Santo Domingo R.D.-<\/b>\u00a0En el marco del proceso de implementaci\u00f3n de la Ley 47-25 y en el ejercicio de su potestad reglamentaria, la Direcci\u00f3n General de Contrataciones P\u00fablicas (DGCP) emiti\u00f3 este lunes el Reglamento N\u00fam.\u00a0DGCP-SNCP-02-2026\u00a0<\/b>del\u00a0Procedimiento Administrativo Sancionador<\/b>, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio adecuado de la potestad sancionadora de este \u00f3rgano rector.<\/p>\n
Este Reglamento establece una separaci\u00f3n clara de funciones para asegurar la objetividad en el proceso de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de las infracciones cometidas por los proveedores del Estado, asegurando el respeto al debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jur\u00eddica en todas las actuaciones administrativas.<\/p>\n
En ese sentido, el director general de Contrataciones P\u00fablicas, Carlos Pimentel, asegur\u00f3 que este reglamento contribuir\u00e1 con el fortalecimiento de la seguridad jur\u00eddica al establecer criterios objetivos para la investigaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y decisi\u00f3n de los procedimientos sancionadores, asegurando actuaciones debidamente motivadas y transparentes.<\/p>\n
\u201cCon su entrada en vigor, se consolida un marco procedimental uniforme que contribuye a una gesti\u00f3n p\u00fablica m\u00e1s predecible, eficiente y alineada con el Estado de derecho\u201d, sostuvo Pimentel.<\/p>\n
El nuevo instrumento normativo define las competencias del \u00f3rgano rector, las etapas del procedimiento, los derechos de defensa de los administrados y los mecanismos de decisi\u00f3n, estableciendo una clara separaci\u00f3n entre las funciones de instrucci\u00f3n y sanci\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo, regula la ejecuci\u00f3n de las sanciones, su inscripci\u00f3n\u00a0en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y los efectos jur\u00eddicos derivados de la inhabilitaci\u00f3n, as\u00ed como los mecanismos de reposici\u00f3n del estatus del proveedor una vez cumplida o revocada la sanci\u00f3n.<\/p>\n
El Reglamento, que entrar\u00e1 en vigor 30 d\u00edas h\u00e1biles tras su publicaci\u00f3n oficial, tambi\u00e9n establece escalas de inhabilitaci\u00f3n en funci\u00f3n de la gravedad de la falta que va de 1 a 5 a\u00f1os y de 5 a 10 a\u00f1os, as\u00ed como criterios de proporcionalidad al momento de imponer la sanci\u00f3n tras evaluar si hubo dolo o culpa, el beneficio econ\u00f3mico obtenido y el impacto en la continuidad de los servicios p\u00fablicos.<\/p>\n
De igual manera, se introducen procedimientos simplificados para los proveedores que admitan la falta de forma expresa y propongan la reparaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/p>\n
En cuanto al alcance y concurrencia de responsabilidades, la nueva normativa establece que la inhabilitaci\u00f3n de un miembro afectar\u00e1 solidariamente a todo el consorcio. Adem\u00e1s, los efectos de la sanci\u00f3n pueden extenderse a entidades vinculadas si se demuestra fraude o simulaci\u00f3n para eludir la sanci\u00f3n.<\/p>\n