{"id":191878,"date":"2025-05-26T18:43:39","date_gmt":"2025-05-26T22:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=191878"},"modified":"2025-05-26T18:43:39","modified_gmt":"2025-05-26T22:43:39","slug":"cruda-realidad-de-las-pensiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/cruda-realidad-de-las-pensiones\/","title":{"rendered":"Cruda realidad de las pensiones"},"content":{"rendered":"

Por: Pavel De Camps Vargas<\/b><\/h3>\n

SANTO DOMINGO \u2013 En un pa\u00eds donde el discurso oficial proclama estabilidad y crecimiento, el <\/span>Movimiento por las Pensiones de los Servidores P\u00fablicos<\/b> (<\/span>MOPESP<\/b>) ha hecho p\u00fablica una investigaci\u00f3n demoledora que expone la sombr\u00eda y dolorosa verdad del sistema estatal de pensiones de Rep\u00fablica Dominicana. Basado en un an\u00e1lisis exhaustivo de m\u00e1s de <\/span>122,000 pensiones otorgadas entre 2019 y 2024<\/b>, el estudio revela un entramado institucional que perpet\u00faa la desigualdad, pisotea derechos fundamentales y condena a la miseria a miles de ciudadanos que han dedicado su vida al servicio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

El informe no es simplemente una recopilaci\u00f3n de datos; es una acusaci\u00f3n directa contra la arquitectura de un sistema fragmentado, arbitrario e injusto. Lo que deb\u00eda ser un mecanismo de protecci\u00f3n social se ha transformado en una maquinaria de exclusi\u00f3n y humillaci\u00f3n. Esta es la cruda realidad del sistema dominicano de pensiones que, como denuncia el <\/span>MOPESP<\/b>, da pena, verg\u00fcenza y exige una reforma inmediata.<\/span><\/p>\n

Un sistema fragmentado y arbitrario<\/b><\/h1>\n

El sistema estatal dominicano de pensiones no se rige por una normativa unificada ni equitativa. La Direcci\u00f3n General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) administra seis reg\u00edmenes distintos:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Pensiones por antig\u00fcedad (Ley 379-81)<\/b><\/li>\n
  2. Pensiones solidarias (Ley 87-01)<\/b><\/li>\n
  3. Pensiones del antiguo IDSS (Ley 1896)<\/b><\/li>\n
  4. Pensiones especiales otorgadas por el Poder Ejecutivo<\/b><\/li>\n
  5. Pensiones civiles m\u00e9dico-sanitarias (Ley 414-98)<\/b><\/li>\n
  6. Pensiones de la Polic\u00eda Nacional (Ley 590-16)<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

    Este mosaico legislativo no solo crea confusi\u00f3n, sino que habilita m\u00e1rgenes de discrecionalidad y desigualdad institucionalizada. Cada r\u00e9gimen utiliza criterios distintos para definir montos, elegibilidad y beneficios colaterales, lo que da lugar a situaciones donde dos personas con trayectorias similares reciben pensiones radicalmente diferentes.<\/span><\/p>\n

    Cifras que gritan injusticia<\/b><\/h1>\n

    El an\u00e1lisis del <\/span>MOPESP<\/b> revela que las pensiones oscilan entre <\/span>RD$5,000 y RD$405,000 mensuales<\/b>. Esta brecha escandalosa no es el resultado de mecanismos de mercado ni de m\u00e9ritos diferenciados, sino de decisiones institucionales que perpet\u00faan privilegios y castigos.<\/span><\/p>\n

      \n
    • 77.04%<\/b> de las pensiones civiles son iguales o inferiores a <\/span>RD$27,828.58<\/b>, es decir, por debajo del <\/span>Quintil 1 de ingresos<\/b>, el cual define a los hogares en pobreza extrema.<\/span>\n

      <\/span><\/li>\n

    • M\u00e1s del 44%<\/b> de las pensiones son del tipo <\/span>\u00absolidarias\u00bb<\/b>, pero reciben s\u00f3lo <\/span>el 18% de los fondos<\/b>.<\/span>\n

      <\/span><\/li>\n

    • Las pensiones especiales, que representan apenas el <\/span>12%<\/b>, consumen <\/span>el 25% del total de recursos destinados a pensiones<\/b>.<\/span>\n

      <\/span><\/li>\n

    • El 82.10% de las pensiones<\/b> reciben solo la mitad del total desembolsado, mientras <\/span>el 17.90% restante absorbe el otro 50%<\/b>.<\/span>\n

      <\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      Estas cifras, refrendadas con data oficial de la DGJP, constituyen una prueba irrefutable de que el sistema actual favorece a \u00e9lites administrativas y pol\u00edticas, dejando a la mayor\u00eda con \u201cpensiones de miseria\u201d.<\/span><\/p>\n

      Violaciones legales, tope de pensi\u00f3n y la falta de seguro<\/b><\/h1>\n

      Uno de los hallazgos m\u00e1s alarmantes del informe es la <\/span>ilegalidad en el c\u00e1lculo del tope m\u00e1ximo de pensi\u00f3n<\/b>. Seg\u00fan la Ley 87-01, este tope debe basarse en el salario m\u00ednimo nacional (promedio de los salarios m\u00ednimos del sector privado), actualmente <\/span>RD$19,352.50<\/b>. El c\u00e1lculo correcto implicar\u00eda un tope de <\/span>RD$154,820<\/b> (8 veces el salario m\u00ednimo), pero la DGJP utiliza el m\u00ednimo del sector p\u00fablico, congelado en <\/span>RD$10,000<\/b>, para establecer un tope injusto de <\/span>RD$80,000<\/b>.<\/span><\/p>\n

      Esta pr\u00e1ctica:<\/span><\/p>\n

        \n
      • Viola la Ley 87-01 (art. 18) y la Ley 379-81.<\/span><\/li>\n
      • Perjudica directamente a miles de servidores p\u00fablicos de nivel medio y alto.<\/span><\/li>\n
      • Reduce artificialmente los beneficios, condenando a muchos a la precariedad.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        Adem\u00e1s, <\/span>los jubilados pierden el seguro familiar de salud<\/b> al retirarse, a pesar de haber contribuido toda su vida. Esta exclusi\u00f3n m\u00e9dica ocurre en la etapa m\u00e1s vulnerable de su existencia, oblig\u00e1ndolos a asumir costos imposibles o a quedar completamente desprotegidos.<\/span><\/p>\n

        El salario m\u00ednimo p\u00fablico que empeora la desigualdad<\/b><\/h1>\n

        El salario m\u00ednimo del sector p\u00fablico ha permanecido en <\/span>RD$10,000 desde 2019<\/b>, una cifra que ni siquiera cubre el 20% del costo de la canasta b\u00e1sica familiar (que ronda los RD$43,000). Este estancamiento:<\/span><\/p>\n

          \n
        • Afecta la vida digna de los empleados p\u00fablicos activos.<\/span><\/li>\n
        • Distorsiona la base legal para el c\u00e1lculo de pensiones.<\/span><\/li>\n
        • Multiplica la desigualdad estructural del sistema.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

          Un reajuste salarial urgente no solo es justo, sino necesario para garantizar la sostenibilidad y legitimidad del sistema de reparto estatal.<\/span><\/p>\n

          El impacto fiscal de corregir las distorsiones<\/b><\/h1>\n

          A pesar de los temores de impacto presupuestario, el <\/span>MOPESP<\/b> demuestra que <\/span>corregir el c\u00e1lculo del tope m\u00e1ximo de pensi\u00f3n<\/b> tendr\u00eda un efecto fiscal m\u00ednimo:<\/span><\/p>\n

            \n
          • Solo aumentar\u00eda el gasto mensual en <\/span>3.32%<\/b> para pensiones civiles.<\/span><\/li>\n
          • Y el total anual en <\/span>0.44%<\/b> del presupuesto global para pensiones.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

            Para ponerlo en perspectiva, esto es menos de lo que se destina a programas clientelistas como \u201cEl Barrilito\u201d. Es decir, corregir esta injusticia <\/span>es t\u00e9cnica y financieramente viable<\/b>.<\/span><\/p>\n

            Una agenda de reforma urgente<\/b><\/h1>\n

            El <\/span>MOPESP<\/b> propone una plataforma de acci\u00f3n basada en la evidencia:<\/span><\/p>\n

              \n
            1. Aplicar el salario m\u00ednimo nacional como base para el tope de pensiones.<\/b><\/li>\n
            2. Aumentar el salario m\u00ednimo del sector p\u00fablico a niveles dignos.<\/b><\/li>\n
            3. Garantizar el seguro de salud para todos los jubilados.<\/b><\/li>\n
            4. Preservar el sistema de reparto solidario para servidores p\u00fablicos.<\/b><\/li>\n
            5. Eliminar concesiones especiales discrecionales y reforzar la equidad.<\/b><\/li>\n
            6. Aumentar la transparencia y auditor\u00eda del sistema.<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

              Adem\u00e1s, se destaca como avance significativo la sentencia del <\/span>Tribunal Constitucional (TC\/0535\/22)<\/b>, que elimin\u00f3 la prescripci\u00f3n de 2 a\u00f1os para reclamar la pensi\u00f3n por sobrevivencia, sentando precedente de protecci\u00f3n legal real.<\/span><\/p>\n

              \"\"<\/p>\n

              El sistema de pensiones estatal de la Rep\u00fablica Dominicana, tal como lo revela el estudio del <\/span>MOPESP<\/b>, no es solo disfuncional: es <\/span>profundamente injusto, regresivo e inconstitucional<\/b>. La disparidad brutal en los montos, la permanencia de \u201cpensiones de miseria\u201d por debajo del m\u00ednimo legal, la distribuci\u00f3n arbitraria de fondos, la p\u00e9rdida del seguro m\u00e9dico al jubilarse, el estancamiento del salario m\u00ednimo p\u00fablico y, sobre todo, el c\u00e1lculo ilegal del tope m\u00e1ximo de pensi\u00f3n, configuran un entramado de negligencia institucional y abandono moral.<\/span><\/p>\n

              Estas no son fallas t\u00e9cnicas, son violaciones flagrantes a los derechos fundamentales de miles de dominicanos y dominicanas que, tras d\u00e9cadas de servicio, reciben como retribuci\u00f3n la indiferencia del Estado. Lo m\u00e1s alarmante es que <\/span>las soluciones existen<\/b>, est\u00e1n contempladas en la ley y pueden implementarse con un costo fiscal m\u00ednimo. <\/span>Lo que falta no es dinero: es voluntad pol\u00edtica, justicia y humanidad<\/b>.<\/span><\/p>\n

              El <\/span>MOPESP<\/b> ha trazado un camino claro, sustentado en datos, leyes y principios \u00e9ticos. Lo que est\u00e1 en juego no es solo la calidad de vida de los pensionados, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir.<\/span><\/p>\n

              Una naci\u00f3n que abandona a sus servidores en la vejez no s\u00f3lo fracasa en su deber legal: fracasa en su humanidad.<\/b><\/p>\n

              \u00bfCu\u00e1nto tiempo m\u00e1s vamos a normalizar un sistema que humilla a quienes lo dieron todo por el pa\u00eds?<\/b>
              \n<\/b> \u00bfQu\u00e9 legitimidad puede tener un Estado que niega dignidad a sus propios defensores silenciosos?<\/b><\/p>\n

               <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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