Por un Nuevo Contrato Social en la República Dominicana
Por Milton Olivo
La República Dominicana se encuentra en una encrucijada histórica. Si bien ha logrado avances económicos y democráticos en las últimas décadas, persisten profundas desigualdades estructurales, una centralización excesiva del poder, y una desconfianza generalizada hacia las instituciones.
Ante este panorama, se impone la necesidad de un nuevo contrato social que redefina las bases de nuestra convivencia democrática y siente las estructuras de un Estado verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
El núcleo de esta transformación debe ser una reforma constitucional profunda, que no se limite a retoques superficiales o a reformas promovidas desde los intereses de la clase política tradicional.
El poder judicial, piedra angular de cualquier república, debe dejar de ser controlado por los partidos políticos, o autoridades de turno, y pasar a manos del pueblo mediante la implementación de un sistema de jurados populares, y que los jueces sean escogidos por instancias no representantes del poder, como los Rectores Universitarios. Y el Procurador, por los “Decanos de Ciencias Jurídicas de las Universidades”. Esto permitiría una justicia más participativa, más legítima y menos influenciada por los grupos de poder, alineándose con los principios de transparencia y soberanía ciudadana.
Si bien esta transformación puede verse como una pérdida de poder para los sectores dominantes a corto plazo, en realidad constituye una turbina evolutiva que podría generar enormes beneficios a largo plazo para toda la sociedad. Una justicia creíble y accesible es esencial para la inversión, la convivencia y el respeto al Estado de derecho. Lo que se reflejará en más justicia social, más bienestar general, y más seguridad o menos delincuencia.
La descentralización debe ser otro pilar fundamental de este nuevo contrato social. El hecho de que los gobernadores provinciales no sean electos por el pueblo, sino designados por el Ejecutivo, contradice los principios básicos de la democracia.
Es urgente establecer por ley que los gobernadores sean electos por sus provincias, y que el 50% de la inversión del presupuesto nacional se distribuya como presupuesto provincial, en proporción a la población de cada territorio. Y que cada provincia organice su gabinete provincial, para impulsar sus propios planes de desarrollo local.
Esta redistribución de recursos permitiría a las provincias atender de forma autónoma sus necesidades más urgentes, promover el desarrollo de sus sectores productivos locales, y reducir las brechas históricas entre la capital y el interior del país.
La reforma también debe alcanzar a las fuerzas de seguridad. La actual Policía Nacional centralizada ha demostrado ser ineficiente, propensa a la corrupción y distante de las comunidades.
Es necesario sustituirla por policías municipales eficientes, bajo la autoridad directa de los Consejos de Regidores, quienes designarían a un director municipal de seguridad. Este enfoque permitiría una mejor supervisión ciudadana, respuestas más rápidas y un vínculo más directo entre la policía y la comunidad a la que sirve.
Una verdadera república no puede seguir gobernándose al ritmo de los intereses del poder político de turno. Es necesario reorientar el gasto público por ley, estableciendo que la inversión responda a planes estratégicos nacionales, diseñados con base en criterios técnicos y ciudadanos.
La prioridad debe ser el desarrollo sostenible, incluyendo el impulsar los sectores productivos con alto potencial y a industrias emergentes vinculadas a la Economía 4.0, como la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología y la energía renovable.
Jean-Jacques Rousseau soñó con una sociedad en la que la voluntad general dirigiera el destino colectivo. Hoy, en pleno siglo XXI, la República Dominicana tiene la oportunidad y el deber de igualar o incluso superar esos planteamientos, mediante una verdadera revolución cívica e institucional. No podemos seguir esperando resultados diferentes repitiendo las fórmulas que han fracasado. El momento de cambiar es ahora.
Un nuevo contrato social dominicano no es una utopía, es una necesidad urgente. Solo mediante una reforma constitucional profunda, la descentralización del poder, la democratización del sistema judicial y una orientación estratégica del gasto público, podremos construir un país más justo, moderno y soberano.
Es hora de devolverle el poder al pueblo y diseñar una República que funcione para todos, no solo para unos pocos.
El autor es escritor y pensador político.
