SANTO DOMINGO<\/b> .- El Tribunal Constitucional dict\u00f3 la sentencia TC\/0496\/25 mediante la cual desestim\u00f3 los recursos de revisi\u00f3n interpuestos el Grupo Abrisa y el consorcio Aeropuerto Internacional B\u00e1varo (AIB) que buscaban anular dos decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia que impedir\u00edan la construcci\u00f3n de esa obra.<\/p>\n
Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional confirm\u00f3 en todas sus partes las Sentencias n\u00fam. SCJ-TS-23-1451 y SCJ-TS-24-0479. Con esta decisi\u00f3n, adoptada por mayor\u00eda calificada, la alta corte consolida la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y sepulta jur\u00eddicamente las pretensiones del consorcio AIB, poniendo fin a la m\u00e1s prolongada controversia legal en el sector aeron\u00e1utico dominicano en lo que va de siglo.<\/p>\n
La sentencia fua aprobada por los magistrados Napole\u00f3n R. Est\u00e9vez Lavandier; Miguel Valera Montero; Jos\u00e9 Alejandro Ayuso; Fidias Federico Aristy Payano; Alba Luisa Barba Marcos; Manuel Ulises Bonnelly Vega; Sonia D\u00edaz Inoa; Ej\u00e9rcito Ferreira; Domingo Gil; Amaury A. Reyes Torres y Mar\u00eda del Carmen Santana de Cabrera. Y tuvo los votos disidentes de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos y Jos\u00e9 Alejandro Vargas Guerrero.<\/p>\n
El fallo desestima los recursos de revisi\u00f3n interpuestos por AIB contra dos decisiones previas de la SCJ, las cuales ya hab\u00edan rechazado sus intentos de invalidar actos administrativos emitidos por el Estado. En sus fundamentos, el TC concluye que no se producen violaciones al debido proceso, ni al principio de imparcialidad judicial, ni al derecho de defensa, como alegaba el consorcio.<\/p>\n
Asimismo, valida la Resoluci\u00f3n 024\/20 del Instituto Dominicano de Aviaci\u00f3n Civil (IDAC), que hab\u00eda declarado lesiva al inter\u00e9s p\u00fablico una comunicaci\u00f3n previa del mismo IDAC que autorizaba el inicio del proyecto. El decreto presidencial que respaldaba el contrato tambi\u00e9n fue derogado por el Poder Ejecutivo, tras una sentencia de la SCJ que lo declar\u00f3 ilegal.<\/p>\n
Una obra sin licitaci\u00f3n, con vicios de origen y respaldo irregular.
\nUno de los aspectos m\u00e1s contundentes de la sentencia es su reconstrucci\u00f3n contextual del caso, que si bien no entra al fondo de la constitucionalidad, exponen m\u00faltiples irregularidades en el proceso de aprobaci\u00f3n del AIB. El Tribunal identifica fallas graves que van desde la ausencia de licitaci\u00f3n hasta la intervenci\u00f3n indebida del Poder Ejecutivo.<\/p>\n
Entre los puntos se\u00f1alados por el TC figuran:<\/p>\n
\u2022 Competencia usurpada: AIB present\u00f3 su solicitud a la Comisi\u00f3n Aeroportuaria, un \u00f3rgano sin atribuciones legales para aprobar proyectos aeroportuarios. La competencia era del IDAC.
\n\u2022 Decreto irregular: El Poder Ejecutivo emiti\u00f3 el Decreto 270-20 que designaba directamente a AIB como desarrollador del proyecto, sin agotar los procesos establecidos.
\n\u2022 Falta de licitaci\u00f3n: No se realiz\u00f3 un concurso p\u00fablico, a pesar de tratarse de una obra de uso p\u00fablico. Esto, seg\u00fan el Tribunal, viol\u00f3 los principios de legalidad, transparencia e igualdad consagrados en la Ley 47-20 sobre Alianzas P\u00fablico-Privadas y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.<\/p>\n
Sin m\u00e9rito constitucional: el reclamo de AIB no super\u00f3 el umbral procesal
\nEl consorcio AIB llev\u00f3 el caso al Tribunal Constitucional tras agotar sin \u00e9xito la v\u00eda ordinaria. Sus recursos se centraban en supuestas violaciones al derecho a un juez imparcial, a ser o\u00eddo p\u00fablicamente ya tener conocimiento de todas las pruebas del proceso.<\/p>\n
El TC, sin embargo, declar\u00f3 los recursos inadmisibles. En su an\u00e1lisis, se\u00f1al\u00f3 que AIB no recus\u00f3 a tiempo a los jueces cuya imparcialidad cuestionaba, como exige el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Tambi\u00e9n inspeccionar que no solicit\u00f3 audiencia p\u00fablica, lo que en el proceso contencioso-administrativo es requisito indispensable para su celebraci\u00f3n. Sobre los documentos introducidos por la Fundaci\u00f3n Alianza Ciudadana, interviniente voluntaria, se indic\u00f3 que estos no conten\u00edan pretensiones nuevas ni afectaban el derecho de defensa.<\/p>\n
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional traza una l\u00ednea clara en torno a las condiciones legales y administrativas que deben cumplirse para desarrollar infraestructuras cr\u00edticas como los aeropuertos. Sostiene que ning\u00fan proyecto de esta naturaleza puede surgir al margen de la legalidad, ni mediante designaciones directas, ni sin competencia clara, ni sin licitaci\u00f3n previa. El fallo consolida la idea de que el Estado, en su rol regulador, no solo puede, sino que debe actuar para salvar el inter\u00e9s p\u00fablico, incluso frente a inversiones que ya han sido iniciadas o promovidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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