Democracia Dominicana, ¿ avanza o retrocede en estos últimos cinco años?
Por: Pavel De Camps Vargas
La democracia en República Dominicana vive en una permanente encrucijada: por un
lado, avanza con tímidos pasos hacia un futuro institucional más robusto; por otro,
enfrenta constantes desafíos que amenazan con revertir esos pequeños logros. La
pregunta clave que todos nos debemos hacer es: ¿estamos realmente avanzando, o
navegamos a la deriva hacia una crisis democrática sin precedentes?
En los últimos cinco años, desde 2020 hasta hoy, la nación ha experimentado cambios
significativos. La llegada al poder de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno
(PRM), rompiendo con el dominio casi absoluto del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), dio una señal clara: los ciudadanos pueden cambiar el rumbo político del país
mediante el voto. Esto representó un importante avance en términos de alternancia
democrática, demostrando que el sistema electoral, aunque imperfecto, es aún confiable
y resiliente.
Un dato revelador lo encontramos en las elecciones presidenciales del 2020: Abinader
ganó con el 52.52% del voto popular, evidenciando una voluntad ciudadana contundente
por el cambio y por romper con un ciclo de cuestionamientos éticos, corrupción y
desgaste institucional acumulado. La respuesta del nuevo gobierno no se hizo esperar,
iniciando procesos históricos contra altos exfuncionarios involucrados en escándalos
como Operación Anti-Pulpo, Coral y Coral 5G. Esto, en sí mismo, constituye un hito
destacable, pues por primera vez se observa un esfuerzo serio y sostenido por enfrentar
la corrupción desde el Ministerio Público independiente, con Miriam Germán Brito a la
cabeza.
No obstante, estos avances no están libres de cuestionamientos. Las instituciones
dominicanas aún exhiben serias fragilidades. El Congreso Nacional sigue actuando más
como una extensión partidaria que como órgano fiscalizador autónomo, y pese a la
reforma de la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, persisten prácticas como el
clientelismo electoral y la inequidad en la asignación de recursos públicos durante
campañas, algo que fue denunciado insistentemente por organizaciones como
Participación Ciudadana durante las elecciones municipales del 2024.
Tribunal Superior Electoral: Un actor clave en la
consolidación democrática
En medio de este panorama, resalta positivamente la gestión del Tribunal Superior
Electoral (TSE), el cual ha mostrado avances significativos en términos de credibilidad y
transparencia institucional. En los últimos años, el TSE ha resuelto el 95% de las
impugnaciones presentadas en tiempo récord, fortaleciendo así la confianza ciudadana
en la justicia electoral. Bajo la presidencia de Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, este
organismo ha sentado precedentes importantes sobre equidad electoral y respeto a los
derechos políticos, aportando considerablemente al fortalecimiento institucional del país.
Este dato resulta especialmente valioso si se compara con procesos anteriores, en los
que las impugnaciones electorales solían ser fuente constante de cuestionamientos y
conflictos políticos prolongados.
Libertad de expresión en riesgo: ¿Quién teme a la voz
del pueblo?
Sin embargo, la luz generada por estos logros institucionales se oscurece con un tema
especialmente delicado: la libertad de expresión y las libertades públicas. República
Dominicana, históricamente considerada como un faro democrático en el Caribe, vive
hoy una controversia alarmante debido a la propuesta de una nueva Ley sobre Libertad
de Expresión, impulsada desde sectores políticos influyentes, que busca regular e
incluso sancionar contenidos en redes sociales bajo criterios subjetivos y potencialmente
arbitrarios.
La reacción ha sido masiva y contundente: periodistas, activistas y ciudadanos en
general han denunciado esta iniciativa como un retroceso evidente y peligroso. Según
datos recientes, solo un 0.00084% de la población conectada en República Dominicana
realiza un uso inapropiado o difamatorio en plataformas digitales, esto no se aproxima al
1% de la población dominicana . La pregunta que surge con fuerza ante este dato es:
¿vale la pena poner en riesgo la libertad de millones de dominicanos para controlar las
acciones inapropiadas de una ínfima minoría?. O en el fondo lo que se busca silenciar
las voces que si realizan una comunicación responsable, o mas bien para que la
corrupción no se visualice por temor de ser silenciado.
Crisis en redes sociales y libertades públicas
Organizaciones defensoras de la libertad han alertado sobre las consecuencias
negativas que esta ley tendría sobre el debate público. El riesgo latente no es solamente
la censura directa, sino la autocensura ciudadana derivada del temor a posibles
represalias legales o multas arbitrarias, destruyendo así uno de los elementos más
vitales de cualquier democracia sana: la libertad para expresar ideas, opiniones y críticas
sin miedo.
En un país donde las redes sociales juegan un rol central en la denuncia de
irregularidades y el empoderamiento ciudadano, este intento regulatorio podría
representar un retroceso democrático considerable. La reciente protesta digital masiva
contra esta iniciativa, encabezada por movimientos juveniles y periodistas
independientes bajo el hashtag #RDLibreSinCensura, es un reflejo contundente de la
preocupación generalizada que existe en torno a este tema.
La sociedad civil: el contrapeso necesario
Un dato alentador, que se presenta como un contrapeso al riesgo de retrocesos
institucionales, es el crecimiento de una sociedad civil dominicana cada vez más crítica y
vigilante. Grupos ciudadanos organizados, movimientos juveniles y plataformas digitales
se han convertido en actores fundamentales para exigir transparencia, rendición de
cuentas y respeto por la institucionalidad democrática. La presión ciudadana constante
ha impedido la aprobación inmediata de esta ley sobre libertad de expresión,
demostrando que la participación activa es indispensable para la defensa democrática.
La gran interrogante: ¿Hacia dónde vamos?
En resumen, el balance de la democracia dominicana en estos últimos cinco años
presenta claroscuros inquietantes. Avances como la alternancia política, la lucha
anticorrupción, y el fortalecimiento del Tribunal Superior Electoral son innegables y
merecen ser reconocidos. Pero la amenaza a la libertad de expresión y la debilidad
persistente en algunas instituciones clave generan dudas legítimas sobre la calidad
democrática real del país.
La pregunta crucial que queda abierta es: ¿Estará República Dominicana a la altura del
desafío histórico de defender y consolidar sus libertades fundamentales, o sucumbirá
ante la tentación autoritaria del control y la censura?
La respuesta a esta pregunta no puede ni debe dejarse únicamente en manos de los
políticos, sino que dependerá siempre de una sociedad civil activa, consciente y
dispuesta a defender sus derechos en cada momento. Porque, al final, la democracia no
es una conquista eterna, sino una lucha diaria que exige vigilancia permanente.
¿Estamos preparados para asumir ese desafío? La historia reciente sugiere que sí, pero
el futuro siempre estará condicionado por nuestra propia determinación para defender lo
que hemos ganado con tanto esfuerzo.
