{"id":162185,"date":"2024-04-18T11:51:10","date_gmt":"2024-04-18T15:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=162185"},"modified":"2024-04-18T11:51:10","modified_gmt":"2024-04-18T15:51:10","slug":"es-legal-o-no-la-contribucion-economica-a-los-partidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/es-legal-o-no-la-contribucion-economica-a-los-partidos\/","title":{"rendered":"\u00bfEs legal o no la contribuci\u00f3n econ\u00f3mica a los partidos?"},"content":{"rendered":"

Recientemente se form\u00f3 un debate en el que los partidos pol\u00edticos de la oposici\u00f3n denunciaron que el Gobierno se resist\u00eda a entregarles la partida econ\u00f3mica correspondiente, con base en lo que establece la Ley 20-23 del R\u00e9gimen Electoral.<\/span><\/p>\n

Esa normativa, en su Art\u00edculo 224, dice lo siguiente: \u201cAsignaci\u00f3n de partida econ\u00f3mica del Estado a los partidos. Se consignar\u00e1 en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (0.50%) de los ingresos nacionales en los a\u00f1os de elecciones generales y un cuarto por ciento (0.25%) en los a\u00f1os que no haya elecciones generales.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, en este a\u00f1o electoral, el Gobierno solo quer\u00eda entregarles RD$2,520.8 millones, cuando lo que les corresponder\u00edan son US$5,111 millones. Ante esa situaci\u00f3n, que perjudica a todas las organizaciones pol\u00edticas, incluido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), solo los de oposici\u00f3n decidieron recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para reclamar el cumplimiento de la ley.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el tribunal le dio ganancia de causa al Gobierno y no a los partidos pol\u00edticos. Finalmente, el Gobierno decidi\u00f3 ceder, pero no porque estuviera violando la ley. Pero, \u00bfc\u00f3mo que no violaba la ley si se trata de algo establecido en el referido Art\u00edculo 224?<\/span><\/p>\n

La respuesta est\u00e1 en otra ley. La del Presupuesto General de la Naci\u00f3n de cada a\u00f1o. Sucede que todos los a\u00f1os, en el presupuesto anual, que es una ley con vigencia de un a\u00f1o calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre), el Gobierno incluye un art\u00edculo donde solicita la autorizaci\u00f3n del Congreso Nacional para variar la partida presupuestaria a todas las instituciones que tiene asignaci\u00f3n espec\u00edfica mediante leyes.<\/span><\/p>\n

Por ejemplo, a los ayuntamientos les corresponde por ley el 10% de los ingresos fiscales, y solo les asignan el 3%. As\u00ed hay otras instituciones.<\/span><\/p>\n

Este a\u00f1o no fue la excepci\u00f3n. Mediante el presupuesto amparado en la Ley 80-23, se incluy\u00f3 el Art\u00edculo 51, que dice: \u201cAjustes a recursos asignados por leyes especiales. Con base en lo dispuesto en el Art\u00edculo 37 de la Ley 423-06, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepci\u00f3n, a apropiar un monto inferior, a los montos que corresponden, seg\u00fan los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y \u00f3rganos siguientes: 1) Poder Ejecutivo, 2) Congreso Nacional, 3) Poder Judicial, 4) Junta Central Electoral (JCE), 5) Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, 6) C\u00e1mara de Cuentas de la Rep\u00fablica Dominicana, ayuntamientos y juntas de distritos municipales, 8) Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (UASD), 9) Ministerio de la Juventud, 10) Ministerio de Cultura, 11) Consejo Nacional para la Ni\u00f1ez y la Adolescencia (CONANI), 12) Direcci\u00f3n General de Aduanas, 13) Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII)\u201d.<\/span><\/p>\n

Un \u201cP\u00e1rrafo\u201d de este art\u00edculo indica: \u201cConforme a la parte capital de este art\u00edculo, y a lo dispuesto en determinadas leyes o decretos que no est\u00e9n contempladas en los numerales anteriores, o en los cuadros 5 y 6 de los art\u00edculos 18 y 19 de la presente ley, respectivamente, queda suspendida cualquier asignaci\u00f3n de partidas no incluida en el Presupuesto General del Estado\u201d.<\/span><\/p>\n

Entonces, con base en el Art\u00edculo 51 y su \u201cp\u00e1rrafo\u201d, la Ley 80-23 del Presupuesto General de la Naci\u00f3n de este a\u00f1o, \u201clegaliza\u201d la variaci\u00f3n porcentual a ser asignada a los partidos pol\u00edticos y, por esa raz\u00f3n, el TSA le dio ganancia de causa al Gobierno.<\/span><\/p>\n

Lo anterior tiene al menos dos lecturas: primero, los legisladores de la oposici\u00f3n, que nunca leen el proyecto de presupuesto, dejaron pasar ese art\u00edculo y no se percataron de que les perjudicaba. Ese art\u00edculo ha sido costumbre, incluso, en gestiones gubernamentales anteriores.<\/span><\/p>\n

La segunda lectura es que, como la partida legal es para \u201ctodos\u201d los partidos, incluido el oficialista PRM (80% para los que tienen 5% del electorado, 12% a los que est\u00e1n entre 1% y 5% y 8% para los de menos de 1%), al no hacer el reclamo junto a los de oposici\u00f3n, se puso en evidencia sobre el posible uso de recursos del Estado para sus operaciones, lo que lo desinteresa de los montos que por ley le corresponden.<\/span><\/p>\n

En todo caso, finalmente el Gobierno decidi\u00f3 asignar la partida doble como manda la Ley de R\u00e9gimen Electoral, aun cuando por ley ten\u00eda raz\u00f3n al no entregar esos montos.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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