SED DE JUSTICIA RECHAZA PACTO PARA FAVORECER A LISANDRO MACRARRULLA POR CORRUPCION EN LA CARCEL LA NUEVA VICTORIA
La Organización Cívica No partidista Sed de Justicia rechazó el pacto de la Procuraduría con Lisandro Macarulla hijo y su empresa Mac Construcciones, mediante el cual se declararon culpables de actos de corrupción en el expediente Medusa, que tiene como principal acusado al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Advirtió la entidad que aceptar que el hijo del ex ministro de la presidencia del actual gobierno simplemente devuelva una cantidad del dinero robado al Estado y sea condenado a una pena suspendida de tres años de cárcel, es un estímulo a la impunidad “y una clara evidencia de que las leyes sólo se aplican a los hijos del pollero”.
A su juicio, en vez de lenidad y consideración extrema con los delincuentes de cuello blanco que formaron parte de la estafa contra el Estado en la construcción d ela nueva cárcel Las Parras, el Ministerio Público lo que debe hacer es extender la acción penal al padre de Macarulla, quien públicamente se responsabilizó de todo lo que haya hecho su hijo, y a los demás contratistas señalados como responsables de los vicios de construcción que han impedido el uso de las instalaciones carcelarias.
Deploró que más de una docena de reclusos hijos de familias pobres hayan muerto asfixiados y quemados en el reciente incendio de la penitenciaría nacional de la Victoria, un antro de hacinamiento y corrupción que deprime al de corazón más duro.
Sed de Justicia reafirmó que todo el que haya incurrido en irregularidades en el proyecto Las Parras debe ser procesado penalmente, incluyendo a muchos contratistas que de manera inexplicable no están en el expediente Medusa.
Instó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante para evitar que funcionarios inescrupulosos repitan el mismo esquema de corrupción ahora que el Ministerio de la Vivienda ha adjudicado contratos multimillonarios para trabajos de terminación de Las Parras a un consorcio privado creado al vapor, contratación que está rodeada de cuestionamiento por supuestos vínculos de las empresas con altos ejecutivos del Estado.
La organización deploró que las cárceles sigan siendo un gran negocio para grupos mafiosos y algunas autoridades que, en vez de cumplir con su deber, se asocian a los grupos delincuenciales.
Valoró los esfuerzos de la magistrada M irían Germán Brito y gran parte de los funcionarios de la Procuraduría General de la República para mejorar las condiciones infrahumanas de los recintos carcelarios.
De otro lado, Sed de Justicia exigió al Ministerio Público agilizar el conocimiento de las querellas penales depositada en contra de los acusados de desfalcar a Edesur, Edeeste y Edenorte durante los gobiernos pasados, expedientes que van camino a cumplir 4 años en manos de la Magistrada Germán Brito.
“Desde entonces la sociedad dominicana espera que el Ministerio Público mueva la acción pública para procesar judicialmente y encarcelar a todo el que sea hallado culpable de haber sustraído fondos del Estado, sin importar jerarquía económica, social o política”, expresa la organización, como se ha hecho desde la Procuraduría.
La primera querella de Sed de Justicia contra los ex funcionarios fue entregada en la Procuraduría el 24 de agosto de 2020, apenas ocho días después de la Magistrada Germán asumir el cargo, un expediente acompañado de cientos de elementos probatorios de las irregularidades cometidas en la contratación, pago y destino final del hormigón asfáltico en las gestiones de Castillo y Pepín en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.
En noviembre de ese mismo año, el presidente de Sed de Justicia, entregó a la magistrada Germán en su despacho la querella penal contra Maxy Montilla, cuñado del ex presidente Medina, Julio Cesar Correa, ex administrador de Edenorte, y una veintena de ex funcionarios de las distribuidoras eléctricas que habrían sido parte del entramado de corrupción estructurado en los periodos de gobierno de Leonel Fernández y Medina.
Posteriormente, y en base a un trabajo de investigación jurídica exhaustivo, la entidad se querelló contra Diandino Peña por las irregularidades que recientemente confirmó la Cámara de Cuentas en las compras y contrataciones de la construcción de las líneas del Metro, entregando a la Procuraduría un dosier de documentos que muestran cómo el llamado “Zar del Metro “utilizó empresas familiares y otras fantasmas para simular gastos por cientos de millones de pesos sustrayéndolos en su provecho y en beneficio de allegados, a costa del erario.
“Desde entonces- expresa Sed de Justicia- hemos confiado y esperado que el esfuerzo ciudadano por contribuir a adecentar el ejercicio público va a encontrar la merecida acogida en el Ministerio Público por usted dignamente representado, procesando judicialmente en base a méritos de evidencias”, precisa la entidad, que estima llegada la hora de empezar a mandar a procesar a este grupo, tal como se hizo con Gonzalo Castrillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, sometidos también por Sed de Justicia en el expediente Calamar.
