{"id":201339,"date":"2025-10-10T06:29:04","date_gmt":"2025-10-10T10:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=201339"},"modified":"2025-10-10T21:18:07","modified_gmt":"2025-10-11T01:18:07","slug":"libertad-vigilada-por-ice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/libertad-vigilada-por-ice\/","title":{"rendered":"Libertad vigilada por ICE"},"content":{"rendered":"

Pavel De Camps Vargas<\/strong><\/span><\/p>\n

Cuando la libertad tiene ojos. La vigilancia digital de ICE en Estados Unidos, ya no mira desde la sombra, pronto las redes sociales ser\u00e1n su b\u00fasqueda en EE.UU y enfrentar\u00e1 una pregunta urgente: \u00bfcu\u00e1nta libertad estar\u00e1 dispuesto a perder para sentirnos seguros?<\/span><\/p>\n

La expansi\u00f3n global de la vigilancia digital pone en jaque las libertades civiles, enfrentando a defensores de la privacidad con promotores de la seguridad en Estados Unidos. En la era de los algoritmos omnipresentes, crece la tensi\u00f3n entre la promesa de seguridad total y el riesgo de una sociedad permanentemente vigilada.<\/span><\/p>\n

En 2015, la periodista mexicana <\/span>Carmen Aristegui<\/b> descubri\u00f3 que su tel\u00e9fono hab\u00eda sido convertido en un <\/span>esp\u00eda de bolsillo<\/span><\/i>. Durante ese a\u00f1o y el siguiente, su dispositivo fue infectado con el software <\/span>Pegasus<\/b> \u2013un programa de espionaje de grado militar\u2013 debido a sus investigaciones period\u00edsticas sobre corrupci\u00f3n en las m\u00e1s altas esferas del poder. A\u00f1os despu\u00e9s, un juez confirmar\u00eda que aquella intervenci\u00f3n, realizada <\/span>sin orden judicial<\/b> durante el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, viol\u00f3 su privacidad y busc\u00f3 inhibir su labor period\u00edstica, poniendo en riesgo su integridad, la de su familia y sus fuentes. La historia de Aristegui \u2013v\u00edctima de un espionaje clandestino por revelar verdades inc\u00f3modas\u2013 ejemplifica los peligros de una era en la que las herramientas digitales de vigilancia, originalmente justificadas para combatir el crimen y el terrorismo, se vuelcan contra periodistas, activistas y ciudadanos cr\u00edticos. Este ejemplo es lo que podr\u00eda vivir los estadounidenses con la nueva vigilancia de ICE.<\/span><\/p>\n

Este caso extremo en M\u00e9xico no es aislado, sino parte de una <\/span>tendencia global<\/b>. En todas las latitudes, la tecnolog\u00eda est\u00e1 otorgando a los Estados un poder de vigilancia sin precedentes, y con ello surgen dilemas \u00e9ticos y pol\u00edticos de enorme calado. Estas tecnolog\u00edas \u2013desde malware esp\u00eda hasta el monitoreo masivo de datos personales\u2013 est\u00e1n generando un efecto escalofriante en la sociedad: voces disidentes moderan sus palabras por <\/span>temor a ser vigiladas<\/b> o sufrir represalias. Organizaciones de derechos humanos alertan que la vigilancia indiscriminada amenaza derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresi\u00f3n e incluso la protesta pac\u00edfica, convirtiendo a los ciudadanos en sujetos de autocontrol y censura. <\/span>El dilema es universal:<\/b> \u00bfhasta d\u00f3nde se puede sacrificar la libertad en nombre de la seguridad? A continuaci\u00f3n, examinamos c\u00f3mo se libra esta batalla en <\/span>Estados Unidos<\/b>, <\/span>Europa<\/b> y <\/span>Am\u00e9rica Latina<\/b>, en el pulso entre la defensa de las libertades civiles y la tentaci\u00f3n de un Estado omnipresente que todo lo ve.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Estados Unidos y la seguridad nacional a costa de la privacidad<\/b><\/h1>\n

Parad\u00f3jicamente, <\/span>Estados Unidos<\/b>, basti\u00f3n hist\u00f3rico de la democracia liberal, enfrenta hoy serias cr\u00edticas por su aparato de vigilancia. Seg\u00fan Freedom House, el pa\u00eds ocupa apenas el <\/span>12\u00ba puesto mundial en libertad digital<\/b>, se\u00f1alando la vigilancia gubernamental y la recopilaci\u00f3n de expedientes sobre periodistas, pol\u00edticos y activistas entre los factores que merman esas libertades. Tras los ataques del 11-S, Washington ampli\u00f3 dr\u00e1sticamente sus poderes de espionaje en nombre de la seguridad nacional. Programas secretos revelados en 2013 por Edward Snowden mostraron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) monitoreaba comunicaciones globales incluyendo las de ciudadanos estadounidenses y l\u00edderes aliados desatando un \u00e1lgido debate interno. Desde entonces, el pa\u00eds vive una tensi\u00f3n constante entre quienes justifican la <\/span>vigilancia masiva<\/b> por motivos de seguridad y quienes denuncian su costo para los derechos civiles.<\/span><\/p>\n

Un ejemplo claro es la <\/span>Secci\u00f3n 702<\/b> de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), autorizada tras 2001 para espiar sin orden judicial a personas fuera de EE.UU. con fines de inteligencia. Con el tiempo, esta herramienta se desvirtu\u00f3 en un mecanismo de espionaje dom\u00e9stico: agentes del FBI realizaron <\/span>millones de b\u00fasquedas<\/b> en las bases de datos de la NSA, interceptando comunicaciones de estadounidenses <\/span>sin mediaci\u00f3n judicial<\/b> incluyendo las de manifestantes, activistas por la justicia racial, <\/span>19,000 donantes<\/b> de una campa\u00f1a pol\u00edtica, periodistas e incluso miembros del Congreso. Este uso expansivo, oculto tras la capa del secreto, ha suscitado alarma.<\/span> \u201cExtender unilateralmente un programa de espionaje masivo tan flagrantemente abusado traiciona la confianza p\u00fablica\u201d<\/b>, advirti\u00f3 la Uni\u00f3n Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), reclamando al Congreso que frene su reautorizaci\u00f3n si no se introducen <\/span>reformas profundas<\/b>.<\/span><\/p>\n

Ahora en 2025, la administraci\u00f3n del presidente <\/span>Donald Trump<\/b> ha llevado la vigilancia a nuevas cotas de tecnovigilancia masiva. En pocos meses, Washington aceler\u00f3 el despliegue de una vasta infraestructura tecnol\u00f3gica que escanea redes sociales sin autorizaci\u00f3n, analiza datos biom\u00e9tricos, financieros y m\u00e9dicos, intercepta comunicaciones telef\u00f3nicas y registra matr\u00edculas de autom\u00f3viles para rastrear movimientos, todo <\/span>sin control judicial previo<\/b>. Por primera vez, el Gobierno <\/span>presume abiertamente<\/b> de este sistema, enfocado inicialmente en perseguir a inmigrantes y extranjeros dentro del pa\u00eds. <\/span>\u201cLa vigilancia en EE.UU. no empez\u00f3 con Trump, ni concluir\u00e1 cuando \u00e9l deje la Casa Blanca. Sus cimientos se establecieron durante d\u00e9cadas, con apoyo bipartidista, bajo el pretexto de la seguridad nacional\u201d<\/b>, explica Esra\u2019a Al Shafei, activista barein\u00ed de derechos civiles que estudia este fen\u00f3meno. Detr\u00e1s de esta expansi\u00f3n hay presupuestos destinados a agencias de inteligencia y a proveedores privados; empresas de tecnolog\u00eda militar como <\/span>Palantir<\/b>, <\/span>Anduril<\/b> o <\/span>GEO Group<\/b> han obtenido contratos millonarios aportando al Gobierno las herramientas digitales para construir este Estado de vigilancia.<\/span><\/p>\n

Entre las nuevas t\u00e1cticas, destaca el uso de <\/span>algoritmos de inteligencia artificial<\/b> aplicados al control social. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirm\u00f3 en abril que utiliza una herramienta llamada <\/span>Babel X<\/b> para recopilar informaci\u00f3n de redes sociales sobre viajeros considerados sospechosos, rastreando sus publicaciones en busca de <\/span>se\u00f1ales de alarma<\/span><\/i>. A su vez, el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) ha admitido que emplea el programa <\/span>SocialNet<\/b>, que agrega datos de m\u00e1s de 200 fuentes \u2013incluyendo perfiles de Facebook, Twitter\/X, Instagram, LinkedIn e incluso aplicaciones de citas\u2013 para construir perfiles detallados de personas bajo su lupa. Washington reconoce oficialmente que basta con encontrar en los feeds de alguien \u201cactividad antisemita\u201d \u2013por ejemplo, haberse manifestado en redes contra determinadas acciones militares de un pa\u00eds aliado\u2013 para <\/span>denegarle<\/b> el derecho de asilo o la ciudadan\u00eda. Asimismo, se anima a los funcionarios estadounidenses a <\/span>denunciar a sus colegas<\/b> si perciben en ellos alg\u00fan tipo de \u201csesgo anticristiano\u201d, seg\u00fan una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025. \u201cUsar la vigilancia en redes sociales para intimidar, acosar, alienar, deportar, encarcelar o arrestar es antit\u00e9tico a muchos de los principios sobre los que se basa la democracia\u201d, ha advertido Paromita Shah, directora de la ONG <\/span>Just Futures Law<\/span><\/i>, frente a estas medidas.<\/span><\/p>\n

Las redes sociales, sin embargo, son solo la superficie de esta estrategia. Para alimentar la maquinaria de seguimiento automatizado hacen falta vol\u00famenes masivos de <\/span>datos personales<\/b>. Una parte de esa informaci\u00f3n el gobierno la obtiene <\/span>compr\u00e1ndola<\/b> a corredores de datos privados (<\/span>data brokers<\/span><\/i>) como Thomson Reuters o LexisNexis. Estas empresas comercian con perfiles exhaustivos de millones de personas con hasta <\/span>10,000 datos diferentes por individuo<\/b>, recopilados del rastro digital que incluyen desde nombre, direcci\u00f3n, ingresos y h\u00e1bitos de compra hasta historial m\u00e9dico, preferencias de ocio, e incluso detalles \u00edntimos como el perfil emocional o la vida sentimental de cada quien. Simult\u00e1neamente, la administraci\u00f3n Trump cre\u00f3 una nueva entidad, el <\/span>Departamento de Eficiencia Gubernamental<\/b> (apodado ir\u00f3nicamente <\/span>DOGE<\/span><\/i>), que ha centralizado bases de datos sensibles de <\/span>cientos de millones<\/b> de ciudadanos procedentes de otras agencias federales desde declaraciones fiscales hasta historiales cl\u00ednicos. Con estos dos caudales de informaci\u00f3n, empresas contratistas est\u00e1n construyendo herramientas de control sin precedentes: la compa\u00f1\u00eda Palantir, por ejemplo, acumula m\u00e1s de <\/span>2,700 millones de d\u00f3lares<\/b> en contratos con el Gobierno para desarrollar una nueva plataforma de deportaci\u00f3n (<\/span>ImmigrationOS<\/span><\/i>) que integra todos esos datos y agiliza la localizaci\u00f3n y expulsi\u00f3n de migrantes.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

MAPA DE LIBERTAD DE PRENSA<\/b><\/p>\n

El giro hacia una <\/span>vigilancia total<\/b> en EE.UU. enciende alertas sobre sus implicaciones democr\u00e1ticas. En marzo de 2025, el prestigioso monitor internacional <\/span>CIVICUS<\/b> agreg\u00f3 por primera vez a Estados Unidos a su watchlist de pa\u00edses con r\u00e1pido deterioro de las libertades c\u00edvicas, situ\u00e1ndose junto a naciones con historia autoritaria. El informe cit\u00f3 una serie de medidas recientes desde el despido masivo de empleados p\u00fablicos y su sustituci\u00f3n por leales al nuevo gobierno, hasta la restricci\u00f3n del acceso de la prensa a las ruedas informativas presidenciales como parte de un<\/span> \u201cataque sin precedentes al Estado de derecho, no visto desde la era del macartismo\u201d<\/b>, que estar\u00eda creando un ambiente de <\/span>miedo<\/b> para la disidencia. En la pr\u00e1ctica, Estados Unidos ha pasado a ser calificado s\u00f3lo como un espacio \u201cestrecho\u201d para la sociedad civil, seg\u00fan CIVICUS, con violaciones ocasionales a derechos de asociaci\u00f3n, protesta pac\u00edfica y expresi\u00f3n. Que el pa\u00eds de la Primera Enmienda figure ahora en listas de vigilancia de libertades supone una <\/span>llamada de atenci\u00f3n<\/b>: refleja la preocupaci\u00f3n de que la patria de la libertad est\u00e9 adoptando t\u00e1cticas de vigilancia y control dignas de reg\u00edmenes que hist\u00f3ricamente critic\u00f3, sacrificando privacidad y transparencia en pos de una seguridad omnipresente.<\/span><\/p>\n

Europa y sus derechos digitales frente a espionaje en la sombra<\/b><\/h1>\n

En Europa, el p\u00e9ndulo parece inclinarse hacia el otro lado. El Viejo Continente ha erigido con los a\u00f1os un robusto andamiaje legal para la protecci\u00f3n de la privacidad individual. Ya en 1981, el <\/span>Convenio 108<\/b> del Consejo de Europa estableci\u00f3 est\u00e1ndares pioneros en materia de datos personales, reconociendo la privacidad como un derecho humano esencial para la dignidad y la libertad en la era digital. Hoy la Uni\u00f3n Europea cuenta con algunas de las leyes de protecci\u00f3n de datos m\u00e1s estrictas del mundo, notablemente el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos (<\/span>GDPR<\/b>)\u2013 y cada Estado miembro dispone de agencias de supervisi\u00f3n independientes. En teor\u00eda, los ciudadanos europeos gozan de garant\u00edas formales m\u00e1s s\u00f3lidas frente a la vigilancia abusiva que sus pares de otras regiones.<\/span><\/p>\n

Esa vocaci\u00f3n garantista se ha traducido en <\/span>acciones concretas<\/b>. Los tribunales europeos no han dudado en frenar los excesos de vigilancia cuando chocan con los derechos fundamentales. Un caso emblem\u00e1tico ocurri\u00f3 en 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la UE <\/span>invalid\u00f3<\/b> el acuerdo de transferencia de datos UE-EE.UU. conocido como <\/span>Privacy Shield<\/b>. La corte concluy\u00f3 que el acuerdo no ofrec\u00eda una protecci\u00f3n adecuada contra la intromisi\u00f3n de los programas de vigilancia estadounidenses, violando as\u00ed el derecho a la privacidad de los europeos. Fue la segunda vez \u2013ya en 2015 se hab\u00eda tumbado el previo acuerdo Safe Harbor\u2013 que Europa cancelaba un pacto de transferencias de datos con EE.UU. debido a las pr\u00e1cticas de espionaje de la inteligencia norteamericana. Otro hito ocurri\u00f3 en 2021: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamin\u00f3 que el sistema de <\/span>interceptaci\u00f3n masiva<\/b> de comunicaciones del Reino Unido (revelado por Snowden a\u00f1os antes) violaba el derecho a la privacidad <\/span>y<\/b> la libertad de expresi\u00f3n, al carecer de salvaguardias suficientes e independencia en su control. Los jueces europeos subrayaron que incluso si la vigilancia masiva se justifica contra amenazas graves, debe estar sujeta a \u201c<\/span>garant\u00edas de extremo a extremo<\/b>\u201d desde la autorizaci\u00f3n previa por un ente verdaderamente independiente, hasta supervisi\u00f3n y revisi\u00f3n <\/span>ex post facto<\/span><\/i> para prevenir abusos. Este tipo de sentencias han forzado reformas; por ejemplo, el Reino Unido reemplaz\u00f3 su marco legal por la <\/span>Ley de Poderes de Investigaci\u00f3n<\/b> (<\/span>Investigatory Powers Act<\/span><\/i>, IPA) en 2016, intentando introducir mayor supervisi\u00f3n a sus agencias de inteligencia.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, Europa no es inmune a los <\/span>esc\u00e1ndalos de espionaje digital<\/b>. En los \u00faltimos a\u00f1os ha estallado el llamado <\/span>Pegasus-Gate<\/b> en el coraz\u00f3n de la UE: varios gobiernos del bloque habr\u00edan utilizado el spyware <\/span>Pegasus<\/b> \u2013desarrollado por la empresa israel\u00ed NSO Group\u2013 para espiar a opositores pol\u00edticos, periodistas e incluso l\u00edderes extranjeros. Una comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n del Parlamento Europeo (<\/span>PEGA<\/span><\/i>), establecida en 2022, revel\u00f3 que pa\u00edses como <\/span>Polonia<\/b> y <\/span>Hungr\u00eda<\/b> admitieron haber adquirido Pegasus, y exist\u00edan sospechas fundadas de su uso para vigilar a rivales del gobierno. El propio comit\u00e9 naci\u00f3 al calor de revelaciones impactantes en Espa\u00f1a: el esc\u00e1ndalo bautizado como <\/span>CatalanGate<\/b> destap\u00f3 que al menos <\/span>65 personas<\/b> del entorno independentista catal\u00e1n incluyendo pol\u00edticos, abogados y activistas fueron objetivo de Pegasus, con sus tel\u00e9fonos infectados silenciosamente para extraer mensajes y convertirlos en micr\u00f3fonos encubiertos. Incluso el presidente del Gobierno espa\u00f1ol, <\/span>Pedro S\u00e1nchez<\/b>, confirm\u00f3 que su m\u00f3vil oficial hab\u00eda sido hackeado con Pegasus, al igual que los dispositivos de su ministra de Defensa y otros altos cargos, en hechos coincidentes con crisis pol\u00edticas y diplom\u00e1ticas. Otras democracias europeas han enfrentado situaciones parecidas: en <\/span>Francia<\/b>, se supo que el presidente Emmanuel Macron figuraba en la lista de posibles objetivos de espionaje con Pegasus, seg\u00fan investigaciones period\u00edsticas de 2021; en <\/span>Reino Unido<\/b>, expertos de Citizen Lab alertaron que la oficina del entonces primer ministro Boris Johnson pudo haber sido blanco de intentos de hackeo con el mismo software en 2020-2021. La lista sigue: <\/span>Grecia<\/b> destap\u00f3 el espionaje al l\u00edder de un partido de oposici\u00f3n con un malware similar, y en <\/span>otros pa\u00edses<\/b> se investigan usos de herramientas esp\u00eda por parte de altos funcionarios con fines pol\u00edticos. En s\u00edntesis, la promesa europea de privacidad tambi\u00e9n ha sido puesta a prueba por las tentaciones del Gran Hermano digital.<\/span><\/p>\n

La respuesta desde Bruselas y las capitales europeas, ante estas revelaciones, ha sido de en\u00e9rgico rechazo ret\u00f3rico y llamados a la acci\u00f3n. El Supervisor Europeo de Protecci\u00f3n de Datos (<\/span>EDPS<\/b>), m\u00e1xima autoridad comunitaria en la materia, pidi\u00f3 <\/span>prohibir<\/b> la explotaci\u00f3n de programas esp\u00eda como Pegasus, calific\u00e1ndolos de amenaza para la democracia debido a que su capacidad intrusiva es pr\u00e1cticamente incontrolable y \u201cpuede socavar la esencia del derecho a la privacidad\u201d. El Parlamento Europeo estableci\u00f3 la comisi\u00f3n especial PEGA, cuyo presidente, <\/span>Juan Fernando L\u00f3pez Aguilar<\/b>, afirm\u00f3 que al menos \u201chabr\u00e1 que <\/span>regular Pegasus<\/b>\u201d, dado que afecta \u201cderechos fundamentales altamente protegidos en la Carta de Derechos de la UE\u201d. Dicha comisi\u00f3n ha recomendado una <\/span>moratoria<\/b> europea en la compra de spyware mientras no existan marcos legales estrictos para su uso. Al mismo tiempo, el Consejo de Europa organismo paneuropeo de derechos humanos encendi\u00f3 las alarmas: en diciembre de 2024, su <\/span>Comisi\u00f3n de Venecia<\/b> public\u00f3 un informe exhortando a regular el uso de estas tecnolog\u00edas de vigilancia de forma compatible con el Estado de derecho, ante la creciente preocupaci\u00f3n por su uso ileg\u00edtimo contra la sociedad civil. En la arena pol\u00edtica incluso se debate la posibilidad de <\/span>vetar completamente<\/b> la comercializaci\u00f3n de Pegasus y herramientas similares dentro de la UE.<\/span><\/p>\n

A pesar de la firmeza normativa y discursiva, Europa sigue caminando una <\/span>fina l\u00ednea<\/b>. Sus agencias de inteligencia alegan necesitar poderes de vigilancia para prevenir atentados terroristas y amenazas h\u00edbridas. La diferencia sustancial es que, en la UE, la conciencia p\u00fablica y los contrapesos institucionales han impuesto l\u00edmites m\u00e1s claros: la cultura jur\u00eddica europea parte de que la privacidad es un derecho inalienable, por lo que cualquier intromisi\u00f3n debe ser proporcional y <\/span>excepcional<\/span><\/i>. Esa cultura de derechos fundamentales ha logrado que muchos abusos salgan a la luz y se corrijan. No obstante, los incidentes de espionaje dom\u00e9stico demuestran que ninguna democracia est\u00e1 a salvo de la tentaci\u00f3n de espiar a quienes cuestionan al poder. La batalla en Europa, por tanto, se centra en <\/span>c\u00f3mo mantener la seguridad sin renunciar a los valores democr\u00e1ticos<\/b>. El desaf\u00edo es lograr que las fuerzas de seguridad cuenten con herramientas eficaces contra verdaderas amenazas, pero bajo un escrutinio riguroso que impida que el remedio la vigilancia termine matando al paciente: la libertad individual y la confianza ciudadana en sus instituciones.<\/span><\/p>\n

Am\u00e9rica Latina entre la vigilancia sin control y la lucha por la privacidad<\/b><\/h1>\n

En <\/span>Am\u00e9rica Latina<\/b>, el panorama de la vigilancia digital combina avances legales significativos con preocupantes pr\u00e1cticas heredadas. En a\u00f1os recientes, varios pa\u00edses latinoamericanos han emprendido un giro proteccionista en materia de privacidad: por ejemplo, <\/span>Brasil<\/b> aprob\u00f3 en 2018 su Ley General de Protecci\u00f3n de Datos inspirada en el GDPR europeo; <\/span>Colombia<\/b> y <\/span>Argentina<\/b> modernizaron sus marcos normativos; y en naciones como <\/span>El Salvador<\/b> y <\/span>Guatemala<\/b> empiezan a discutirse leyes de protecci\u00f3n de datos de \u00faltima generaci\u00f3n. Estas iniciativas reconocen que, en la era digital, los datos personales merecen salvaguardas jur\u00eddicas robustas. De hecho, desde la d\u00e9cada de 1980 la figura del <\/span>habeas data<\/b> el derecho a acceder y corregir informaci\u00f3n personal en registros existe en varias constituciones latinoamericanas, como reacci\u00f3n a los abusos de los archivos de inteligencia en tiempos dictatoriales.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, esas garant\u00edas sobre el papel coexisten con una realidad de espionaje estatal <\/span>opaco y a menudo impune<\/b>. Am\u00e9rica Latina ha sido terreno f\u00e9rtil para la proliferaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de vigilancia sin suficiente control democr\u00e1tico. No por casualidad, <\/span>M\u00e9xico<\/b> fue el <\/span>primer pa\u00eds del mundo<\/b> en comprar el sistema Pegasus de espionaje telef\u00f3nico, que NSO Group vend\u00eda s\u00f3lo a gobiernos. Durante la \u00faltima d\u00e9cada, este software fue adquirido o usado por diversas agencias mexicanas desde la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional y el CISEN (centro de inteligencia civil) hasta la entonces Procuradur\u00eda General y miles de ciudadanos resultaron potencialmente vigilados. Una filtraci\u00f3n revelada en 2021 por el Proyecto Pegasus mostr\u00f3 que los n\u00fameros de al menos <\/span>15,000 mexicanos<\/b> aparec\u00edan en la base de datos de posibles blancos de Pegasus, incluyendo<\/span> sacerdotes<\/b>, <\/span>periodistas<\/b>, <\/span>defensores de derechos humanos<\/b>, <\/span>v\u00edctimas del crimen e incluso ni\u00f1os<\/b>. La magnitud de la lista, la m\u00e1s abultada a nivel mundial desmont\u00f3 el argumento de que este espionaje se limitaba a criminales peligrosos, evidenciando un uso <\/span>indiscriminado<\/b> con fines pol\u00edticos.<\/span><\/p>\n

En el pasado gobierno <\/span>Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador<\/b> prometi\u00f3 p\u00fablicamente que su gobierno no emplear\u00eda Pegasus. Pero investigaciones de la ONG <\/span>R3D<\/span><\/i> (Red en Defensa de los Derechos Digitales) con apoyo del Citizen Lab demostraron que los abusos continuaron incluso bajo su administraci\u00f3n. Periodistas y activistas de alto perfil siguieron siendo vigilados ilegalmente. Un caso notorio: <\/span>Raymundo Ramos<\/b>, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, fue hackeado con Pegasus al menos tres veces en 2020 una de ellas, pocos d\u00edas despu\u00e9s de que se divulga un video donde militares ejecutaron extrajudicialmente a civiles, caso que \u00e9l hab\u00eda denunciado p\u00fablicamente. Del mismo modo, el periodista y escritor <\/span>Ricardo Raphael<\/b> sufri\u00f3 reinfecciones constantes: luego de haber sido espiado en 2016-17 por sus reportajes, volvi\u00f3 a ser hackeado al menos tres veces en 2019 y otra en 2020, justo despu\u00e9s de publicar una columna sobre detenciones arbitrarias y acusar de encubrimiento al entonces fiscal general. Es evidente que, pese al cambio de gobierno, <\/span>sectores del Estado mexicano<\/b> siguieron usando Pegasus para vigilar a voces cr\u00edticas, contraviniendo las \u00f3rdenes expresas del presidente y vulnerando la ley.<\/span><\/p>\n

La impunidad ha sido la norma: en enero de 2024, el \u00fanico funcionario llevado a juicio por el caso Pegasus un excolaborador acusado de espionaje contra Carmen Aristegui fue <\/span>absuelto<\/b> por falta de pruebas. M\u00e1s de <\/span>siete a\u00f1os<\/b> despu\u00e9s de las primeras denuncias de espionaje ilegal en M\u00e9xico, ning\u00fan alto mando ha rendido cuentas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Otro caso paradigm\u00e1tico en la regi\u00f3n es <\/span>El Salvador<\/b>. A inicios de 2022 se supo que el spyware Pegasus hab\u00eda sido utilizado para infectar los tel\u00e9fonos de al menos <\/span>35 periodistas y miembros de la sociedad civil<\/b> salvadore\u00f1a. Un informe del Citizen Lab detall\u00f3 que las infecciones ocurrieron entre <\/span>julio de 2020 y noviembre de 2021<\/b>, coincidiendo con investigaciones period\u00edsticas que expon\u00edan negociaciones clandestinas del gobierno del presidente Nayib Bukele con pandillas criminales supuestamente para reducir la violencia a cambio de favores pol\u00edticos. Los dispositivos hackeados pertenec\u00edan en su mayor\u00eda a reporteros del medio digital <\/span>El Faro<\/span><\/i> y de otras publicaciones independientes que hab\u00edan revelado posibles casos de corrupci\u00f3n y pactos oscuros del gobierno. Si bien no se hall\u00f3 una \u201cpistola humeante\u201d que vincule directamente el software al gobierno, los expertos se\u00f1alaron que la actividad de Pegasus en El Salvador fue tan <\/span>focalizada en objetivos nacionales<\/b> que resulta muy dif\u00edcil pensar en un actor distinto al Estado. El gobierno de Bukele neg\u00f3 rotundamente cualquier v\u00ednculo con Pegasus, pero la comunidad internacional recibi\u00f3 la noticia con preocupaci\u00f3n. Un investigador describi\u00f3 la \u201cagresividad y persistencia\u201d de estos hackeos como algo \u201c<\/span>asombroso<\/b>\u201d. \u201cHe visto muchos casos de Pegasus, pero lo que m\u00e1s me perturb\u00f3 fue que esto ocurri\u00f3 junto con <\/span>amenazas f\u00edsicas y ret\u00f3rica violenta<\/b> contra la prensa en El Salvador, pero El Salvador al menos es una democracia\u201d. La reflexi\u00f3n resume el sentir de muchos: pr\u00e1cticas propias de reg\u00edmenes autoritarios se est\u00e1n normalizando en <\/span>democracias fr\u00e1giles<\/b> bajo la excusa de mantener la seguridad y el orden.<\/span><\/p>\n

El problema trasciende a M\u00e9xico o El Salvador. En diversos pa\u00edses latinoamericanos ha habido denuncias de <\/span>espionaje pol\u00edtico<\/b>. En <\/span>Colombia<\/b>, por ejemplo, se destaparon en 2020 operaciones de inteligencia ilegal (el caso <\/span>Perfilaciones<\/span><\/i>) que vigilaban a periodistas nacionales y corresponsales extranjeros. En <\/span>Ecuador<\/b>, organizaciones acusaron al gobierno anterior de utilizar sistemas de vigilancia masiva suministrados por potencias extranjeras. Incluso en democracias m\u00e1s consolidadas como <\/span>Chile<\/b> o <\/span>Argentina<\/b> han surgido esc\u00e1ndalos de interceptaciones indebidas de comunicaciones de opositores y l\u00edderes sociales. La constante es la misma: un <\/span>d\u00e9ficit de controles<\/b> y de transparencia. Mientras las fuerzas de seguridad latinoamericanas invocan la lucha contra el crimen organizado como una preocupaci\u00f3n real en sociedades azotadas por la violencia, con demasiada frecuencia las herramientas de vigilancia terminan desplegadas contra objetivos <\/span>civiles o pol\u00edticos<\/b>, y no contra las redes criminales.<\/span><\/p>\n

A diferencia de Europa, en la mayor\u00eda de pa\u00edses latinoamericanos las instituciones de fiscalizaci\u00f3n, congresos, poder judicial, organismos aut\u00f3nomos de derechos humanos tienen menos poder o independencia para auditar a las agencias de seguridad. Esto ha generado un vac\u00edo de <\/span>rendici\u00f3n de cuentas<\/b>: proliferan los sistemas de vigilancia sofisticados, pero no as\u00ed las garant\u00edas. No obstante, la creciente visibilidad de estos casos est\u00e1 despertando una incipiente <\/span>conciencia p\u00fablica<\/b>. En varios lugares, la sociedad civil y la prensa libre est\u00e1n forzando discusiones antes impensables sobre el derecho a la privacidad. La aprobaci\u00f3n de leyes inspiradas en el GDPR es un s\u00edntoma de ese cambio cultural, aunque su eficacia depender\u00e1 de la voluntad pol\u00edtica para hacerlas cumplir aun cuando los poderosos est\u00e9n implicados en los abusos.<\/span><\/p>\n

Impunidad o <\/b>accountability<\/i><\/b> esa es la disyuntiva en Am\u00e9rica Latina. Por ahora, lamentablemente, <\/span>predomina la impunidad<\/b>. Pero cada reportaje que expone un <\/span>Ej\u00e9rcito Esp\u00eda<\/span><\/i> (como se titul\u00f3 la investigaci\u00f3n sobre militares mexicanos usando Pegasus), cada juicio que documenta el atropello a un periodista, a\u00f1ade presi\u00f3n para reformar el sistema. La regi\u00f3n se encuentra en una encrucijada: puede adoptar la v\u00eda de institucionalizar el Estado de vigilancia bajo la sombra del autoritarismo, o fortalecer sus todav\u00eda j\u00f3venes mecanismos democr\u00e1ticos para garantizar que la era digital no sepulte las libertades por las que tanto luch\u00f3.<\/span><\/p>\n

Rep\u00fablica Dominicana y vigilancia sin rostro<\/b><\/h1>\n

En la Rep\u00fablica Dominicana, la vigilancia digital no se impone con el estruendo de los sistemas de espionaje masivo ni con las revelaciones de un Snowden caribe\u00f1o, sino con el <\/span>silencio c\u00f3mplice de la normalidad<\/b>. Aqu\u00ed, el control no llega disfrazado de seguridad nacional, sino de modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica. La digitalizaci\u00f3n del Estado, la expansi\u00f3n de las bases de datos biom\u00e9tricas y el uso pol\u00edtico de las redes sociales est\u00e1n configurando un escenario de <\/span>vigilancia difusa<\/b>: no se ve, no se discute, pero opera.<\/span><\/p>\n

Desde el auge de las c\u00e1maras de reconocimiento facial en espacios p\u00fablicos hasta la recopilaci\u00f3n de datos en plataformas estatales sin protocolos claros de protecci\u00f3n, el pa\u00eds vive una transici\u00f3n silenciosa hacia un modelo de <\/span>ciudadan\u00eda rastreable<\/b>. Las instituciones p\u00fablicas sin un marco legal robusto de protecci\u00f3n de datos personales han acumulado bases de informaci\u00f3n cada vez m\u00e1s detalladas: huellas dactilares, rostros, direcciones, h\u00e1bitos digitales, registros m\u00e9dicos y financieros. Todo en nombre de la eficiencia y la transparencia, pero sin garant\u00edas efectivas de control ciudadano ni auditor\u00eda independiente.<\/span><\/p>\n

Parad\u00f3jicamente, mientras los dominicanos depositan su confianza en sistemas digitales, <\/span>no existe una ley de protecci\u00f3n de datos moderna y eficaz<\/b> ni un organismo regulador verdaderamente aut\u00f3nomo. La Ley 172-13 aprobada hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, qued\u00f3 obsoleta frente a la complejidad del ecosistema digital actual. En la pr\u00e1ctica, las instituciones pueden cruzar informaci\u00f3n de forma discrecional, las empresas tecnol\u00f3gicas operan sin l\u00edmites claros, y los ciudadanos rara vez saben <\/span>qui\u00e9n recopila sus datos, para qu\u00e9 y con qu\u00e9 fines<\/b>.<\/span><\/p>\n

Pero el riesgo m\u00e1s inquietante no est\u00e1 en la infraestructura tecnol\u00f3gica, sino en su <\/span>uso pol\u00edtico<\/b>. En los \u00faltimos a\u00f1os, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla de la vigilancia y la manipulaci\u00f3n informativa. Equipos digitales vinculados a partidos o campa\u00f1as pol\u00edticas monitorean conversaciones, etiquetan influenciadores, rastrean opiniones y dise\u00f1an estrategias de descr\u00e9dito o amplificaci\u00f3n algor\u00edtmica seg\u00fan conveniencia electoral. La vigilancia en l\u00ednea ya no se dirige s\u00f3lo a prevenir delitos, sino a <\/span>mapear ideolog\u00edas y controlar narrativas<\/b>. En la Rep\u00fablica Dominicana, el espionaje digital no necesita micr\u00f3fonos ocultos: basta con un tuit, un comentario o una cr\u00edtica p\u00fablica para ser observado, clasificado y eventualmente silenciado.<\/span><\/p>\n

La otra cara de esta vigilancia es la <\/span>autocensura ciudadana<\/b>. Muchos periodistas, activistas y acad\u00e9micos reconocen evitar ciertos temas en redes sociales, conscientes de que cada publicaci\u00f3n deja una huella. En el pa\u00eds donde las <\/span>fake news<\/b> se propagan m\u00e1s r\u00e1pido que los desmentidos oficiales, el miedo a ser malinterpretado o atacado digitalmente se ha vuelto una forma de control social m\u00e1s eficaz que cualquier ley. El problema no es solo de derechos individuales, sino de <\/span>salud democr\u00e1tica<\/b>: una ciudadan\u00eda que se calla por temor deja de fiscalizar, de cuestionar, de participar.<\/span><\/p>\n

A diferencia de Estados Unidos o Europa, la Rep\u00fablica Dominicana a\u00fan est\u00e1 a tiempo de construir un <\/span>modelo de democracia digital preventiva, capaz de equilibrar innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y libertades p\u00fablicas<\/b>. Pero el reloj corre. Urge actualizar la legislaci\u00f3n sobre datos personales, establecer protocolos de transparencia en el uso de inteligencia artificial estatal y crear un marco \u00e9tico para el uso de biometr\u00eda y monitoreo ciudadano. Sin ello, el pa\u00eds corre el riesgo de convertirse en una <\/span>democracia vigilada sin haberlo notado<\/b>, una naci\u00f3n donde la tecnolog\u00eda, en vez de emancipar, termine domesticando la libertad.<\/span><\/p>\n

Porque la vigilancia, cuando se normaliza, deja de ser una amenaza visible y se convierte en parte del paisaje. Y <\/span>cuando la libertad se acostumbra a ser observada, deja de ser libertad<\/b>: se transforma en simple obediencia digital.<\/span><\/p>\n

Hoy en d\u00eda la ubicuidad de la <\/span>vigilancia digital<\/b> plantea uno de los dilemas fundamentales del siglo: c\u00f3mo reconciliar la leg\u00edtima <\/span>necesidad de seguridad<\/b> con la preservaci\u00f3n de las <\/span>libertades<\/b> que definen a una sociedad abierta. Los gobiernos, desde Washington hasta Pek\u00edn, argumentan que las herramientas de monitoreo masivo son indispensables para prevenir delitos, atentados terroristas o des\u00f3rdenes. Pero la promesa de una seguridad total conlleva el riesgo de dar paso a un <\/span>Estado de vigilancia omnipresente<\/b>, un <\/span>Gran Hermano<\/i><\/b> digital capaz de registrar cada movimiento, palabra y relaci\u00f3n de los individuos. Las consecuencias de cruzar ese umbral son profundas. Una ciudadan\u00eda que siente ojos electr\u00f3nicos posados sobre ella puede dejar de ejercer sus derechos por <\/span>miedo<\/b>: se enfr\u00eda la libertad de expresi\u00f3n, se paraliza la cr\u00edtica, se disuade la protesta social, erosionando los cimientos mismos de la democracia. La vigilancia indiscriminada invierte la premisa liberal b\u00e1sica en lugar de \u201cinocente hasta que se demuestre lo contrario\u201d, todos pasamos a ser <\/span>sospechosos permanentes<\/b> bajo el lente del poder.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la historia muestra que renunciar a la privacidad y las libertades a cambio de una sensaci\u00f3n de protecci\u00f3n puede resultar en <\/span>la p\u00e9rdida de ambas<\/b>. Por ello, alrededor del mundo crece la exigencia de <\/span>l\u00edmites claros y transparencia<\/b>: que los servicios de inteligencia act\u00faen bajo la ley y con controles; que ning\u00fan gobernante pueda usar la excusa de la seguridad nacional para espiar a sus cr\u00edticos; que las empresas tecnol\u00f3gicas rindan cuentas sobre <\/span>c\u00f3mo<\/b> y <\/span>a qui\u00e9n<\/b> venden herramientas de intrusi\u00f3n. La lucha contra el pan\u00f3ptico digital apenas comienza e involucra a todos los sectores legisladores, jueces, periodistas, ciudadan\u00eda en la tarea de <\/span>vigilar a los vigilantes<\/b> y marcar hasta d\u00f3nde le permitimos llegar al Leviat\u00e1n tecnol\u00f3gico. En Estados Unidos, coaliciones inusuales de dem\u00f3cratas y republicanos pro-derechos est\u00e1n cuestionando la renovaci\u00f3n de programas de espionaje y exigiendo reformas de peso. En Europa, se debate prohibir los <\/span>softwares<\/span><\/i> m\u00e1s intrusivos y reforzar las garant\u00edas legales ante la recolecci\u00f3n de datos personales. En Am\u00e9rica Latina, poco a poco emerge un movimiento que clama por frenar los abusos y traducir los avances normativos en protecci\u00f3n efectiva en la vida cotidiana.<\/span><\/p>\n

La pregunta de fondo trasciende geograf\u00edas: <\/span>\u00bfqu\u00e9 tipo de sociedad queremos ser en la era digital?<\/b> \u00bfUna donde todo est\u00e9 vigilado en nombre de la seguridad, o una que logre mantener espacios de libertad y dignidad humana incluso en un mundo interconectado y desafiante? La respuesta depender\u00e1 de nuestra capacidad colectiva para imponer <\/span>frenos<\/b> a la tentaci\u00f3n autoritaria. Como advirti\u00f3 un informe europeo, si las democracias no defienden <\/span>activamente<\/b> sus modelos de derechos digitales, los valores <\/span>iliberales<\/b> pueden infiltrarse y debilitar las protecciones incluso dentro de sus propias fronteras. En \u00faltima instancia, la disyuntiva es clara: <\/span>o controlamos la tecnolog\u00eda, o la tecnolog\u00eda nos controlar\u00e1<\/b>. Hoy, m\u00e1s que nunca, vigilar a los vigilantes se ha convertido en condici\u00f3n indispensable para que la libertad <\/span>sobreviva<\/span><\/i> en la era de los algoritmos omnipresentes.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pavel De Camps Vargas Cuando la libertad tiene ojos. La vigilancia digital de ICE en Estados Unidos, ya no mira desde la sombra, pronto las redes sociales ser\u00e1n su b\u00fasqueda en EE.UU y enfrentar\u00e1 una pregunta urgente: \u00bfcu\u00e1nta libertad estar\u00e1 dispuesto a perder para sentirnos seguros? La expansi\u00f3n global de la vigilancia digital pone en …<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":201340,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-201339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ice.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/201339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=201339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/201339\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/201340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=201339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=201339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=201339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}