DERECHO A LA VIVIENDA

Opinion
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El derecho de todos (as) los dominicanos (as) a vivir en una vivienda digna y adecuada propia está contemplado en la Constitución de la República, en la Ley Adjetiva No. 5892, de fecha 10 de mayo de 1962, que creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y en diversos tratados internacionales de los cuales el país es signatario.

El derecho de toda persona a tener una vivienda digna está contemplado en el artículo 59 de la Constitución de la República, al establecer lo siguiente: “El Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.

La República Dominicana es parte integrante de tratados internacionales que prevén el derecho universal a una vivienda digna, el cual puede ser reclamados por los dominicanos (as) al Estado nuestro amparándose también, en esas normativas internacionales, que forman parte del derecho interno dominicano.

En efecto, el derecho de las personas a ser propietaria y disfrutar de una vivienda digna y adecuada está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 11). En el país existe un alto déficit habitacional, los sectores más empobrecidos carecen de posibilidades financieras para acceder a la compra de viviendas dignas al sector privado inmobiliario y es deber del Estado hacer los mayores esfuerzos posibles para dotar a la familias dominicanas de techos donde vivir dignamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución que dice que la “República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho”, “fundado en el respeto de la dignidad humana” y “los derechos fundamentales” de todos (as).

Al Estado esforzarse por hacer efectivo el derecho a la vivienda de quienes lo requieren, cumpliría con lo dispuesto por el artículo 61, numeral 2 de la Constitución cuando consigna que “El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables”.

Históricamente las inversiones del Estado en planes sociales de construcción de viviendas han sido notoriamente limitados. El gobierno actual viene expresando su deseo de hacer realidad el sueño de muchos (as) dominicanos (as) de tener una vivienda propia. En ese sentido, los sectores empobrecidos de la sociedad, y quienes los representan, deben aprovechar esa expresión de voluntad estatal y exigir con fuerza que se haga efectivo el derecho a la vivienda de los (as) que carecen de una casa propia, reconociendo que en la actual gestión gubernamental se viene trabajando, aunque de modo insuficiente, en esa línea, diseñando y ejecutando incluso proyectos habitaciones emblemáticos como el de la Nueva Barquita.

 
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