
Galardonado periodista presenta queja ante RD y alerta autoridades europeas y españolas por orden arresto por ejercer libertad de expresión
El galardonado periodista Miguel Ángel Ordóñez, premio Ortega y Gasset
de Periodismo en España, y quien laboró hace años en la República
Dominicana, ha presentado una queja ante el país y ha alertado a las
autoridades europeas y españolas por lo que considera una decisión
judicial “absolutamente arbitraria y abusiva” que dispone una orden de
arresto en su contra por ejercer la libertad de expresión.
Una nota de prensa dice que pese a que una querella en su contra era llevada por la magistrada
Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta de la Novena Sala de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, una
audiencia a la que no fue citado para el 20 de febrero pasado fue presidida
por un juez interino , quien inmediatamente
dispuso perseguir con arresto y rebeldía al periodista.
En la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional se conoce una querella interpuesta en su contra por dos
empresarios hispano-dominicanos
tras la publicación en España del libro de su autoría Negocios de bajos
vuelos.
En la obra se explican los intríngulis de la concesión de los
aeropuertos estatales , los orígenes de la
privatización, los antecedentes, las claves de su
intento de reeditar alegadamente un lucrativo negocio con un polémico
Aeropuerto en la región Este del pais.
Dice que Aunque el libro fue publicado en 2021, en España, los empresarios
esperaron un año y medio para presentar una querella en tribunales
dominicanos contra Ordóñez, por presuntos delitos sobre expresión y
difusión del pensamiento.
En una nota de prensa se señala que pese a que los empresarios conocían perfectamente su lugar de
residencia en España, esperaron a que Ordóñez pasase unos días en Santo
Domingo con motivo de impartir una conferencia sobre periodismo, en
agosto de 2023, para notificarle dicha querella. De inmediato, antes de
retornar a su lugar de residencia, designó representante legal en el país.
La jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta de la Novena
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, ordenó que Miguel Ángel Ordóñez fuera «regularmente
convocado» en su domicilio en España, «que sea tramitada la
convocatoria vía consulado» de cualquier audiencia.
Agrega que sin esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores llegase a entregar
a Ordóñez su citación a una audiencia, el pasado 20 de febrero se celebró
una vista, aunque con otro juez presidiendo, el interino.
“Contraviniendo las instrucciones de la jueza, la acusación
privada se había encargado de fabricar otra notificación en domicilio
desconocido, sin esperar a agotar la vía de la citación consular.
“El juez interino aprovechó para declararme en
estado de rebeldía, ordenar mi arresto e impedir mi salida de la República
Dominicana en cuanto me persone en su territorio”, dijo Ordóñez.
Ordóñez advirtió que “pese a que el Consulado dominicano en Sevilla ha
certificado al tribunal que a Miguel Ángel Ordóñez nunca le llegó ninguna
citación, como contestación al recurso de oposición entablado por la
defensa de Ordóñez, se «miente descaradamente» al afirmar que
«funcionarios consulares competentes […] manifestaron haber localizado
al imputado y haberle hecho llegar la convocatoria a la audiencia, sin que
al día de la audiencia se presentara excusa alguna que justificara la
incomparecencia».
Dijo que en materia de acción privada como una querella por difamación e
injuria la rebeldía es improcedente, más aún si no ha sido citado, al tiempo
que recordó que la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento,
prohíbe la prisión preventiva en materia de prensa.
El periodista explica que esta decisión le provoca «una gran desconfianza
en la imparcialidad que debe caracterizar a cualquier tribunal de justicia».
Señala que creía ya superada «la época de manipulación grosera de la
justicia a manos de poderosos empresarios acostumbrados a la
impunidad». Añade que «diversos ciudadanos dominicanos quisieron
alertarme del riesgo que corría su integridad por facilitarme información y
la mía por el atrevimiento de informar a la ciudadanía de las andanzas de
mis hoy acusadores».
En la querella dominicana se pide una condena de cárcel y RD$800
millones. Un año después de presentada, ambos interpusieron ante la
jurisdicción de España sendas demandas, absolutamente idénticas, en las
que solicitan que Ordóñez sea condenado a pagarles un millón de euros a
cada uno. Añaden a los argumentos calcados de la querella dominicana la
publicación de un segundo libro donde Ordoñez emite sus opiniones.



