comercialmente.
Sin embargo, cuando ocurre un siniestro de gran magnitud, quienes finalmente soportan el impacto económico son las compañías aseguradoras y el mercado internacional de reaseguros.
Esa realidad hace indispensable una mayor interacción entre aseguradoras, corredores y clientes para conocer integralmente los riesgos que se están asumiendo.
Las exigencias regulatorias sobre prevención del lavado de activos obligan a las entidades financieras y aseguradoras a conocer el perfil económico de sus clientes.
Sin embargo, hoy resulta igualmente necesario conocer sus procesos operativos, sus sistemas de seguridad, el mantenimiento de sus instalaciones, la capacitación de su personal, sus planes de continuidad del negocio y el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.
Una adecuada inspección de riesgos ya no puede ser un requisito previo a la emisión de una póliza; debe convertirse en un proceso permanente de acompañamiento y mejora continua.
La evolución tecnológica ofrece hoy herramientas que hace apenas una década eran impensables.
La analítica de datos, la inteligencia artificial, los sensores inteligentes, las inspecciones remotas mediante drones, la modelación catastrófica y los sistemas predictivos permiten identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en pérdidas económicas.
Según la reaseguradora Swiss Re, las pérdidas económicas ocasionadas por desastres naturales y eventos provocados por el ser humano superan regularmente los 300 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, mientras que menos de la mitad de esas pérdidas se encuentran aseguradas, lo que evidencia una enorme brecha de protección que afecta especialmente a los países en desarrollo.
Asimismo, la frecuencia y severidad de los grandes siniestros continúan aumentando debido al cambio climático, la urbanización acelerada y la creciente concentración de activos. La República Dominicana tampoco escapa a esta realidad.
Aunque el sector asegurador ha mostrado un crecimiento sostenido durante la última década, la penetración del seguro continúa siendo una de las más bajas de América Latina, situándose alrededor del 1.7 % del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio mundial, que supera el 7 %, y del promedio latinoamericano cercano al 3 %. Está limitada cobertura hace que gran parte de las pérdidas derivadas de incendios, inundaciones, terremotos o accidentes terminan siendo absorbidas directamente por las familias, las empresas y el propio Estado.
Al mismo tiempo, el incremento del costo del reaseguro internacional, que en algunos ramos ha experimentado aumentos superiores al 30 % en los últimos años, obliga a las aseguradoras a fortalecer significativamente sus procesos de evaluación y administración de riesgos.
No se pretende que las aseguradoras sustituyan a las instituciones responsables de inspeccionar edificaciones, verificar instalaciones eléctricas, supervisar normas contra incendios o garantizar el cumplimiento de los códigos de construcción. Esa responsabilidad sigue siendo indelegable del Estado.
Sin embargo, ignorar las debilidades institucionales tampoco constituye una estrategia inteligente. Cuando ocurren grandes pérdidas, el impacto financiero repercute directamente sobre la estabilidad del mercado asegurador, incrementa las primas, reduce la capacidad de reaseguro y afecta la confianza de inversionistas y asegurados
