Autobuses supermercado
Cuando el Estado decide llegar. Una política pública sencilla puede hacer
más por la equidad territorial que cien discursos sobre modernización.
Por: Pavel De Camps Vargas
En la República Dominicana, hablar de desarrollo suele implicar grandes palabras:
transformación digital, inteligencia artificial, ciudades inteligentes. Todo eso importa.
Pero hay una pregunta previa, incómoda y demasiado poco formulada: ¿cómo compra
alimentos una persona mayor que vive sola en una comunidad rural? ¿Cómo
acceder a productos básicos quien debe recorrer largas distancias para llegar a un
colmado que ya no existe o no tiene todo lo necesario?
En demasiados lugares del país, la compra de comida no es un acto cotidiano, sino una
logística forzada: depender de un vecino, gastar lo que no se tiene en transporte o
resignarse a consumir lo disponible, no lo necesario. Esa realidad no suele ocupar
titulares, pero define la calidad de vida de miles de dominicanos. Y también revela una
verdad esencial: el Estado ha avanzado más rápido en los discursos que en el
territorio.
Ahí es donde una idea aparentemente modesta —los supermercados móviles— se
vuelve profundamente política.
Una solución simple para un problema estructural
Los supermercados móviles no son una ocurrencia creativa ni una extravagancia
europea. Son una respuesta pragmática a una falla del mercado: cuando la densidad
poblacional baja y la rentabilidad desaparece, el comercio se retira. Lo que queda es
una brecha silenciosa entre lo urbano y lo rural.
Vehículos adaptados (grandes autobuses refrigerados), rutas fijas, productos básicos,
horarios previsibles. Nada espectacular. Y, sin embargo, todo lo que falta en muchas
comunidades apartadas.
En países con fuerte tradición de políticas públicas territoriales, como Dinamarca, este
modelo surgió cuando el cierre de tiendas rurales y el envejecimiento poblacional
comenzaron a generar aislamiento social. Los autobuses dados de baja fueron
reconvertidos en supermercados rodantes. El Estado no compitió con el mercado;
simplemente llegó donde el mercado ya no estaba.
Funcionó porque entendió algo esencial: la eficiencia no siempre es centralización;
a veces es cercanía.
¿Tiene sentido para la República Dominicana?
No solo tiene sentido. Responde con precisión quirúrgica a una debilidad
estructural del país.
La República Dominicana combina:
● Amplias zonas rurales con población dispersa.
● Comunidades envejecidas.
● Desaparición progresiva del colmado tradicional.
● Altos costos de transporte para acceder a alimentos.
● Programas sociales existen, pero no siempre dialogan entre sí.
El resultado es una desigualdad territorial persistente que no se corrige con
transferencias monetarias aisladas ni con planes diseñados desde la capital. Se corrige
llegando, de forma regular, previsible y digna.
El valor político de una solución concreta
Un supermercado móvil no es solo un vehículo con estanterías. Es una señal clara de
Estado presente:
● Reduce la dependencia de terceros, especialmente en adultos mayores.
● Mejora el acceso a alimentos frescos.
● Disminuye gastos indirectos que empobrecen a las familias.
● Restituye autonomía cotidiana.
En provincias como Elías Piña, Bahoruco, Independencia, San Juan o Monte Plata, el
impacto sería inmediato. No en abstracto. En la mesa de los hogares pobres llegaría
alimentos frescos y de calidad.
Dinamarca: una lección incómoda para países en
desarrollo
El caso danés resulta incómodo porque desmonta una excusa frecuente en América
Latina: “eso funciona allá porque son ricos”. No. Funciona porque planificaron bien.
El modelo fue sostenible porque:
● Cuesta menos que mantener comercios físicos deficitarios.
● Usaba infraestructura existente.
● Tenía rutas claras y oferta ajustada a la demanda real.
● Medía impacto social, no solo balances financieros.
No fue un programa asistencialista. Fue una política pública racional.
Un modelo viable, no utópico, para el país
La República Dominicana no tendría que inventar nada nuevo. Solo articular mejor lo
que ya tiene.
Una integración inteligente entre:
● INABIE, para compras públicas, calidad y logística.
● Supérate, para focalización social y medios de pago.
● Ayuntamientos, para conocimiento territorial.
● Cooperativas agrícolas, como proveedoras directas.
Esto permitiría compras más transparentes, apoyo real a productores locales y una
política social que deja de ser abstracta para volverse tangible.
Un piloto posible, medible y escalable
Toda política seria empieza pequeña:
● Tres a cinco autobuses refrigerados.
● Dos provincias piloto.
● Rutas semanales fijas.
● Productos esenciales y frescos.
● Pagos mixtos: efectivo o tarjetas de los programas sociales.
● Evaluación trimestral con indicadores claros.
Si no funciona, se ajusta. Si funciona, se expande. Así operan los Estados que
aprenden.
Gobernar también es saber llegar
Los supermercados móviles no prometen modernidad discursiva. Prometen algo más
valioso: presencia efectiva del Estado donde hoy solo hay distancia.
En tiempos de grandes narrativas sobre el futuro, esta es una política que recuerda una
lección antigua y olvidada: el desarrollo comienza cuando lo básico deja de ser un
privilegio.
A veces, el progreso no llega por fibra óptica ni por inteligencia artificial. Llega por una
carretera rural, en un autobus o un camión que se detiene, abre sus puertas y devuelve
algo elemental: acceso, dignidad y normalidad.
Eso también es política pública. Y quizá, una de las más urgentes.
