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<\/p>\nMiami ( Mayo de 2023) \u2013 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirti\u00f3 que un proyecto de ley en Per\u00fa que aumentar\u00e1 las penas para los delitos de difamaci\u00f3n y calumnia es un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del p\u00fablico a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
El Congreso podr\u00eda aprobar la pr\u00f3xima semana el proyecto de ley 2862, conocido como \u00abley mordaza\u00bb. Este incrementa las sanciones de c\u00e1rcel por delitos de difamaci\u00f3n y calumnia a cinco a\u00f1os y las multas a entre 90 y 120 d\u00edas cuando se trate de la utilizaci\u00f3n indebida de medios de comunicaci\u00f3n, redes sociales y sitios web en contra de funcionarios p\u00fablicos. Tambi\u00e9n impone indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor de la v\u00edctima. La semana pasada el Congreso aprob\u00f3 la iniciativa legal en primera votaci\u00f3n.<\/p>\n
El proyecto de ley fue criticado por la SIP en su\u00a0informe sobre Per\u00fa<\/a>, durante la reuni\u00f3n semestral de abril. La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n pidi\u00f3 archivar el proyecto en cartas enviadas a las autoridades del Congreso sobre\u00a0iniciativas legales que limitan la expresi\u00f3n libre y el trabajo de la prensa<\/a>.<\/p>\n Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovaci\u00f3n de Impresi\u00f3n de\u00a0The New York Times<\/i>, dijo que la iniciativa \u00abcontradice la jurisprudencia interamericana, la que pide que las demandas en contra de los periodistas sean atendidas en el foro civil, no en el penal\u00bb.<\/p>\n El presidente de la Comisi\u00f3n de Libertad de Prensa e Informaci\u00f3n de la SIP, Carlos Jornet, director period\u00edstico de\u00a0La Voz del Interior,<\/i>\u00a0de Argentina, expres\u00f3 preocupaci\u00f3n por \u00abel efecto negativo que tendr\u00eda el aumento de la pena de c\u00e1rcel en contra del ejercicio del periodismo y la investigaci\u00f3n period\u00edstica y por sus consecuencias en el derecho del p\u00fablico a la informaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n En 2014, ante un pedido de la SIP que envi\u00f3 una delegaci\u00f3n internacional a Lima, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza Ram\u00edrez, exhort\u00f3 a los jueces a ser m\u00e1s cuidadosos al admitir demandas contra periodistas cuando tuvieran la intenci\u00f3n de generar autocensura. Por entonces, la SIP hab\u00eda advertido sobre la \u00abindustrializaci\u00f3n de las demandas\u00bb por parte de funcionarios para evitar que el periodismo siguiera destapando casos de corrupci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n Desde hace d\u00e9cadas y a trav\u00e9s de su Proyecto Chapultepec, la SIP viene impulsado medidas para descriminalizar los delitos de difamaci\u00f3n en contra de periodistas, promovidos por funcionarios p\u00fablicos en casos de inter\u00e9s p\u00fablico. Entre los pa\u00edses de las Am\u00e9ricas que han despenalizado la difamaci\u00f3n figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Honduras, Jamaica, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Rep\u00fablica Dominicana (parcial) y Uruguay.<\/p>\n En consonancia con la jurisprudencia interamericana, la Declaraci\u00f3n de Salta establece en su art\u00edculo 3: \u00abLos gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de inter\u00e9s p\u00fablico en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la cr\u00edtica, la informaci\u00f3n o la protesta en contra de los funcionarios p\u00fablicos sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad\u00bb.<\/p>\n