La aplicación de esta Ley contribuye a procesos de
economía circular
La Ley de Residuos Sólidos constituye un instrumento jurídico sumamente
necesario para la adecuada gestión integral de los residuos a nivel nacional
y su aplicación impactará positivamente el medio ambiente a la vez
permitirá aprovechar los residuos como recursos con valor económico,
desarrollando un mercado que está en crecimiento en todo el mundo e
impulsando procesos de economía circular.
Así lo declararon Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación
de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Víctor D´Aza, secretario
general de la Liga Municipal Dominicana; Kelvin Cruz, presidente de la
Federación Dominicana de Municipios, y las expertas en el tema Dania
Heredia, Izarelli Rosillo y Mariely Ponciano al participar en un webinar sobre
la Ley de Residuos Sólidos y su aplicación en República Dominicana.
Almánzar aseguró que “esta Ley fomentará la reducción, reutilización,
reciclaje, aprovechamiento y valorización, así como regular los sistemas de
recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones
de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización de los
mismos”. Expresó que “su finalidad social es garantizar el derecho de toda
persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la
población, así como disminuir la generación de gases de efecto invernadero,
emitidos por los residuos”.
Víctor D´Aza, al tratar sobre la Misión de la LMD en relación a la aplicación
de la Ley, afirmó que la Liga es consciente del gravísimo problema de los
residuos sólidos urbanos y la necesidad de emprender acciones inmediatas
para su solución.
Informó que desde la LMD han iniciado el Programa “Limpio mi país” que
tiene por ejes de actuación un impulso a la educación y al cambio cultural,
garantizar el servicio por los gobiernos locales, diseñar e impulsar
soluciones factibles a la disposición final de los residuos, identificar y poner
en marcha acciones que permitan la valorización por parte del
sector emprendedor de residuos valorizables, disponer de capacidad
de respuesta para la clausura y cierre técnico de botaderos, y actuar como
ente regulador de la prestación del servicio para el sector municipal.
Kelvin Cruz, presidente de FEDOMU, al hablar de los retos de los municipios
en relación a la Ley de Residuos dijo que es necesario crear conciencia en la
ciudadanía y que FEDOMU está en la mejor disposición de servir de canal de
mensajes educativos que produzcan un antes y un después en la historia de
los residuos sólidos del país.
Expresó que es importante crear articulación entre el Gobierno Central, los
gobiernos locales, el sector empresarial y Medio Ambiente, lo cual conducirá
a nuevas soluciones en la gestión de residuos sólidos.
Dania Heredia, vicepresidente del Consejo Directivo de Ecored, al
abordar el tema de los instrumentos económicos y financieros para la
gestión integral de residuos, señaló que la sostenibilidad financiera juega un
papel sumamente importante lo cual requiere instrumentos que la
garanticen. Al hablar de estos instrumentos económicos hizo mención de un
régimen de incentivo, de una contribución especial para la gestión integral
de residuos sólidos, el bono verde y un fideicomiso público-privado.
Dijo que el régimen de incentivos tiene una duración limitada y que incluye
la exoneración por un período de cinco años a partir de la publicación de la
Ley, contemplando tres pilares: exoneración del 100%de ISR, excluyendo
los dividendos; exoneración del 100% del Impuesto a los Activos, y
exoneración del 100% de los aranceles e ITBIS de las maquinarias y
equipos necesarios para sus operaciones.
Las actividades que se priorizarán con estos incentivos son: proyectos que
reduzcan gases de efecto invernadero, el ahorro de consumo de recursos
naturales por la incorporación de sistemas, equipos, tecnología que se
destinen a aprovechar residuos; las acciones y desarrollo de tecnología para
la transformación de residuos en materias primas; la investigación científica
y tecnológica que busque evitar, reducir o controlar la contaminación
generada por residuos e incremente su valorización y aprovechamiento;
proyectos de coprocesamiento que utilicen los residuos como combustible
alterno mediante procesos no contaminantes, entre otros.
“Sin los beneficios de los incentivos, sin el desarrollo del bono verde, sin la
correcta ejecución del fideicomiso y su funcionamiento, prácticamente será
cuesta arriba poder implementar la Ley de una manera adecuada, pues
quedará coja”, afirmó Heredia.
Mientras que la consultora internacional Izarelli Rosillo abordó el tema de la
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que se define como las
responsabilidades de los productores, a la etapa de post consumo cn el ciclo
de vida de sus productos, ya que la responsabilidad de las implicaciones
legales de las empresas, en relación con el impacto al ambiente, no acaba
con la venta de sus productos.
Sostuvo que en República Dominicana es factible implementar un modelo
integral de REP, mediante el cual se establece una planeación estratégica
que a corto plazo regula de forma directa, a mediano y largo plazo por
acuerdo, solo en razón a las tasas de recuperación y reciclaje (si no hay
acuerdos, la norma establece el incremento gradual de tasas).
Afirmó que en este contexto, la REP es una herramienta de la economía
circular. “Si República Dominicana quiere transitar hacia una economía
circular es imperante reconocer que no existe economía circular sin
responsabilidad extendida del productor”.
Finalmente, Ponciano, quien es coordinadora del Proyecto de Economía
Circular de la AIRD, explicó que más del 80% de los residuos generados
pueden ser valorizados. “Esperamos que sean cada vez menor el porcentaje
de residuos que van a disposición fina
l”.