RD desafía la línea roja
República Dominicana en la mira de Washington: una propuesta de
ley sobre libertad de expresión que desafía la línea roja de la
libertad de expresión y amenaza con repercusiones históricas.
Por: Pavel De Camps Vargas
En un movimiento que ha encendido alarmas en el escenario internacional, la
República Dominicana se encuentra al borde de un conflicto diplomático con Estados
Unidos debido a un ambicioso y polémico Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad
de Expresión y Medios Audiovisuales . Esta iniciativa, impulsada por el Poder
Ejecutivo dominicano, que hasta el presidente indicó que “no puso ni una coma”, no
solo pretende regular el ecosistema digital del país, sino que desafía principios
fundamentales de la libertad de expresión y la autonomía tecnológica, colocando al
país en la mira de Washington y amenazando con consecuencias devastadoras para
sus funcionarios, su economía y su reputación democrática. ¿Está la nación caribeña
a punto de cruzar una línea roja que podría redefinir su futuro en el mundo
digital y diplomático?
Un proyecto de ley que sacude el ecosistema
digital
En el núcleo de esta controversia se encuentran los artículos 19 al 24 del proyecto,
que buscan imponer un control sin precedentes sobre gigantes tecnológicos como
Meta, Google, YouTube, TikTok y X. Estas plataformas, pilares de la comunicación
global y el comercio digital, enfrentan regulaciones que expertos internacionales han
calificado como una intromisión sin precedentes en la soberanía tecnológica y
una arquitectura legal para la intimidación y el control. Las disposiciones clave
incluyen:
● Neutralidad y transparencia algorítmica (arts. 19, 21): la ley exige que las
plataformas garanticen neutralidad en sus algoritmos y revelen cómo priorizan
contenidos, una medida que choca con los secretos industriales de estas
empresas. Obligar a revelar el núcleo tecnológico de las plataformas no
solo amenaza su competitividad, sino que viola su propiedad intelectual ,
según analistas. Este intento de controlar cómo piensan los algoritmos" es
visto como un ataque directo al corazón operativo de las tecnológicas globales y
de imponer criterios ideológicos.
● Moderación de contenidos (arts. 20, 24): las plataformas deberán justificar en
español cada eliminación, sanción o desmonetización de contenidos,
permitiendo a los usuarios defenderse activamente. Esta exigencia es
logísticamente inviable, dado el volumen de decisiones automatizadas diarias,
y podría generar costos insostenibles para las empresas. Además, presumir que
todo contenido es lícito salvo orden judicial limita la capacidad de las plataformas
para moderar según sus propias políticas, como en casos de desinformación o
discurso de odio, rompiendo con el principio de autonomía contractual.
● Representación legal obligatoria (art. 22): cualquier plataforma con más del
10 % de usuarios dominicanos debe establecer un representante legal en el
país. Esta medida, comparada con tácticas de regímenes autoritarios como los
de Rusia o Turquía, podría llevar a bloqueos o retiros temporales de
plataformas, alterando el ecosistema digital dominicano y aislando al país de la
economía digital global.
● Derecho al olvido (art. 23): aunque busca proteger la reputación, su redacción
ambigua permite eliminar contenido que afecta la dignidad, lo que podría ser
explotado por figuras públicas para borrar información veraz pero incómoda.
Esto amenaza el archivo periodístico digital y el derecho ciudadano a estar
informado, socavando la transparencia y la memoria histórica.
El proyecto crea el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un organismo
estatal con poderes extraordinarios para supervisar, sancionar y hasta ordenar la
eliminación de contenidos en plataformas digitales. Esta entidad podría convertirse
en el epicentro de un conflicto diplomático, ya que sus decisiones podrían ser
interpretadas como censura por Estados Unidos, especialmente contenidos protegidos
bajo la legislación estadounidense.
La respuesta firme de Estados Unidos: visas en
juego
Estados Unidos, bajo el liderazgo del jefe de la diplomacia Marco Rubio, ha adoptado
una postura implacable contra lo que considera acciones flagrantes de censura en
el extranjero, especialmente cuando afecta a plataformas tecnológicas
estadounidenses. Rubio ha sido claro: los funcionarios extranjeros que participen
en medidas que restrinjan el discurso protegido o interfieran con empresas
estadounidenses se enfrentarán a la denegación de visas. Esta política, respaldada
por la Orden Ejecutiva 14149 de Donald Trump, prohíbe a las agencias federales
colaborar en esfuerzos de silenciamiento en línea y refuerza la visión de internet como
la "plaza pública moderna .
El caso dominicano no es un incidente aislado. Estados Unidos ya ha criticado a
aliados como Alemania y el Reino Unido por políticas restrictivas sobre discurso de
odio, e incluso ha considerado sanciones contra un juez brasileño por bloquear
temporalmente la red social X. Si el INACOM impone sanciones que afectan
contenidos protegidos en EE.UU., los funcionarios dominicanos responsables
podrían perder el privilegio de ingresar a territorio estadounidense, una medida
que enviaría un mensaje contundente y podría escalar las tensiones bilaterales.
Un camino hacia la crisis diplomática
El establecimiento del INACOM como un organismo con autoridad para sancionar a
plataformas digitales representa un punto de inflexión. Si este ente ordena la
eliminación de contenidos que Washington considera protegidos, la República
Dominicana podría convertirse en un nuevo epicentro de conflicto diplomático .
Las posibles consecuencias incluyen:
● Sanciones diplomáticas: la denegación de visas a funcionarios dominicanos,
desde los miembros del Consejo Directivo del INACOM hasta figuras de los
poderes Ejecutivo y Legislativo podría generar una crisis política interna y
externa.
● Presiones económicas: Estados Unidos, como principal socio comercial de la
República Dominicana, podría imponer restricciones comerciales o limitar las
inversiones tecnológicas, afectando el crecimiento económico del país.
● Aislamiento digital: lo peor de todo, es que abre una brecha, dado que las
plataformas tecnológicas podrían optar por suspender operaciones en el país,
como ha ocurrido en mercados con regulaciones similares, dejando a la
población dominicana desconectada de servicios esenciales para la
comunicación, el comercio y la educación. Con esto le enviará una señal a otros
países latinoamericanos que no intenten hacer lo mismo.
En un mundo donde el algoritmo es poder y la narrativa es libertad, esta ley no es
solo un asunto doméstico, es una provocación internacional. República Dominicana
corre el riesgo de ser percibida como un referente de censura revestida de legalidad,
un precedente que podría dañar su imagen democrática y alienar a sus aliados
estratégicos.
Un futuro incierto: ¿regular o arriesgarlo todo?
La regulación de las plataformas digitales es un debate legítimo y necesario en la era
digital, pero el enfoque dominicano, con su ambición de controlar desde los algoritmos
hasta el contenido mismo, pisa la línea roja de Washington. Las voces críticas
advierten que, de avanzar sin modificaciones, esta ley podría:
● Socavar la libertad digital: al imponer controles estatales sobre la moderación
de contenidos, el país arriesga limitar el acceso a la información y coartar la libre
expresión.
● Frenar la innovación: las restricciones a las tecnológicas podrían desincentivar
la inversión extranjera y ralentizar el desarrollo del ecosistema digital
dominicano.
● Provocar un precedente global: la República Dominicana podría convertirse
en un caso de estudio sobre los peligros de regular sin considerar las
implicaciones internacionales.
¿Qué camino elegirá República Dominicana? ¿Persistirá en un proyecto que desafía
los principios de libertad digital defendidos por uno de sus principales aliados, o
buscará un equilibrio que respete tanto la regulación responsable como los derechos
fundamentales? La decisión que tomarán el Congreso y el Poder Ejecutivo en los
próximos días no solo definirá el futuro digital del país, sino también su posición en el
escenario global y su propio futuro. ¿Se convertirá la nación caribeña en un símbolo
de autoritarismo, silenciador de voces independientes, resistencia regulatoria o
en una paria diplomática? El mundo observa, y el reloj sigue corriendo.
