Reformas Tributarias un costo político
Por: Lic. Luis Ma. Ruiz Pou
Una vez más, la historia parece repetirse. La reciente visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su rol de supuesto garante de la estabilidad económica global, vuelve a ser el protagonista en el drama fiscal que vive nuestro país. Su manual es conocido: evaluar las condiciones económicas de un país para luego «recomendar» políticas que, en la práctica se traducen en planes de austeridad y dolorosos «paquetazos fiscales» para los ciudadanos.
El gobierno dominicano ha confirmado la necesidad de una reforma fiscal y planea presentarla de manera formal para su discusión. El endeudamiento público, además, de la deuda externa, son los factores clave que impulsan esta decisión. Las autoridades la enmarcan dentro de un objetivo más amplio de modernización y eficiencia del Estado. El servicio de la deuda (pago de intereses y capital) consume una porción significativa del presupuesto nacional.
Es en este contexto, es que el gobierno impulsará su proyecto de reformas que, no son más que un «paquetazo» diseñado para aumentar impuestos a productos que ya tributan y, de paso, agregar otros que estaban exentos. El impacto recae de forma indiscriminada sobre todos los sectores: clase alta, media y baja. Sindicatos, grupos empresariales que se les eliminarán sus privilegios, y hasta líderes políticos de la oposición, alzarán su voz en contra.
Existe un consenso entre economistas y el propio gobierno de que las presiones fiscales actuales son insuficientes para cubrir las necesidades de la población en áreas críticas como salud, educación, seguridad ciudadana y agua potable. La reforma tiene como objetivo dotar al Estado de más recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos.
La pasada vista pública convocada por los diputados para discutir el proyecto, no fue más que un «globo de ensayo». Una estrategia calculada para medir la temperatura social y conocer la reacción de los sectores afectados: Esto le permitió al gobierno sentir el verdadero latido económico de los contribuyentes, especialmente de los empresarios, quienes saben que verán su producción mermar a consecuencia de la inevitable caída en las ventas. Saben también que se producirán transferencias de ingreso y que el fantasma de la fuga de capitales volverá a rondar.
El sistema tributario actual es considerado complejo y con numerosas exenciones (gasto tributario) que benefician a sectores específicos y, cuyos privilegios serían afectados con la reforma. Una reforma integral buscaría simplificar el sistema; hacerlo más progresivo (que paguen más quienes más tienen) y eliminar privilegios para que las «reglas sean iguales para todos».
La reforma fiscal es necesaria para enfrentar el creciente endeudamiento y las demandas sociales. Aunque su implementación es políticamente sensible, el plan es avanzar a través de un proceso de diálogo nacional para lograr el mayor consenso posible; pero el presidente debe de tener mucho cuidado con el costo político al aplicar la clásica receta del FMI que, siempre salen más perjudicados los sectores marginados. El presidente debe recordar los efectos devastadores que ocasionaron las políticas fondomonetaristas a varios países de América latina.
Durante la década de los ochenta, varios países de América Latina aplicaron las recomendaciones del FMI, generando un cóctel explosivo de protestas violentas, aumento de la desigualdad social, contracción de la producción y un incremento de la evasión fiscal que, irónicamente, afectó aún más a los sectores más pobres. Se recuerda el caso del gobierno de Salvador Jorge Blanco en abril de 1984, cuando la aplicación de políticas recomendadas por el FMI desencadenó protestas masivas que dejaron un saldo de varias muertes.
¡Cuidado! Señor presidente con el costo político que les conlleva aplicar un paquetazo por las recomendaciones del FMI.
Luis Ma. Ruiz Pou
luisruiz47@gmail.com
22/09/2025
