Al cumplirse este 16 de agosto cinco a\u00f1os desde que el presidente Luis Abinader asumi\u00f3 el poder, el Comit\u00e9 Institucional Codiano (CIC) lament\u00f3 que, pese a la voluntad expresada por el mandatario para resolver la deuda de RD$390 millones que el Estado mantiene con 92 contratistas, los funcionarios responsables han sido ineficientes, evasivos y en algunos casos obstruccionistas.<\/p>\n
El arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, directivos del CIC, en un comunicado entregado a la prensa afirman que desde el a\u00f1o 2020 ha sostenido m\u00faltiples encuentros con funcionarios que han sido empoderados para resolver la deuda vieja con contratistas que entregaron obras terminadas y que tienen largos a\u00f1os siendo usufructuadas por el pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cReconocemos que el presidente Abinader ha dado prioridad a este tema, pero la negligencia y desinter\u00e9s de algunos funcionarios han convertido esa voluntad pol\u00edtica en un enga\u00f1o administrativo que perjudica a ciudadanos que trabajaron con honestidad para el Estado\u201d, expresan los directivos del comit\u00e9.<\/p>\n
Familia y Liberato se\u00f1alaron particularmente al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) como la entidad que concentra el mayor n\u00famero de expedientes de deuda sin resolver y de acuerdo con su valoraci\u00f3n, en esa instituci\u00f3n no solo se ha actuado con lentitud, sino que se han utilizado \u201ctriqui\u00f1uelas burocr\u00e1ticas\u201d para entorpecer el proceso de pago.<\/p>\n
Uno de los hechos m\u00e1s graves denunciados por los directivos del CIC es la desaparici\u00f3n de documentos p\u00fablicos claves que el Ministerio de Hacienda requiere para tramitar los pagos, pero aseguran que el MIVED nunca ha realizado una denuncia formal ni ha informado p\u00fablicamente de su desaparici\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEstamos ante un posible caso de encubrimiento institucional, pues no se trata solo de negligencia, sino de la posible obstrucci\u00f3n deliberada de un proceso de pago leg\u00edtimo y por eso hemos solicitado a la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (PEPCA) que investigue esta situaci\u00f3n\u201d, dice la declaraci\u00f3n de Familia y Liberato.<\/p>\n
Los representantes de los contratistas con deudas viejas por cobrar recordaron que \u201cla omisi\u00f3n deliberada y la retenci\u00f3n injustificada de documentos p\u00fablicos podr\u00edan constituir faltas graves conforme a la Ley 41-08 de Funci\u00f3n P\u00fablica y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica\u201d.<\/p>\n
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A seguidas hacieron hincapi\u00e9 en que \u201cdespu\u00e9s de cinco a\u00f1os, lo que hay es dolor, frustraci\u00f3n y una burla institucional a decenas de contratistas, muchos de ellos adultos mayores, que entregaron obras y a\u00fan esperan que se les pague, por lo que no es posible hablar de transparencia ni de respeto a la ley mientras se permita esta forma de impunidad silenciosa\u201d.<\/p>\n
El comunicado de los directivos del CIC concluye reiterando el compromiso de seguir acudiendo a las instancias legales y de movilizar la conciencia ciudadana para exigir justicia frente a un drama humano que afecta a profesionales de todo el pa\u00eds.<\/p>\n
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