AMBIENTALISTAS OPUESTOS A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PENITENCIARÍA EN LA ISLA BEATA
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denuncia la ilegal pretensión de instalar una
penitenciaría en la Isla Beata. Este ecosistema estratégico y frágil de 27 km2 ubicado en el extremo Sur de
Pedernales, se encuentra íntegramente dentro del Parque Nacional Jaragua, lo que convierte cualquier
intervención de este tipo en un delito ambiental flagrante. Este proyecto no solo es jurídicamente inviable,
sino que choca frontalmente con las decisiones políticas anunciadas de proteger y defender el patrimonio
natural del país. Advertimos con firmeza que la sociedad dominicana no permitirá, bajo ninguna
circunstancia, que se consume este atropello contra nuestro sistema de áreas protegidas.
Dichas pretensiones están contenidas en un proyecto de resolución de la cámara de diputados mediante el
cual se solicitaría al Poder Ejecutivo dicha obra. Al momento de escribir, este ítem estaba en el orden del día
de la sesión ordinaria núm. 00006 correspondiente al 18 de marzo de 2026.
El uso de suelo que supondría esta instalación choca frontalmente con el objetivo principal de este y todos
los espacios protegidos, que es el de salvaguardar nuestros recursos naturales y los servicios que de ellos se
deriven. Por demás, las unidades de conservación que conforman el SINAP y los ecosistemas y especies que
contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles
de acuerdo a nuestra Constitución (art. 16).
Aunque desconocemos los detalles, sólo sabemos que el centro penitenciario “modelo” solicitado tendría
una capacidad de albergar diez mil reclusos condenados a penas de privación de libertad superiores a cinco
años. Desconocemos las motivaciones de tal descabellada propuesta presentada por los diputados Elías
Wessin Chávez (Distrito Nacional), Miguel Alberto Bogaert Marra (Santo Domingo), Miguel Ángel de los
Santos (diputado nacional) el 21 de junio del 2022, pero cuenta con un informe favorable de la Comisión
Permanente del Ministerio Público del 26 de noviembre de 2025.
Por todo lo anterior, es urgente que el Poder Ejecutivo, el resto de nuestros legisladores y la opinión pública
se unan al rechazo de este intento de destruir nuestro patrimonio natural en franca violación a nuestro
marco legal.
