![\"\"](\"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/unnamed-2025-06-18T221746.041-300x196.jpg\")
<\/p>\nMiami (18 de junio de 2025) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su alarma ante una nueva ley de inteligencia en Ecuador que podr\u00eda convertirse en un instrumento de control de la actividad period\u00edstica y de las libertades de expresi\u00f3n y de prensa en el pa\u00eds.<\/p>\n
El 10 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprob\u00f3 la\u00a0Ley Org\u00e1nica de Inteligencia<\/a>\u00a0con el prop\u00f3sito de fortalecer la seguridad nacional, seg\u00fan informes de prensa. Sin embargo, la normativa de 58 art\u00edculos promulgada por el presidente Daniel Noboa, ha generado preocupaci\u00f3n entre periodistas y defensores de la libertad de prensa en Ecuador.<\/p>\n La ley autoriza, sin la necesidad de una orden judicial, la interceptaci\u00f3n de comunicaciones y obliga a las empresas operadoras de telecomunicaciones a proporcionar informaci\u00f3n sobre sus usuarios, seg\u00fan informes de la\u00a0prensa local<\/a>. Adem\u00e1s de afectar a los ciudadanos y cr\u00edticos del poder pol\u00edtico, la legislaci\u00f3n puede restringir el trabajo de b\u00fasqueda y acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica para los periodistas y medios de comunicaci\u00f3n. El reglamento que definir\u00e1 c\u00f3mo se aplicar\u00e1 la ley debe estar listo para diciembre pr\u00f3ximo.<\/p>\n El art\u00edculo 51 establece que \u201clos operadores de servicios de telecomunicaciones estar\u00e1n obligados a proporcionar (\u2026)\u00a0la informaci\u00f3n requerida para el desarrollo de actividades y\/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esto incluye informaci\u00f3n hist\u00f3rica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telef\u00f3nicos relacionados, informaci\u00f3n t\u00e9cnica, inform\u00e1tica, de telecomunicaciones digitales, la localizaci\u00f3n de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra informaci\u00f3n que facilite su identificaci\u00f3n y localizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n La organizaci\u00f3n\u00a0Fundaci\u00f3n Andina para la Observaci\u00f3n y Estudio de Medios<\/a>, conocida como Fundamedios, rechaz\u00f3 el estatuto porque \u201cpone en riesgo la privacidad, el acceso a la informaci\u00f3n y la libertad de prensa\u201d, al permitir el uso pol\u00edtico de la vigilancia estatal, sin controles judiciales ni transparencia. La ley crea un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), integrado entre otros por miembros de las Fuerzas Armadas y Polic\u00eda Nacional, que brindar\u00e1 informaci\u00f3n directa al presidente.<\/p>\n \u201cEl impacto potencial de esta legislaci\u00f3n sobre el periodismo nos preocupa profundamente\u201d, afirm\u00f3 el presidente de la SIP, Jos\u00e9 Roberto Dutriz, director general y CEO de\u00a0La Prensa Gr\u00e1fica<\/em>\u00a0de El Salvador. \u201cUno de los aspectos m\u00e1s inquietantes es la amenaza que representa para la privacidad de las comunicaciones y la protecci\u00f3n de las fuentes period\u00edsticas. El posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilaci\u00f3n de datos podr\u00eda fomentar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios\u201d.<\/p>\n Martha Ramos, presidenta de la Comisi\u00f3n de Libertad de Prensa e Informaci\u00f3n de la SIP y directora general editorial de la Organizaci\u00f3n Editorial Mexicana (OEM), advirti\u00f3 que \u201cesta ley podr\u00eda abrir la puerta a represalias contra quienes critican al gobierno o se especializan en investigaciones period\u00edsticas de alto impacto\u201d. Y agreg\u00f3: \u201cLa transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas son pilares esenciales de un periodismo independiente. Cualquier intento por limitar estas pr\u00e1cticas debilita la democracia y el derecho de la ciudadan\u00eda a estar informada con libertad y rigor\u201d.<\/p>\n La\u00a0Declaraci\u00f3n de Salta\u202fII<\/a>\u00a0de la SIP sobre principios de libertad de expresi\u00f3n en la era digital, actualizada en octubre de 2024 durante la Asamblea General realizada en C\u00f3rdoba, Argentina, reafirma en su art\u00edculo s\u00e9ptimo que \u201clas autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital que vulneren las libertades y la privacidad de la ciudadan\u00eda. Estos mecanismos s\u00f3lo son admisibles en casos excepcionales en los que se persiga un fin leg\u00edtimo, en el marco de un debido proceso con orden judicial y de acuerdo con las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ning\u00fan caso. Las personas deben tener garantizados el acceso y control a sus datos personales recopilados por el Estado\u201d.<\/p>\n