POR LUIS D. SANTAMARIA
El autor es periodista. Reside en Monte Plata.
Las autoridades judiciales deben agilizar los procesos en que están
implicados ex funcionarios del pasado gobierno y allegados para una vez
condenados iniciar las acciones legales para recuperar los bienes robados y
devolverlos al Estado.
El pueblo está esperando con ansiedad la acción de la justicia en contra
de aquellos que supuestamente acumularon multimillonarias riquezas mal
habidas provenientes principalmente de los recursos del Estado y otras
acciones dolosas que deben volver al erario público.
Está bueno ya de amagar y no dar cuando supuestamente se tiene
indicios más que suficientes de que los imputados sí tomaron indebidamente
recursos multimillonarios del erario público, mientras la mayoría de los
dominicanos padecen grandes necesidades.
Todos esos millones deben volver al Estado para que sean utilizados en
mejorar las condiciones de vida los sectores más pobres, cosa que
aparentemente podría resolver la justicia aplicando las sanciones
correspondientes a los malandrines que se lucraron de los dineros del
pueblo.
Las autoridades judiciales tienen un gran reto y es el de quitarles lo
robado a aquellos que desde el gobierno se dedicaron a cometer acciones
incorrectas con millones y millones de pesos puestos en sus manos para
administrarlos.
El presidente Luis Abinader ha sido un abanderado de que se
recuperen los bienes robados al Estado y con tal propósito designó mediante
decreto un equipo de abogados bajo supervisión de la Consultoría Jurídica
de la Presidencia para iniciar todo lo relativo al caso.
Mediante el Decreto 22-21, el presidente Abinader designó a Jorge Luis
Polanco Rodríguez coordinador general del equipo de abogados, y a José Luis
Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas
Solano y Fernando P. Henríquez, coordinadores de equipos.
El Artículo 3 de la disposición presidencial “otorga mandato expreso al
equipo de coordinadores”… “ para que representen al Estado dominicano en
los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean
identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores
distraídos del patrimonio público.
Esta recuperación debe hacerse bajo cualquier modalidad operativa, ya
sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de
infracciones o ilícitos penales; omisión, negligencia, imprudencia o cualquier
violación a las leyes”.
Se declara de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y
valores distraídos del patrimonio estatal, a fin de que estos sean restituidos
al erario y sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de
desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del
pueblo dominicano.
Con el Artículo 2, el presidente Abinader “instruye a la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo para que proceda a la conformación de un
equipo de profesionales del derecho de reputada trayectoria, prestigio y
notoriedad para que asuma la representación del Estado dominicano en las
acciones resarcitorias y restitutivas de bienes, fondos y valores distraídos.
La iniciativa se inició 16 de agosto del 2020
Desde su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 2020, el
presidente Abinader ha sido enfático en proclamar que hará todo lo
humanamente posible por acabar con la corrupción y recuperar los bienes
públicos.
Durante la juramentación de sus ministros, saludó personalmente a la
nueva procuradora general de la República, doctora Miriam Germán y le
aclaró que actuara de forma independiente en interés de sancionar la
corrupción administrativa.
En diciembre pasado, el presidente Luis Abinader anunció una serie de
medidas, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos, destinadas a
prevenir y detener la corrupción administrativa, así como fortalecer la
transparencia institucional.
Dentro de los anuncios hechos en la presentación del “Plan Integral de
Reformas Institucionales”, el mandatario dijo que para fortalecer la
independencia del Ministerio Público, impulsará una reforma constitucional
en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para
convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del
Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.
