Por Pablo Vicente<\/p>\n
Rep\u00fablica Dominicana ratific\u00f3 la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n el 26 de octubre de 2006, la cual establece normas relativas a los conflictos de intereses en la funci\u00f3n p\u00fablica, de manera espec\u00edfica en el art\u00edculo 7, sector p\u00fablico, numeral 4, el cual reza que\u00a0 cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurar\u00e1 adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses o a mantener y fortalecer esos procedimientos.<\/p>\n
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Igualmente, el art\u00edculo 8 se refiere a c\u00f3digos de conducta para funcionarios p\u00fablicos. En su numeral 5 plantea que cada Estado parte procurar\u00e1, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios p\u00fablicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relaci\u00f3n, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
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En el plano local, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones P\u00fablicas y su reglamento de aplicaci\u00f3n 543-12, establece prohibiciones para contratar con el Estado, que incluye ciertos elementos que se aplican a los conflictos de intereses.<\/p>\n
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Las prohibiciones para contratar con el Estado se encuentran en el art\u00edculo 14 de la Ley 340-06, que indica las personas que no pueden participar en procedimientos de selecci\u00f3n ni contratar con el Estado.<\/p>\n
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De igual manera, la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administraci\u00f3n y de Procedimiento Administrativo, art\u00edculo 3.11: Principio de imparcialidad e independencia: destaca que el personal al servicio de la Administraci\u00f3n P\u00fablica deber\u00e1 abstenerse de toda actuaci\u00f3n arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo y actuar en funci\u00f3n del servicio objetivo al inter\u00e9s general, prohibi\u00e9ndose la participaci\u00f3n de dicho personal en cualquier asunto en el que est\u00e9 o familiares pr\u00f3ximos tengan cualquier tipo de intereses o pueda existir conflicto de intereses.<\/p>\n
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En ese mismo orden, la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana en el art\u00edculo 138 se refiere a los Principios de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y plantea que la Administraci\u00f3n P\u00fablica est\u00e1 sujeta en su actuaci\u00f3n a los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, objetividad, igualdad, transparencia, econom\u00eda, publicidad y coordinaci\u00f3n, con sometimiento pleno al ordenamiento jur\u00eddico del Estado.<\/p>\n
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Igualmente, el art\u00edculo 135 es muy preciso cuando destaca que los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses.<\/p>\n
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En cambio, la Ley 41-08 de Funci\u00f3n P\u00fablica, en el art\u00edculo 79 refiere a que son deberes de los servidores p\u00fablicos los siguientes casos:<\/p>\n
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Prestar el servicio personalmente con dedicaci\u00f3n, eficiencia, eficacia, honestidad e imparcialidad en las funciones que se le encomienden de acuerdo con su jerarqu\u00eda y cargo.<\/p>\n
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Actuar imparcialmente en el desempe\u00f1o de sus tareas dando trato y servicio por igual a quien la ley se\u00f1ale, sin discriminaciones pol\u00edtico partidista, de g\u00e9nero, religiosas, \u00e9tnicas o de otro tipo, absteni\u00e9ndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de parcialidad; as\u00ed como con otros criterios que sean incompatibles con los derechos humanos.<\/p>\n
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El numeral 11 hace referencia al conocimiento de las autoridades correspondientes a los hechos que puedan perjudicar al Estado, a la sociedad y al \u00f3rgano o entidad en donde laboran.<\/p>\n
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Es importante destacar que el art\u00edculo 80 de esta ley plantea que a los servidores p\u00fablicos les est\u00e1 prohibido incurrir en los actos descritos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n
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Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor p\u00fablico tenga intereses particulares econ\u00f3micos, patrimoniales o de \u00edndole pol\u00edtica que en alg\u00fan modo planteen conflictos de intereses.<\/p>\n
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Prestar servicios en la misma instituci\u00f3n que su c\u00f3nyuge y quienes est\u00e9n unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relaci\u00f3n de jerarqu\u00eda.<\/p>\n
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Actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen conflictos de intereses para el servidor p\u00fablico.<\/p>\n
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Tal y como se puede apreciar, en Rep\u00fablica Dominicana contamos con marcos legales vinculados a combatir los conflictos de intereses como forma de avanzar hacia una sociedad m\u00e1s transparente y que los recursos p\u00fablicos est\u00e9n orientados a garantizar derechos y ser instrumentos para el desarrollo.<\/p>\n
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