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Ley 200-04: solicitud de informaci\u00f3n p\u00fablica (2)<\/strong><\/p>\n Por Emilia Santos Frias<\/p>\n Cuando una persona solicita informaci\u00f3n p\u00fablica, ejerce su derecho a saber, realiza ciudadan\u00eda social y fortaleciendo la democracia de su naci\u00f3n. En nuestro pa\u00eds, este derecho est\u00e1 amparado en la Constituci\u00f3n y en normas internacionales, adem\u00e1s de la Ley 200-04, de libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, quien establece que el servicio es gratuito y ser\u00e1 entregado en un plazo de 15 d\u00edas laborables.<\/p>\n Sin embargo, ese plazo puede ser prorrogado por la Oficina de Libre Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (OAI) y por su representante o el-la RAI, por 10 d\u00edas m\u00e1s, siempre que la persona no haya solicitado informaci\u00f3n reservada, secreta, reservada o confidencial de terceros, la que, no es entregada bajo ninguna circunstancia. Ah\u00ed radican los l\u00edmites del derecho a saber, otorgado por esta norma, como se expuso precedetemente en el art\u00edculo titulado: Derecho a saber: \u00bfqu\u00e9 solicitar v\u00eda la Ley 200-04?<\/p>\n El procedimiento para solicitar informaci\u00f3n p\u00fablica, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 7 de la Ley 200-04: la solicitud de acceso a la informaci\u00f3n debe ser planteada en forma escrita y deber\u00e1 contener por lo menos los siguientes requisitos para su tramitaci\u00f3n, el nombre completo y calidades de la persona que realiza la gesti\u00f3n; identificaci\u00f3n clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; es decir, \u00a0\u00bfqu\u00e9 necesita?; identificaci\u00f3n de la autoridad p\u00fablica que posee la informaci\u00f3n o \u00bfa qui\u00e9n va dirigida?.<\/p>\n Asimismo, motivaci\u00f3n de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas, en otras palabras, \u00bfqu\u00e9 har\u00e1 con esa informaci\u00f3n? y lugar o medio para recibir notificaciones. Por estas razones, expertos en la materia consideran que este art\u00edculo es propio del modelo ciudadano, y por tanto no reconoce derecho a toda persona, sino a las personas ciudadanas de la Rep\u00fablica Dominicana, un claro l\u00edmite al ejercicio del derecho al libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/p>\n Otro aspecto es el literal (d) del mismo art\u00edculo 7, que establece que las personas deben motivar la solicitud. Sin embargo, en el art\u00edculo 15 del reglamento de esta ley, instituido mediante el Decreto 130-05, se describe que no es necesario la motivaci\u00f3n. En ese sentido, hay un coche entre la ley y el reglamento, y aunque la ley est\u00e1 por encima, en este caso hay que aplicar la disposici\u00f3n del reglamento en funci\u00f3n del principio de favorabilidad, pro homine, pro civitas, establecido en el art\u00edculo 74.4 de la Ley Sustantiva. Es decir, debe aplicarse la norma o la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a la persona o a la comunidad.<\/p>\n \u201cLos poderes p\u00fablicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garant\u00edas, en el sentido m\u00e1s favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurar\u00e1n armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n En ese orden, el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, expresa que es finalidad de la Ley 200-04, facilitar el acceso de las personas a la informaci\u00f3n generada en el Estado y garantizar la publicidad de los actos de gobierno.<\/p>\n \u201cLos organismos, instituciones, personas y entidades destinatarias de fondos p\u00fablicos, incluyendo los partidos pol\u00edticos constituidos o en formaci\u00f3n y cualquier otro \u00f3rgano, entidad o persona que ejerza funciones p\u00fablicas o ejecute presupuestos p\u00fablicos, tienen la obligaci\u00f3n de proveer la informaci\u00f3n solicitada, siempre que esta no se encuentre sujeta a algunas de las excepciones taxativamente previstas en la ley\u201d.<\/p>\n La Ley 200-04, anterior a la Constituci\u00f3n garantista de 2010, debe ser adecuada a la Carta Magna y al modelo que exhibe nuestro pa\u00eds, es un clamor de la comunidad jur\u00eddica. Sin duda, los requisitos art\u00edculo 7, no est\u00e1n c\u00f3nsonos con la Ley Suprema, en cuanto a que, no son justos ni \u00fatiles, como asevera el art\u00edculo 40. 15 de la Ley de leyes: \u201c\u2026La ley es igual para todos: s\u00f3lo puede ordenar lo que es justo y \u00fatil para la comunidad\u2026\u201d.<\/p>\n Por tanto, en el art\u00edculo 7, se solicita el nombre completo, calidades\u2026, y nos preguntamos \u00bfcu\u00e1l calidad?, como dicen algunos expertos juristas dominicanos:\u201d la calidad es ser persona\u201d.\u00a0 Por eso, ponderamos que se adecue el modelo que tenemos, repensar los requisitos, para estar acorde con la Constituci\u00f3n y otras normativas internacionales, entre ellas, el art\u00edculo 13 del Pacto de San Jos\u00e9, que fue ratificado por nuestro pa\u00eds, mediante la Resoluci\u00f3n 739 del 25 de diciembre de 1977.<\/p>\n \u201cToda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n.\u201d<\/p>\n Es urgente, incorporar nuestra Ley 200-04, a los est\u00e1ndares de vanguardia y mejores pr\u00e1cticas para la promoci\u00f3n de la transparencia y del derecho de acceso a la informaci\u00f3n, presentes en la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica: \u201cun antes y un despu\u00e9s para la fortaleza de las democracias en Am\u00e9rica Latina y el Caribe\u201d. Es decir, esta norma novedosa, establece la m\u00e1s amplia aplicaci\u00f3n posible de este derecho en posesi\u00f3n, custodia o control de cualquier autoridad p\u00fablica; partido pol\u00edtico; gremio y organizaci\u00f3n sin fines de lucro, quienes deben responder a las solicitudes de informaci\u00f3n acerca de fondos o beneficios p\u00fablicos recibidos.<\/p>\n Hasta la pr\u00f3xima entrega<\/p>\n