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Opiniones

Dilema ético de abogados en ejercicio

Por Felipe Mora
Todo abogado que defiende a delincuentes confesos, de antemano
sabe que como profesional se somete a un dilema ético. Más aún
cuando hay pruebas suficientes que incriminan a sus clientes
como culpables o reincidentes de lo que se les acusa, que puede
ser por corrupción administrativa o por pertenecer al crimen
organizado.
Con esos antecedentes, a partir de ahí hay que sacar de abajo
cuando de subir a estrados se trata, aún cuando el caso esté en
fase primigenia para conocer medida de coerción. El tan
cacareado “respeto al debido proceso” no siempre suele ser tal,
por eso de que defensores y defendidos asumen “el derecho al
pataleo” ante las acusaciones del Ministerio Público y/o de la
parte civil.
Me inscribo en la definición de que, como servidor de la justicia y
colaborador de su administración, todo abogado debe tener
presente que su deber como tal consiste en defender los derechos
de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas
legales y morales.
No soy abogado ni pretendo serlo, pero reconozco que todo
acusado en una causa penal tiene derecho a un abogado y, si no
puede pagarlo, el Estado deberá asignarle uno. Eso es así aún
cuando el inculpado sea confeso del hecho por el que se le acusa.
El éxito de todo profesional del Derecho radica en que a su cliente
(o clientes) se le (o les) reduzca la condena al momento de dictar
sentencia, en especial si el o los acusados llegaran a confesar su
participación en los hechos ante la instancia correspondiente,
Policía o Ministerio Público.
Se han hecho famosas las ripostas de esos abogados a los
planteamientos del Ministerio Público, por eso de que nunca están

conformes con las acusaciones a sus clientes ni con los
procedimientos empleados.
En República Dominicana, como en muchos otros países, hay
abogados en ejercicio que sus únicos clientes siempre han sido
personas acusadas por el Ministerio Público por faltas graves ante
la sociedad o el Estado (apoderarse del patrimonio público), por la
comisión de hechos como homicidio, robo agravado, asalto a
mano armada, estafa, o traficar con drogas.
Suman miles los abogados que se dedican a ese tipo de defensa, y
no solo en lo que respecta a República Dominicana. En el mundo
hay países donde se les tiene prohibido ocupar funciones en el
Estado a los que se dedican a esa práctica.
Quienes defienden a personas acusadas de cometer hechos como
los descritos más arriba, de primera mano deben estar enterados
de que sus clientes les han confiado la verdad en cuanto a cómo
ocurrieron los hechos. Y en este renglón caben políticos y
militares que han incurrido en delitos contra el Estado.
Desavenencias entre una parte y otra han dado lugar a que el
abogado abandone a su cliente, y viceversa.
Es algo común que se dé el caso de que un abogado entre en
contradicción con la ética y con el juramento que hace ante el
tribunal, en cuanto a decir solamente la verdad si adrede esconde
la cruel realidad de cómo sucedieron los acontecimientos que
dieron lugar a la acusación.
En el caso de los que defienden narcos, hay que resaltar que la
paga que reciben por su labor proviene de dinero del narcotráfico.
Retomando con lo que iniciamos este escrito, debemos citar acá lo
que contempla el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos, en sus Principios Básicos sobre la Función
de los Abogados, adoptado en su Octavo Congreso sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y que data
de 1990.

En el documento base elaborado se establece que: “Los abogados,
al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la
justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos por el derecho nacional e
internacional, y en todo momento actuarán con libertad y
diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas
reconocidas que rigen su profesión”.
Y ahí está el dilema. Defender a delincuentes actuando en plena
libertad de acción. Pero, ¿y las normas éticas?

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