CREEN CONSULADOS DOMINICANOS EN ESTADOS UNIDOS INFRINGEN LA LEY
Pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó a las oficinas consulares para que pararan la práctica de gestionar servicios de apostillamiento de documentos extranjeros y otros servicios relacionados, los cuales, según lo establece el acuerdo de La Haya, no pueden ser ofrecidos por oficinas gubernamentales de otros países.
Tal parece que con esto lo que están haciendo los Cónsules es que han establecido un negocio personal, ya que los ingresos derivados de esta práctica ilegal no son reportados a las arcas del gobierno.
Pero además de estar incurriendo en desobedecer al MIREX, también están perjudicando de forma grosera a los dominicanos que requieren estos servicios, pues las tarifas que cobran están infladas en ocasiones hasta por 10 veces por encima del valor normal del servicio.
El negocio lo magnifican con la práctica de desviar a quienes llaman a las oficinas consulares para solicitar informaciones sobre el proceso de nacionalizar los hijos de dominicanos que nacen en el exterior. A estas personas se les indica que deben primero pasar por el Consulado para hacerles las traducciones de las actas de nacimiento y apostillarle el documento. Con ello están desinformando a las personas para beneficio propio, ya que lo correcto es dirigir a esas personas a la Junta Central Electoral, institución autorizada para la realización de ese trámite.
En investigaciones realizadas por los medios locales se ha podido determinar que con esta práctica no sólo se están perjudicando a los dominicanos residentes en el exterior, sino que además se están perjudicando a quienes, desde negocios legalizados, y que deben pagar impuestos, ofrecen estos servicios.
Entendemos que las autoridades deben tomar medidas más precisas para que esta práctica sea descontinuada, bien sea porque la misma se maneje como un negocio particular de los Cónsules o por otros funcionarios que dentro de sus oficinas y a espaldas de los incumbentes están realizando esta mala práctica que contradice el interés del presidente Luís Abinader de manejar con pulcritud y transparencia todos los servicios que da el Estado Dominicano.
