Proclamas electorales y una cruda realidad verdadera
Por Cándido Mercedes
“Francis Dupuis ha señalado el término “agorafobia” política para referirse a la desconfianza hacia
la deliberación pública y los procesos de toma de decisiones en común que atraviesa la tradición
occidental”. (David Graeber: El Estado contra la Democracia).
En República Dominicana oficialmente tenemos 10 meses y 15 días de campañas,
mientras en los países de la región van desde 60 días, 75, 90 y un máximo de 120 días,
aun con países que tienen una población de 220 millones de habitantes, 126 millones,
59 millones y 48 millones. Somos, al mismo tiempo, el país que al finalizar las
elecciones de mayo del 2024, el órgano electoral habrá de dictar cuatro proclamas para
el accionar de los partidos políticos, tanto a lo interno de las organizaciones partidarias
como en la competencia electoral, con los partidos que luchan por el acceso al poder en
tres poderes del Estado (Municipal, Congresual y Poder Ejecutivo).
En octubre de 2021 la junta Central Electoral emitió la Proclama 28-21 para encauzar el
periodo previo a la pre campaña, donde los aspirantes a precandidaturas podrían
celebrar reuniones al interior de los locales partidarios. Luego, la institución que regula
y controla las acciones de los partidos políticos, evacuó la Proclama 2-22 que modificó
la 28-21, sobre regulación de la precampaña y abordó todo lo que estaba permitido y
vedado a la luz de las leyes 33-18 y 20-23 (Ley de Partidos y Agrupaciones políticas y
la del Régimen Electoral)
Ahora, acaba de divulgar la proclama para la campaña electoral municipal de fecha 4 de
diciembre de 2023. Cabe subrayar que es un error que La Junta, no numere la proclama,
pues indicarla numéricamente sirve de marco diferenciador, individualizada y de marco
histórico referencial, pues ella a lo largo de sus años 100 de existencia ha emitido miles
de proclamas. Es de rigor señalar que cada una de las proclamas y resoluciones han sido
bien escritas, bien argumentadas, ponderadas, conteniendo todos los considerandos,
vistas, normas, Constitución, relativos a los eventos y accionar decisional que abordan
toda la problemática electoral de los contendores. Justo es decirlo, ha actuado bien y con
los plazos legales establecidos, con un año de antelación al periodo previo a la
precampaña.
Son los partidos políticos los que en el Congreso hacen las leyes y en el caso que nos
ocupa, vulneran las mismas (33-18 y 20-23), y hubo que darle hasta tres prórrogas para
cumplir con una calendarización que sabían desde hace mucho tiempo. Estamos en
presencia de una elite, de una partitocracia, de una casta que inobserva las leyes y
buscan adecuarlas a sus intereses particulares. El caso más patético fue el llamado de
admonición de la Junta a la luz de las dos importantes leyes que conforman el código
electoral. Es que las organizaciones partidarias no responden a la Constitución en su
Artículo 216 que reza: “Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y
movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta
Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la
democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley”.
No hay ningún país del mundo donde exista: periodo previo a la precampaña,
precampaña, campaña municipal y campaña congresual y presidencial. Cuatro
proclamas para elegir 4,113 cargos electivos que apenas representan el 0.00050207, esto
es, 0.5% del padrón electoral y 0.0003812, vale decir, el 0,3% de la población
dominicana. Tres o cuatro proclamas, con varias resoluciones alusivas todas al proceso
electoral, nos dicen como el campo del juego electoral, el juego del poder, se tipifica en
nuestra sociedad como en ninguna parte. Baste señalar que las elecciones en Argentina
son administradas por el Ministerio de Interior, un país con 3 millones de kilómetros
cuadrados, 47, 327,407 millones de habitantes y 35 millones de electores.
Las tres proclamas que se derivaran de todo el proceso electoral, más las resoluciones,
significan el grado significativo de lo que hemos denominado la economía electoral. El
tiempo, el costo, el dinero, sobre todo, en un país donde los partidos mayoritarios no
tienen diferencia ostensible ni en el orden económico, ni ideológico ni de propuestas.
Hay una ausencia, carencia de las ideas, de señalamientos creativos con imaginación y
verdadera innovación. El pragmatismo constituye la espina dorsal de los mismos y no
podemos hablar de una clase política por el nivel de su alcance y el cuerpo doctrinario
de la ética. La Proclama 2-22 que traía en su seno la regulación de la precampaña, fue
envuelta en papel de servilleta por los partidos y echada en el zafacón nauseabundo del
más abyecto politicastrismo.
La proclama del 4 de diciembre, concerniente a la campaña municipal, donde serán
elegidos alcaldías, regidurías, direcciones distritales y vocales, que suman: 158 alcaldes
y 158 vice-alcaldes; 1,164 regidores y 1,164 suplentes y 235 directores distritales y 235
subdirectores; y, 735 vocales, para un total en la competencia municipal de 3,849
puestos electivos. Hay una novedad plausible, a la luz de la nueva Ley del Régimen
Electoral, es que en el octavo y noveno entran la separación del arrastre de los regidores
con respecto a las alcaldías y al mismo tiempo, no se le computan los votos de los
distritos a los municipios. Hay niveles y boletas separadas.
La Constitución en su Artículo 212, Párrafo IV, nos dice “La Junta Central Electoral
velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de
libertad y equidad, en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del
financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites
en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
En la Proclama 2-22 del 2 de julio de 2023 el órgano electoral delimitó lo que por ley
deben de gastar (topes máximos) de los diferentes cargos de elección: alcaldes,
regidores, directores distritales, vocales, diputados, senadores, presidente y
vicepresidente.
Todo ello de acuerdo al tamaño del padrón electoral de cada territorio, provincia,
municipio y nacional. Sin embargo, en nuestro país, de cada uno de los principios
esbozados, el más cercano al cumplimiento es el de LA LIBERTAD. Los demás,
equidad, transparencia en la utilización del financiamiento, tiempos y límites en los
gastos de campañas, acceso equitativo a los medios de comunicación, no se llevan a
cabo por varios elementos concurrentes, entre ellos:
1) La cultura política de la partitocracia dominicana. La falta de decencia, de ética
en el ejercicio de la política.
2) La fuerte informalidad de la economía dominicana. El 56% del mercado laboral
actual, es informal. Una economía subterránea terrible que dificulta la
bancarización y la seguridad social.
3) El peso de la economía sumergida, esto es, el crimen organizado, narcotráfico,
narco lavado, narco política y la corrupción.
4) El peso institucional, aunque hemos mejorado, sigue siendo muy débil, por lo
que la transparencia en el gasto es muy tenue.
5) La triple dimensión del financiamiento: público, privado, este último, en
efectivo, en especie y hasta trueque rentabilizado en el tiempo. Sencillamente,
no hay real competencia y equidad.
En octubre de 2022, el PLD llevó a cabo su “consulta” nacional donde una semana
después, el candidato ganador de la “Primaria”, seleccionó su comité de campaña. Con
antelación otros partidos tenían vallas con “Inscríbete y Súmate”. El país está lleno de
vallas de candidatos a senadores, diputados y a la presidencia cuando todavía no se ha
realizado la proclama para estos 264 puestos: 190 diputados, que incluyen 5 nacionales
y 7 de ultramar, 32 senadores, 20 diputados al PARLACEN con sus respectivos
suplentes y 1 presidente y 1 vicepresidente.
Para este año 2023, el Gobierno tiene contemplado erogar en publicad, que es parte de
la propaganda política, RD$7,903 millones. Esto significa 2.16 veces más que lo que el
gobierno gastó en el 2021 que fueron RD$3,651. En el 2022 se gastaron en publicidad-
propaganda: RD$6,3774.6, vale decir, 1.74 más que en el 2021. Los gobiernos de
Danilo Medina gastaron en promedio entre 2018, 2019 y 2020, RD$5,491 millones,
siendo el más alto en el 2019 cuando gastaron RD$5,722. El gasto más alto del gobierno
de Medina Sánchez, llevado al valor presente neto, sería al día de hoy RD$7,266
millones; RD$637 millones menos de gasto que el actual gobierno. La calidad del gasto
sigue siendo un desafío.
Urge un cambio cultural de la política dominicana que tome como norte la ética y la
responsabilidad, el compromiso cierto con los intereses societales para que el peso de
las instituciones cobre cuerpo y verdadero sentido y evitar lo que David Runciman en su
libro Así termina la democracia, nos señala “Todas las democracias – todas las
sociedades – toman como referencia la suerte corrida por otros Estados con la esperanza
de vislumbrar su propio futuro. Cuando vemos las barbas del vecino pelar, queremos
saber si debemos poner las nuestras a remojar. Cuando otra democracia comienza a
desmoronarse queremos saber si se trata de un aviso sobre nuestro posible destino. La
palanca democrática es una voraz devoradora de cuentos con moralejas, siempre y
cuando sean otros sus protagonistas reales”.
