¿En R.D., cumplimos con Ley de presupuesto?
El presupuesto es un plan financiero que expresa en términos numéricos (generalmente dinero) los ingresos y gastos previstos para un período determinado, con el fin de organizar, controlar y evaluar el uso de los recursos disponibles. Es una estimación anticipada de cuánto se espera recibir (ingresos) y cuánto se piensa gastar (egresos) en un lapso específico.
El presupuesto, es una norma que aprueba cada año el Congreso Nacional (en la mayoría de los países) mundo; es la herramienta fundamental para la planificación financiera del gobierno y la rendición de cuentas; es una norma jurídica que, mediante Ley, autoriza al Estado a recaudar ingresos y realizar gastos durante un ejercicio fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos determinado.
La Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06
El presupuesto no es solo una herramienta contable, sino un instrumento de política pública que refleja las prioridades del gobierno y su compromiso con el desarrollo económico y social. Es la parte moral del uso de los recursos del estado, mediante los principios de: Legalidad, Transparencia, Eficiencia, Equidad y Responsabilidad. Sobre el papel, no hay discusión: sin presupuesto aprobado, el gobierno no podría operar. Sin embargo, lo que ocurre después de la aprobación es lo que pone en tela de juicio el verdadero cumplimiento de la norma.
¿Se cumple realmente la ley de presupuesto?
En nuestro país, el “Presupuesto General del Estado” se presenta cada año como el documento rector de las finanzas públicas. Sobre el papel, es la brújula que fija techos de ingresos, gastos y prioridades nacionales. El Congreso lo aprueba, el Ejecutivo lo ejecuta y los órganos de control lo supervisan. Todo en orden. Pero la realidad dista mucho de ser tan clara. El cumplimiento de la ley de presupuesto es, en lo formal, indiscutible: sin ella, el gobierno no podría operar. Sin embargo, su aplicación práctica revela una flexibilidad que bordea el irrespeto a la norma.
Modificaciones y transferencias
A lo largo del año abundan las modificaciones, transferencias y reasignaciones, muchas veces aprobadas sin mayor debate público. No es raro que el gasto supere lo originalmente autorizado, financiado con deuda que engorda el ya pesado fardo del déficit fiscal; que generalmente. termina siendo más un ejercicio contable, que un verdadero pacto de planificación nacional. Los órganos de control —Contraloría y Cámara de Cuentas— cumplen su rol con retrasos y con un margen de acción limitado, lo que reduce el impacto de sus observaciones.
Por su parte, la ciudadanía, queda atrapada en un laberinto de cifras que pocas veces se traducen en servicios públicos eficientes o en una gestión estatal transparente, porque cumplir con la ley, no es solo aprobarla y luego ajustarla a conveniencia; es respetar su esencia, gastar con disciplina, planificar con seriedad y rendir cuentas con claridad.
Mientras ese espíritu no se asuma como norma, seguiremos repitiendo el ritual anual de un presupuesto que se cumple solo en apariencia, pero que fracasa en lo fundamental de ser un verdadero contrato entre el Estado y la sociedad.
Porque al final, el presupuesto no es solo un documento técnico. Es un reflejo de nuestras prioridades como nación. Y si no lo tomamos en serio, estaremos condenados a navegar sin rumbo, año tras año, en un mar de cifras que no nos llevan a ningún puerto.
Luis Ma. Ruiz Pou
luisruiz47@gmail.com
