{"id":244502,"date":"2026-09-02T10:24:55","date_gmt":"2026-09-02T14:24:55","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=244502"},"modified":"2026-09-02T10:24:55","modified_gmt":"2026-09-02T14:24:55","slug":"jce-legalidad-sin-prejuicios-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/jce-legalidad-sin-prejuicios-2\/","title":{"rendered":"JCE: legalidad sin prejuicios"},"content":{"rendered":"
Por Pablo Vicente<\/div>\n
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La reciente declaraci\u00f3n de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el matrimonio de una pareja trans ha generado un debate que, m\u00e1s all\u00e1 de las posiciones sociales o culturales que pueda suscitar, debe ser examinado desde una perspectiva estrictamente jur\u00eddica.<\/div>\n
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La JCE ha explicado que el matrimonio celebrado es jur\u00eddicamente v\u00e1lido porque, conforme a las actas de nacimiento y dem\u00e1s documentos oficiales que constan en el Registro Civil, los contrayentes figuran como un hombre y una mujer. Esta explicaci\u00f3n remite directamente al marco constitucional y legal que regula el matrimonio en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/div>\n
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El art\u00edculo 55 de la Constituci\u00f3n reconoce a la familia como fundamento de la sociedad y establece, en su numeral 3, que el Estado garantiza la protecci\u00f3n de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por tanto, para el funcionario del estado civil, la determinaci\u00f3n de las condiciones jur\u00eddicas de los contrayentes debe realizarse a partir de los elementos que reconoce el ordenamiento jur\u00eddico.<\/div>\n
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En este punto resulta fundamental distinguir entre identidad personal e identidad jur\u00eddica. Una persona puede tener una determinada percepci\u00f3n o vivencia de su identidad, pero mientras el ordenamiento jur\u00eddico y los registros oficiales establezcan una determinada condici\u00f3n jur\u00eddica, las autoridades est\u00e1n obligadas a actuar conforme a ella. La Administraci\u00f3n no puede sustituir la norma por apreciaciones subjetivas.<\/div>\n
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La JCE, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano constitucional encargado de organizar y administrar el Registro Civil, debe garantizar que los actos del estado civil se inscriban de acuerdo con la Constituci\u00f3n y las leyes. Su actuaci\u00f3n, por tanto, debe estar sometida al principio de juridicidad: ninguna decisi\u00f3n administrativa puede fundamentarse en criterios distintos de aquellos que reconoce el ordenamiento jur\u00eddico.<\/div>\n
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Desde esta perspectiva, el funcionario p\u00fablico no puede decidir qui\u00e9n puede contraer matrimonio a partir de sus propias convicciones, prejuicios, creencias religiosas o percepciones sobre la orientaci\u00f3n sexual de los ciudadanos. Su obligaci\u00f3n es mucho m\u00e1s concreta: verificar que se cumplan los requisitos establecidos por la legislaci\u00f3n.<\/div>\n
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Esto es especialmente relevante cuando se trata de personas trans. La condici\u00f3n trans de una persona, por s\u00ed sola, no puede convertirse en una categor\u00eda jur\u00eddica utilizada arbitrariamente para negar derechos o imponer requisitos que la ley no contempla. Si el ordenamiento jur\u00eddico establece determinados requisitos para la celebraci\u00f3n del matrimonio, estos deben aplicarse de manera objetiva y uniforme.<\/div>\n
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De igual manera, si existe una controversia sobre la identidad jur\u00eddica de una persona, su modificaci\u00f3n registral o los efectos jur\u00eddicos que puedan derivarse de esa situaci\u00f3n, corresponde resolverla mediante los procedimientos y mecanismos establecidos por la ley y no mediante decisiones discrecionales de los funcionarios.<\/div>\n
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El caso tambi\u00e9n permite recordar que la JCE no crea el Derecho; lo aplica dentro del \u00e1mbito de sus competencias. Si el legislador o el constituyente considera necesario modificar las reglas relativas al matrimonio, a la identidad jur\u00eddica o al estado civil, corresponde hacerlo mediante los procedimientos constitucionales y legales establecidos. Mientras esas normas permanezcan vigentes, las instituciones p\u00fablicas est\u00e1n obligadas a cumplirlas.<\/div>\n
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Por eso, el debate sobre esta pareja no deber\u00eda convertirse en un juicio sobre su vida privada ni sobre sus decisiones personales. La cuesti\u00f3n jur\u00eddica es otra: determinar cu\u00e1l es la condici\u00f3n jur\u00eddica que reconoce el Registro Civil, cu\u00e1les son los requisitos establecidos por la legislaci\u00f3n para contraer matrimonio y si la autoridad actu\u00f3 dentro del marco de sus competencias.<\/div>\n
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En un Estado de Derecho, la Administraci\u00f3n no puede discriminar, pero tampoco puede legislar desde una oficina p\u00fablica. Debe aplicar la norma que existe, con independencia de las preferencias personales del funcionario o de la presi\u00f3n social que pueda generar un determinado caso.<\/div>\n
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La declaraci\u00f3n de la JCE, por tanto, debe ser valorada desde ese principio: legalidad, objetividad y seguridad jur\u00eddica. El Estado tiene la obligaci\u00f3n de garantizar que las mismas reglas sean aplicadas a todas las personas que se encuentren en una situaci\u00f3n jur\u00eddicamente equivalente.<\/div>\n
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En definitiva, en una democracia constitucional, las controversias jur\u00eddicas no deben resolverse desde la percepci\u00f3n social sobre las personas, sino desde las normas que regulan sus derechos y obligaciones. La funci\u00f3n de la JCE es garantizar esa seguridad jur\u00eddica.<\/div>\n
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El autor es abogado. Catedr\u00e1tico universitario y presidente de fujudel\u00a0fujudel@gmail.com<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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