Santo Domingo R.D.-<\/b>\u00a0La Direcci\u00f3n General de Contrataciones P\u00fablicas (DGCP) explic\u00f3 este mi\u00e9rcoles que la suspensi\u00f3n de oficio del registro de proveedores del Estado de once senadores realizada el pasado 30 de junio se efectu\u00f3 en el marco de la implementaci\u00f3n de la Ley 47-25 que entr\u00f3 en vigor en enero de este a\u00f1o, la cual establece un r\u00e9gimen de inhabilidades absolutas para los funcionarios electos y designados.<\/p>\n
El \u00f3rgano rector argument\u00f3 que, contrario a la derogada Ley n\u00fam. 340-06 que permit\u00eda la participaci\u00f3n accionaria de un 10% de los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarqu\u00eda, como es el caso de los legisladores, el nuevo marco legal vigente, establece en su art\u00edculo 38, la prohibici\u00f3n expresa de su participaci\u00f3n societaria sin importar el porcentaje e impide que estos mantengan funciones de direcci\u00f3n, gerencia o participaci\u00f3n en consejos de administraci\u00f3n.<\/p>\n
Mediante una nota de prensa, la DGCP record\u00f3 que, en el ejercicio de sus atribuciones como administrador del Registro de Proveedores del Estado, en fecha 13 de febrero del presente a\u00f1o, emiti\u00f3 la circular n\u00fam. DGCP44-PNP-2026- 001, otorgando un plazo de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles a los funcionarios y servidores del Estado dominicano comprendidos dentro de las causales de inhabilidad a los fines de que solicitaran la suspensi\u00f3n de su RPE pues agotado dicho plazo proceder\u00eda con la suspensi\u00f3n de oficio, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 69 del Reglamento \u00a0de Aplicaci\u00f3n n\u00fam. 52-26.<\/p>\n
La instituci\u00f3n reiter\u00f3 que los cruces de datos y las tareas de verificaci\u00f3n y debida diligencia que dieron como resultado lo dispuesto en el acto administrativo n\u00fam. DGCP44-2026-002421 forman parte de sus labores rutinarias para preservar la integridad del RPE.<\/p>\n
En ese sentido, aclar\u00f3 que estas disposiciones no revisten un car\u00e1cter sancionador ni constituyen una medida punitiva contra los titulares del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sino que responden a una medida de naturaleza preventiva y administrativa cuya finalidad es asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley n\u00fam. 47-25 de Contrataciones P\u00fablicas, la cual establece las inhabilidades aplicables a determinadas personas para contratar con el Estado mientras se encuentren en el ejercicio de funciones.<\/p>\n