Propuesta para implementar la Revisión Técnica Vehicular bajo la Ley 63-17
A propósito del artículo publicado en Diario Libre sobre las alternativas que evalúa el INTRANT para implementar la Revisión Técnica Vehicular (RTV), quisiera compartir una propuesta que he venido planteando desde hace varios años.
Cuando me desempeñaba al frente de Seguros Reservas, conversé en varias ocasiones con Franchesca de los Santos, entonces en el INTRANT, así como con representantes de varias aseguradoras, sobre la implementación de la Revisión Técnica Vehicular y su vinculación con el seguro obligatorio de vehículos establecido por ley. También sostuve conversaciones con directores de la DGII, institución que tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento de estos requisitos para otorgar el permiso de circulación.
Mi propuesta parte de un principio sencillo: la RTV no debería convertirse en una carga adicional para el Estado ni para los ciudadanos, sino en un mecanismo integrado al sistema de seguros y de control vehicular.
Todo importador, concesionario, dealer o vendedor de vehículos debería garantizar que, al momento de su venta, el vehículo cumpla con las condiciones necesarias para transitar de manera segura por las calles del país. El INTRANT, como autoridad competente, debería establecer las normas, supervisar el proceso y certificar a los talleres que cumplan con los estándares técnicos requeridos.
El seguro obligatorio ofrece una oportunidad para hacer sostenible este modelo. Las aseguradoras podrían realizar la revisión técnica como parte de sus procesos de suscripción, mantenimiento y renovación de las pólizas, de manera que el vehículo asegurado cumpla con las condiciones mínimas de seguridad. El INTRANT supervisará y certificar el sistema, estableciendo los estándares y controles necesarios.
De esta manera, la RTV no tendría que representar un costo adicional directo para el ciudadano, pues las aseguradoras ya incorporan dentro de sus costos operativos las actividades necesarias para evaluar y administrar los riesgos que aseguran.
El propio Estado debe asumir con mayor firmeza el cumplimiento de la Ley 63-17. Exigir la RTV y el seguro obligatorio como condición para otorgar o renovar el permiso de circulación no solo contribuiría a hacer cumplir la ley, sino que también podría generar importantes ahorros públicos por la reducción de accidentes, hospitalizaciones, muertes y discapacidades.
La situación es particularmente preocupante en el transporte pesado, donde todavía encontramos vehículos que circulan con problemas de frenos, luces, neumáticos y otras condiciones mecánicas que ponen en riesgo la vida de quienes utilizan nuestras vías.
Además, el INTRANT podría desarrollar un sistema de certificación de talleres de reconocida capacidad técnica, creando una red supervisada y confiable para realizar las inspecciones. Considero que este modelo puede ser más sostenible, descentralizado y económico que concentrar la solución exclusivamente en grandes contrataciones para implementar la RTV.
Mi planteamiento no responde a ningún interés personal ni empresarial. Es una propuesta que he venido haciendo desde hace años, convencido de que la seguridad vial requiere soluciones prácticas, sostenibles y que involucren a todos los sectores.
Ojalá las autoridades puedan valorar esta alternativa y abrir un espacio para discutirla. Lo importante no es solamente decidir quién realizará la revisión técnica, sino encontrar el modelo que permita ponerla finalmente en funcionamiento y hacer de nuestras calles lugares más seguros.
Atentamente,
